Cuando ella pasó cerca de uno de los grupitos de oficiales de la PFP, un uniformado le cerró el paso y le dijo: “voy a revisarla”. Ella aclaró que sólo cargaba una carpeta con documentos, dinero y llaves, pero tres oficiales más la rodearon y llevaron a un aparte. “Todos empezaron a tocarme muchas veces, me tocaron mis senos y la vagina; acercaron sus bocas a la mía, mientras decían ‘a ver, saca las canicas y la resortera’. Olían feo y no dejaban de reírse. Se aprovecharon porque en esa esquina está un contenedor de basura, que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez les puso a los elementos a manera de barricada contra posibles ataques; nadie se da cuenta, o la gente pasa de largo.” Ella tuvo arcadas, ellos se detuvieron un instante, se hicieron a un lado, “aproveché para cruzar al atrio de la catedral y el zócalo, me sentía sucia y las piernas se me doblaban de coraje y de miedo”. Se metió en un comercio cercano, pidió usar el baño. Quería “tranquilizarme un poco y llamar a mi esposo, pero a la salida de la tienda, el otro retén de ‘pefepés’ (oficiales de la PFP) hicieron como que me iban a detener pero solamente me lanzaron groserías”. El 18 de noviembre, una oaxaqueña de 48 años hizo pública esta denuncia de lo sucedido el día anterior en las barricadas de la Plaza de la Constitución de Oaxaca, la ciudad mexicana que está intervenida por miembros de la PFP desde fines de octubre, cuando llegaron para desalojar la ocupación que comenzó en esa plaza a principios de mayo. Eso quiere decir que desde la llegada de la PFP han pasado poco más de cuatro semanas: ése fue el tiempo suficiente para que en Oaxaca, uno de los estados mexicanos con más altos índices de violencia de género, hasta el momento haya 13 mujeres desaparecidas y 41 detenidas sin que medien órdenes de detención. Esas mujeres están desaparecidas y detenidas desde el sábado pasado, precisamente el Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

“De los 100 municipios con la tasa promedio anual más elevada de homicidios de mujeres, 81 de ellos corresponden al estado de Oaxaca, entidad predominantemente rural e indígena”, afirmaba una investigación de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en 2004. Por si quedaban dudas, otros rankings de la misma investigación añadían contundencia: 9 de los 10 municipios que encabezaban esa lista eran oaxaqueños; 19 de los primeros 20, y 45 si se computaban los primeros 50. No se trata de una competencia sino de tasas de femicidio: por cada 100 mil mujeres, 10 tienen muertes violentas. Eso se complementa con el hecho de que el estado ostentaba la mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia familiar y también de violencia sexual. Las muertes y las vidas acompañadas de maltratos y violencias, concluía el informe, eran claramente casos originados en diferencias de género, especialmente notables en los femicidios, “relacionados en gran medida a su papel en el trabajo doméstico, la sexualidad y la participación política”. En ese panorama, sin embargo, las autoridades locales –quizá por el temor de resultar emparentadas con el caso de Ciudad Juárez– se han opuesto sistemáticamente a asumir la existencia de una situación de violencia de género específica.

Las 26 violaciones de mujeres de San Salvador Atenco de las que fueron responsables oficiales de policía en mayo de este año no vuelven descabellada la hipótesis de que la situación en Oaxaca empeore. A dos días de la denuncia pública del abuso, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca realizó una marcha: en su mayoría eran mujeres, llevaban sartenes y espejos; elevaron una carta de repudio a las autoridades de la PFP y el ejército (“Oaxaca no es un burdel, fuera ejército de él”). El sábado 25, otra manifestación fue reprimida con más dureza que en ocasiones anteriores: 43 mujeres fueron detenidas sin orden de aprehensión y 13 siguen desaparecidas. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos denunció que, de acuerdo con los testimonios, “los golpes, los insultos y las amenazas se han estado repitiendo en contra de las personas detenidas, y mujeres han denunciado haber sido objeto de violencia sexual, de insultos obscenos y amenazas de tipo sexual por parte de agentes federales mientras transitaban por el centro de la ciudad”. Y es que, como sucede en cada conflicto que implica represión física, “una gran parte de las víctimas de esos repetitivos y sistemáticos abusos policíacos son mujeres, más fáciles de hostigar y violentar”.

El martes de esta semana, la PFP realizó un nuevo anuncio: en adelante, aplicará una política de tolerancia cero. La advertencia no estaba destinada a sus propios oficiales, sino a la población.