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El 16 de marzo pasado se cumplieron 30 años del secuestro y ejecución del jefe de la democracia cristiana italiana, Aldo Moro, a manos de las Brigadas Rojas. Unos meses más tarde, la historia de la ex brigadista Marina Petrella, condenada a cadena perpetua por homicidio, tentativa de secuestro y robo armado, entre otros cargos, volvía a salir a la luz. Encarcelada en Italia desde 1988 por el asesinato de un comisario y el secuestro de un juez, Petrella huyó en 1993 a Francia. Por entonces corría la “doctrina Mitterrand”, acuerdo verbal asumido por el presidente François Mitterrand de asilar y no extraditar a los italianos que “hubieran participado en acciones terroristas antes de 1981, roto con la máquina infernal en la que se habían involucrado e insertado en la sociedad francesa”, como afirmó el entonces premier francés en 1985 ante la indignación de muchos italianos. Así fue como Petrella y un millar de terroristas activos durante los Años de Plomo que en Italia costaron más de 2000 heridos y 380 muertos, se beneficiaron de este polémico beneficio presidencial.

Cuando llegó a Francia, la ex brigadista se instaló en el Val d´Oise, una región rural cerca de París, la misma que eligió Vincent Van Gogh para terminar sus días. Traía consigo a su hijita Elisa, la misma que llevaba en su panza cuando en 1983 se enfrentó a balazos con carabineros italianos en un micro de línea, y que más tarde nacería en la cárcel romana de Rebibbia. No bien se instaló en el valle de este riacho francés, Marina comunicó a las autoridades del país que pensaba establecerse allí, lo que fue aceptado. Recibió su permiso de residencia, retomó sus estudios y empezó a trabajar como empleada doméstica. Al poco tiempo conoció a un jardinero, con el que se casó y tuvo otra hija. Más tarde, encontró un empleo en una asociación a la que se dedicaría en cuerpo y alma: buscar viviendas a personas de bajos recursos, en su mayoría inmigrantes a los que les resulta casi imposible reunir las condiciones exigidas por las inmobiliarias y propietarios franceses. Con un modesto salario de 1300 euros –el mínimo establecido por la ley de ese país–, así transcurría la apacible vida de esta italiana que en agosto pasado cumplió 54 años. Exactamente un año antes, en agosto de 2007, mientras hacía un trámite en la prefectura de su ciudad, la policía francesa la arrestó invocando el pedido de extradición efectuado por la justicia italiana.

De alguna manera, Marina esperaba este desenlace. Unos años antes, media docena de policías franceses se habían presentado en su casa con una orden de allanamiento. El asunto no pasó a mayores, pero las reglas de juego habían cambiado. A partir de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno francés revirtió su política de protección a los ex terroristas italianos. En 2002, el por entonces presidente francés Jacques Chirac y su primer ministro Jean Pierre Raffarin extraditaron a Paolo Persichetti, condenado en Italia a 22 años por el asesinato de un general.

Encarcelada desde 2007 en la prisión de mujeres de Fleury-Mérogis, a principios de este año Petrella entró en una depresión profunda. Dejó de comer, y luego, de tomar agua. En julio pasado, casi al borde de la muerte, fue transferida al hospital psiquiátrico de Saint-Anne. Un mes antes, el primer ministro de Nicolas Sarkozy, François Fillon, había firmado el decreto de extradición de la ex brigadista, decisión que sin embargo fue retrasada por un recurso presentado ante el Consejo de Estado por su abogada. En el medio, la cuñada de Sarkozy, la actriz Valeria Bruni-Tedeschi, hermana de la primera dama francesa, empezó a interceder para que el presidente se negara a extraditar a Petrella. Sin tener permiso de visita, Bruni-Tedeschi se metió en el cuarto de hospital, habló con ella y le regaló un rosario. Sus gestiones como intermediaria finalmente dieron resultado: en octubre pasado, su hermana Carla Bruni fue la encargada de anunciar a la prensa la decisión de su marido de no extraditar a Petrella “por razones humanitarias”, figura prevista en la convención de extradición firmada entre Francia e Italia en 1957. “No podíamos dejar morir a esta mujer. La situación ya era intolerable”, declaró la esposa de Sarkozy, que en julio había enviado una carta al premier italiano Silvio Berlusconi pidiendo el perdón para Petrella.

Con esta decisión, se avivó un viejo debate: si la sanción penal tiene por objeto ayudar a la reinserción social del delincuente, en el caso de Petrella, no tendría sentido. La ex brigadista demostró haberse insertado perfectamente en la sociedad francesa sin constituir un peligro para los ciudadanos. Por otro lado, numerosas intervenciones favorables a la extradición evocan la ausencia de arrepentimiento de Petrella, que en julio pasado mandó una carta a Sarkozy para expresar “su respeto y compasión por las víctimas”. En la misiva, no pidió perdón, y declaró que “el arrepentimiento es una palabra demasiado débil y de poco compromiso”. Su falta de arrepentimiento por el asesinato del comisario Sebastiano Vinci en 1981 y la ausencia de perdón en el caso de las víctimas “reenvían a una concepción particular de la sanción penal”, indicaba en octubre pasado Jean-Michel Arberet, concejal del Partido Comunista francés y autor de un blog en el que se refiere al tema. “El perdón de las víctimas no es una categoría jurídica y la Justicia se ha construido contra la noción de venganza”, agregó. Sin embargo, para la Justicia italiana, existe la figura del arrepentido: aquel que no pide perdón por su error, sino aquel que denuncia a sus cómplices para obtener la inmunidad, recurso que nunca fue utilizado por Petrella. Esa noción, que se remite a la época de la Inquisición, sólo se aplica en el marco de leyes de excepción. “La Inquisición no perseguía a los criminales, sino que buscaba erradicar una herejía, los herejes que ponían en peligro el orden religioso y social”, sostiene Arberet. En el caso de Petrella, ¿el objetivo sería el mismo?, se pregunta el funcionario. La salida a un período violento no puede hacerse a través de la venganza. Una amnistía es necesaria, proclama.

Por supuesto, las víctimas del terrorismo de extrema izquierda italiana no comparten esta opinión: “El homicidio no prescribe e Italia jamás ha torturado a sus detenidos. No entiendo por qué la extradición es un problema”, reaccionó Sabina Rossa, hija del sindicalista Guido Rossa, asesinado en 1979 por un comando de las Brigadas Rojas, cuando se conoció la decisión de Sarkozy. La derecha francesa también se sumó a la polémica: “Lamento que Francia le dé a Petrella una oportunidad que ella jamás dio a sus víctimas”, proclamó Lionnel Luca, diputado del oficialista UMP en la región de los Alpes Marítimos franceses. Por su parte, Nicolas Dupont-Aignan, presidente de Debout la République, Partido Republicano y gaullista, se refirió a ese “ambiente digno de la corte de Luis XIV, donde la señora Bruni toma la decisión” (de no extraditar a Petrella)”. Mientras, la ex brigadista continúa en el hospital Saint-Anne recuperándose. Cuando esté lo suficientemente fuerte, volverá a la cárcel. Mientras, su abogada promete seguir la batalla legal que la libere de un crimen que cometió cuando apenas tenía 22 años.