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Brasil

Nuevas definiciones de “prevenir”

La economista María Paula Merlotti parece ser la primera mujer del país en tomar una decisión que, en Estados Unidos, se está convirtiendo en terapéutica algo rutinaria: bajar las posibilidades de enfermar de cáncer a fuerza de extirparse partes del cuerpo. Merlotti, de 40 años, es la última integrante de una familia en la que madre, hermana y dos primas murieron jóvenes y por distintas formas de cáncer. Ella no presenta ninguno de los síntomas asociados a la enfermedad, y los chequeos descartaron mutaciones genéticas que la predispongan a padecerlo, pero aun así el historial de las mujeres de su familia y el que ella no sea madre convencieron a los médicos de apoyar la decisión de Merlotti. Tras la realización de la mastectomía, sus posibilidades de desarrollar cáncer se redujeron en un 90 por ciento, pero de todas maneras en diciembre de este año proyecta realizarse una extirpación de ovarios. La decisión, ha dicho, es “más difícil, porque soy la última del linaje”.

Francia

Un pato en una boda infeliz

Muriel Florin, periodista del diario Progrès (de Lyon), fue enviada a cubrir un debate organizado por la CRIF (un equivalente francés de la AMIA). El encuentro tenía por objetivo denunciar el recrudecimiento de actos antisemitas en Francia y, a la vez, dejar en claro la solidaridad de la comunidad judía con la política adoptada por el Estado de Israel. Llegado el momento, pasó de todo menos eso: representantes de la CRIF se refirieron a “los árabes” con expresiones cercanas al racismo, y parte de la concurrencia planteó un debate ríspido al respecto. En su cobertura, Florin planteó esos encontronazos, y sumó entrevistas con algunos participantes. Pero la publicación de la nota le valió acusaciones de “reavivar las tensiones entre comunidades”. Tal fue la insistencia que, a los tres días, fue suspendida, y su caso generó un debate en el interior de la Sociedad de Periodistas local.

España

Un plazo problemático

La agenda legislativa indica que en febrero se modificará la ley sobre abortos legales, para llevar a 14 semanas de gestación el tiempo máximo permitido para la intervención. Sin embargo, el debate continúa. La Asociación de Clínicas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) proyectó que la modificación propuesta por los expertos gubernamentales dejará sin protección a unas 3 mil mujeres cada año. Se trata, en sus estimaciones, de un grupo compuesto por las más vulnerables: adolescentes e inmigrantes, porque “suelen negar su embarazo hasta un período avanzado” las primeras, porque “no pueden acceder de manera normalizada al sistema sanitario” las segundas. El nuevo plazo, argumentó ACAI, es insuficiente: esa reforma “emula modelos como el francés o el belga, donde anualmente 5 mil y 2 mil mujeres, respectivamente, se ven obligadas a salir de su país para interrumpir su gestación. Sería realmente lamentable que esa situación de turismo abortivo se trasladase a España”. Además, al menos de momento no queda claro qué criterios se considerarán para evaluar el riesgo de la intervención, ni quiénes tendrán la responsabilidad de dar la última palabra.