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Otra vez Mendoza. Una niña de 12 años debió ser internada el sábado último en el Hospital Lagomaggiore tras sufrir una fuerte infección abdominal a raíz del aborto clandestino que le practicaron en un barrio humilde de Rodeo de la Cruz. Antes había ingresado al Hospital Pediátrico Humberto Notti, de Guaymallén, pero por la gravedad de su estado fue derivada al Lagomaggiore, donde debieron extirparle el útero y un ovario, mientras que la fiscalía a cargo del caso investiga la hipótesis del abuso sexual.

El hecho espeja una nueva violación a derechos humanos fundamentales de las mujeres y en especial de niñas pobres atrapadas en entornos de extrema vulnerabilidad, con riesgo de vida por embarazos no deseados o por abortos en condiciones de espanto. El gobierno de Mendoza, sin embargo, sigue negándose a firmar la resolución para fijar el procedimiento de atención de los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 incisos 1º y 2º del Código Penal.

“El médico del Hospital Lagomaggiore que atendió a la niña dijo que ‘hay otras soluciones para una situación no deseada. Hay organismos del Estado que brindan apoyo, y en última instancia un bebé podría adoptarse’. Nuevamente tratando a las mujeres y en este caso a una niña como simples incubadoras”, advirtió la socióloga Cecilia Lipszyc, de la Asociación de Especialistas universitarias en Estudios de la Mujer e integrante de la Campaña por la Legalización del Aborto.

“La violación y su posterior embarazo no son ‘un efecto no deseado’”, enfatizó. “Son efecto de una Argentina donde no se brinda educación sexual, no llega la información y asistencia sobre todas las formas de anticoncepción, donde el poder, ya sea médico, judicial o político, siempre va a desamparar a niñas o mujeres.”

Lipszyc lamentó “vivir en un país donde aún no pudimos tipificar el artículo 86 del Código Penal sobre abortos no punibles. Hay un proyecto con dictamen favorable de las comisiones de Salud y Mujer en Diputados, y sin embargo el bloque mayoritario ha impedido su tratamiento”.

El proyecto de protocolo para la atención de abortos no punibles en Mendoza fue redactado en 2007 por técnicos de la Coordinación de Derechos Humanos local, con la colaboración de la titular del Programa Provincial de Salud Reproductiva, Ana María Andía, pero el ex ministro de Salud Armando Caletti no cumplió con su promesa de firmar el documento, y el actual titular de la cartera, Aldo Saracco, lo mantiene cajoneado. Transparentó su posición tiempo atrás, cuando respondió a este diario que en Mendoza “tenemos una prioridad: preservar la vida de las personas, por nacer y ya nacidas”.

La iniciativa surgió a partir del caso de Claudia Araujo, una joven con discapacidad mental que en 2006 quedó embarazada víctima de un abuso sexual. Su madre, Ana Rosa Gazzoli, debió llegar hasta la Suprema Corte provincial para que autorizaran la interrupción quirúrgica del embarazo en un hospital público, porque la Justicia local lo retaceó desde un primer momento. Gazzoli llegó a implorar por ese derecho. La joven recibía medicación desde los cuatro años, a riesgo de caer en estado vegetativo en caso de suspenderla. Pese a esto, organizaciones de la Iglesia mendocina y agrupaciones provida manifestaron frente a la casa del entonces gobernador Julio Cobos para exigirle que intercediera frente a la interrupción del embarazo, al tiempo que se ingresó una denuncia penal contra la madre de Claudia por solicitar esa práctica.

El titular del Primer Juzgado de Familia, Germán Ferrer, fue quien autorizó la realización del aborto, en el marco del artículo 86 del Código Penal, dado que “la embarazada padece una deficiencia mental en grado de imbecilia, de carácter incapacitante, que le impide comprender sus acciones”.

Es un dato curioso, ya que se trata del mismo juez que en septiembre último denegó la autorización de esa práctica a otra niña de 12 años embarazada por las violaciones reiteradas a las que la sometía su padrastro, y optó por disponer el tratamiento psicológico para su familia, que vive en condiciones paupérrimas. Con un semblante a prueba de balas, el magistrado reconoció que “esta joven se encontraba ya judicializada a partir de la denuncia de un tío, por la sospecha de posible maltrato del padrastro hacia ella y la madre”, y aclaró que “por aquella denuncia” se presentó el pedido de interrupción del embarazo.

Pero Ferrer dijo que si bien estaba ante el caso de una niña violada, su situación se contemplaba en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal, porque a su caprichoso entender éste sólo prevé la posibilidad de no punir el aborto cuando resulta de una violación a mujer idiota o demente, “y esta niña ni era idiota ni era demente”.

Las telarañas son redes perfectas. No es casual tampoco que ese proceso haya cerrado el círculo durante las dos semanas en que la pequeña permaneció internada junto con su abuela en el Hospital Notti, sujetas a presiones de grupos católicos ultraconservadores que irrumpieron en su habitación sin que personal de seguridad ni autoridades de ese centro lo impidieran, y les exhibieron panfletos con imágenes de fetos mutilados para que la niña desistiera de la interrupción del embarazo. Desde un principio se sospechó de la agrupación Vitam, ligada a la jerarquía católica local, que suele amenazar a médicos y profesionales de la salud con denuncias penales y la organización de rezos públicos frente a los centros de salud donde trabajen.

“Cuán diferente sería la situación de estas niñas si vivieran en Noruega o en México DF”, remarcó Lipszyc. “Después de la violación hubieran acudido a un hospital con acceso a la anticoncepción de emergencia. Y sí existen otras instancias: la despenalización del aborto y la educación sexual entendidas como empoderamiento de niñas y mujeres. Hoy no tendríamos a una pequeña en trance de morir o de quedar infértil para siempre, y a una madre seguramente desesperada.”

Capítulo aparte para el Comité de Bioética del Notti, prestigioso entre los sectores conservadores de la sociedad mendocina y que acostumbra pronunciarse contra la interrupción de gestaciones contemplada por ley, aun en casos graves. Entre sus miembros más ilustres se encuentran el sacerdote Ricardo Poblete, conocido por su posición esclerosada sobre anticoncepción y embarazos no deseados, y el jefe médico del Grupo de Alto Riesgo (GAR) de ese hospital, Américo Venegas, que coordina en línea directa con el Programa de Prevención y Atención del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia provincial.

“Vivimos en un mundo en el cual el cuerpo de las mujeres es un espacio sobre el que todos opinan y deciden —concluyó Lipszyc—: el Estado, la Iglesia, los partidos políticos, los maridos, los violadores, los novios, y podemos continuar. Todos, salvo mujeres y niñas.”