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Un colectivo de mujeres integrado por legisladoras/os nacionales, referentes de organizaciones feministas y de movimientos sociales de Buenos Aires arribaron el lunes pasado a la provincia de Jujuy con el objetivo de sumar su apoyo a la campaña a favor de la libertad de Romina Tejerina. La idea era entrevistarse con el gobernador jujeño Walter Barrionuevo para pedirle un indulto para Romina y solicitarle al juez de la causa, Antonio Yérmanos, el arresto domiciliario de la joven. Según la familia de ella, tras las agresiones que sufrió el 3 de marzo pasado dentro de la cárcel, la unidad penal Nº 2 de mujeres no puede garantizar su seguridad.

Los dos objetivos fueron cumplidos, pero la respuesta de los funcionarios no fue la esperada. El gobernador Barrionuevo dijo estar en contra del indulto por considerarlo un privilegio. “Pese a que se mostró predispuesto con nosotras dijo que es contrario a la figura del indulto porque lo ve como un resabio de privilegio y que, además, está muy presionado internamente”, contó la diputada nacional Fernanda Gil Lozano. “Nosotras le respondimos que su decisión compensaría la injusticia de la que fue víctima por ser mujer”, subrayó. Maria Luisa Storani, en representación de la Secretaría de Mujer de la UCR, también estuvo en el encuentro con el gobernador y reflejó: “Lo vimos muy encerrado en la postura institucional de la sociedad que sigue condenando a Romina. Las ideologías de las instituciones provinciales son conservadoras y cerradas. Tenemos mucho que hacer para cambiar esta sociedad”.

En tanto, el juez Llermanos sostuvo que la joven no se encuentra en condiciones de recibir ese beneficio hasta que no cumpla la mitad de la condena. Además, naturalizó las agresiones sufridas —según contó Gil Lozano— como “situaciones que ocurren cotidianamente en los penales”.

Antes de estas dos reuniones, el colectivo de organizaciones visitó a Romina en la prisión. Ella estaba contenta, pero a la vez nerviosa ante tantas miradas. “Vinimos hasta aquí para decirte que estamos con vos, que la sociedad, el Congreso, te están acompañando y para pedirte que no sucumbas ante las provocaciones y las agresiones”, remarcó Cristina Cavit, de Madres de Plaza de Mayo. Un par de horas antes, Romina había recibido un llamado en el cual la amenazaban e insultaban.

Ella les pidió a todos que la ayuden a salir de la cárcel y a que la apoyen para poder iniciar sus estudios universitarios. Pese a que el magistrado de la causa dio marcha atrás con su decisión de no permitirle estudiar y que ella ahora legalmente podría iniciar la carrera de derecho de manera libre, tiene otras trabas que le impiden iniciar la facultad. “Mi hermana se tiene que hacer cargo de los gastos de pasaje a la universidad, del pago de la custodia y del material de estudio”, contó la joven.

La comitiva (también integrada por asesoras de la diputadas nacionales Cecilia Merchán y Delia Bisutti) abandonó San Salvador de Jujuy con la intención de regresar para seguir luchando por la libertad de Romina y además insistir en el Congreso para que se trate el proyecto de ley que reincorpora la figura del infanticidio en el Código Penal, lo que prácticamente dejaría en libertad a la joven. Pero, al otro día de la visita, a Romina le iniciaron una nueva causa judicial por lesiones leves por la pelea con dos internas en la que ella fue agredida.