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General Roca es un pequeño pueblo cordobés, ubicado al sudeste de la provincia. Un rosario de camiones cargados con soja recién cosechada recorre la ruta nacional 9 sobre la que respira la localidad. Sus conductores tienen una parada obligada en el pueblo: los tres prostíbulos que funcionan al costado de la ruta. Los proxenetas que administran estos lugares dan facilidades de pago a cambio del “servicio”: el chofer puede optar por abonar con dinero en efectivo o, en caso que ande corto de fondos, pagar con una carretilla de soja. Esta práctica –calificada de “insólita”, “una perlita” o “particularidad” por parte de los medios cordobeses– fue descubierta por el mismo intendente de General Roca, el radical Roberto Bergami. La denuncia mediática, que incluyó acusaciones contra la policía, fue realizada a principios de mayo, en el medio del lockout agropecuario que mantenía las rutas deshabitadas. A casi dos meses del episodio, el jefe comunal, escudado en el pedido de fiscal, prefirió no dar mayores precisiones sobre el caso y bajarles el tono a sus declaraciones.

A principios de mayo, este pueblo despertó de la siesta con la noticia de que estaba en boca de todos los medios de comunicación de la provincia. El intendente Norberto Bergami había denunciado lo que en los titulares locales se denominó “el intercambio de sexo por soja” en la región. “En el pueblo lo más grave que puede pasar es un choque entre dos bicicletas, pero saliendo a la ruta tenemos este problema social y sanitario. Hay camioneros que llegan a esos prostíbulos, descargan carretillas de soja y así pagan los servicios sexuales. O sea, roban de sus propias cargas. Luego esa soja es revendida por gente que está en los prostíbulos y entra en un circuito negro de comercialización”, apuntó.

Al final de la cadena se ubicaban las víctimas de esta maniobra: las mujeres que ejercían la prostitución en esos lugares. No trascendieron sus edades ni sus nacionalidades. La denuncia pública estuvo también dirigida hacia la policía local, pata fundamental de complicidad en el negocio de la prostitución. “Lo peor es que cerca de uno de esos sitios hay puestos de la Policía Caminera y nadie hace nada. No digo que la Policía sea cómplice, pero no puede ignorar lo que está pasando”, aseguró el intendente a La Voz del Interior. Fue menos protocolar en comunicación con otros diarios: “La Policía evidentemente hace la vista gorda”, dijo Bergami. “Desde que estoy en la municipalidad hace cinco años, venimos denunciando este tema ante la policía de Marcos Juárez y no hemos tenido ninguna respuesta favorable”, reclamó. La acusación estaba dirigida al jefe de la Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia, José Azcona, que desmintió la denuncia. Luego de la maratón mediática, el intendente radicó la denuncia ante la Fiscalía de Marcos Juárez, a cargo de Carlos Viramonte.

Hoy, en Córdoba ya no se habla de este caso ni del denunciante, y menos de sus víctimas, que siempre estuvieron al margen del tratamiento periodístico. “Al principio, la noticia generó conmoción, pero después todo se acalló”, señaló Adriana Domínguez, delegada del Inadi en Córdoba y miembro de la Red Nacional Alto al Trafico, la Trata y a la Explotación Sexual Comercial, de Niños Niñas y Adolecentes (RATT). El silencio inesperado permite a Domínguez expresar sus sospechas de la denuncia y aventurar otras razones de fondo. En primer lugar, es muy improbable el intercambio y lo que este intendente llama “el negocio” de un par de camioneros que pagan sexo con soja. “¿Cuánto puede ganar un proxeneta con la venta de una carretilla de soja? Es una denuncia incoherente. Un intendente tiene el poder de actuar frente al delito, en este caso el funcionamiento de prostíbulos. Los prostíbulos no están permitidos por ley. No puede decir ahora que no conocía la existencia de estos lugares de antemano a la denuncia por los medios”, sostuvo. Sin dar nombres y aclarando que su análisis no se refiere al caso del intendente Bergami, Domínguez aseguró que “muchos jefes comunales son cómplices del funcionamiento de los prostíbulos y cuando algún miembro de la organización ilícita quiere quedarse con mayores ganancias, los intendentes saben cómo enviar advertencias para no perder el control de la banda”.

Escudado en el pedido del fiscal de no emitir nuevas declaraciones sobre el asunto, el intendente accedió sólo a dialogar con Las 12 unos minutos, tiempo en el cual evadió responder preguntas y desinfló la trascendencia mediática y el alcance de la denuncia realizada.

–¿Podría puntualizar de qué se trató la denuncia, cuántas mujeres ejercían la prostitución en esos lugares?

–Toda la denuncia se desnaturalizó cuando empezaron a titular soja por sexo. Lo que denuncié fue que en los mismos locales donde había prostíbulos en algunos de esos lugares se compraba y vendía soja.

–Usted denunció a medios provinciales que eran tres los prostíbulos. ¿Es así?

–Son lugares ubicados en la zona de la ruta. Hay tres prostíbulos, pero el pago con soja no se da en todos, sino en uno o dos. Yo no soy investigador, eso lo que tiene que averiguar quien corresponda.

–¿Cómo tomó conocimiento de esta situación?

–Es mi pueblo. Nosotros los observamos, la gente los conoce.

–¿Y cuándo habría comenzado este negocio?

–Supongo que cuando cobró auge el valor de la soja

–¿Por qué no cerró usted directamente los prostíbulos en vez de realizar la denuncia a la fiscalía?

–Esa zona está fuera del ejido urbano. La legislación cordobesa no lo permite. Es una potestad de la Justicia y la policía.

El intendente declaró a medios locales que la organización de la provincia en estos entramados intermunicipales habría sepultado a la zona suburbana, donde se ubican los prostíbulos, en una zona gris. “No puedo cerrarlos, porque están fuera del radio urbano”, dijo el mandatario.

Mientras que algunos medios provinciales tomaron la denuncia como una movida política en medio del lockout agropecuario, Domínguez la analizó como una muestra más de la vinculación entre el boom sojero, la prostitución y la trata de personas. En todas las provincias donde se comercializa soja se ha dado lugar para el negocio de la trata. Donde hay plata, hay posibilidad de compra, de poder adquirir a las mujeres como objetos de entretenimiento. Ese mismo dinero les alcanza a los proxenetas para comprar su impunidad. General Roca es un pueblo sojero, como muchos otros de la provincia de Córdoba, territorio con producción record.