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Desde Londres

La escena es una que se repite millones de veces en cada rincón del planeta –aunque pocas desatan un escándalo internacional–. Un grupo de amigas aprovechan la hora del almuerzo para salir a comer juntas, eligen un restaurante del centro de la ciudad y se preparan para pedir cuando más de 20 policías entran en el local y arrestan a 14 de ellas. Su crimen: usar pantalón. El castigo: 40 latigazos en público.

El país es Sudán y la historia hubiera sido mucho menos pública si los policías no hubieran arrestado a Lubna Hussein, una periodista y agente de prensa en la oficina de Naciones Unidas en Khartoum, que decidió no sólo que la ley no era justa sino que era esa misma ley la que en realidad debía ser juzgada.

Lo cierto que es Lubna seguramente nunca imaginó que la decisión que tomó esa mañana frente a su placard le cambiaría la vida y la convertiría en una personalidad internacional –con miles de seguidores de Facebook, decenas de apariciones en televisión y con su foto ilustrando cientos de páginas de diarios y revistas de todo el mundo.

Lo que surgió como una diferencia de interpretación de una ley islámica es hoy un escándalo internacional que abrió las puertas a un fuerte debate sobre la racionalidad de algunas normas y la división real entre Estado y religión en grandes partes de Africa, Asia y el Medio Oriente.

ALMUERZO “INDECENTE”

“Cuando estábamos en el restaurante, entraron 15 hombres y seleccionaron a las mujeres que vestíamos pantalones y nos dijeron ‘vengan, vengan con nosotros’. Yo voy con ellos y veo que hay otras 14 chicas, nos pusieron en una camioneta con 20 policías y nos llevaron a la comisaría”, relató la periodista en una entrevista con la BBC de Londres.

Diez de las mujeres arrestadas, incluyendo varias que no eran musulmanas, fueron juzgadas casi automáticamente y condenadas a 10 latigazos cada una –suministrados sin demora–. Además, tuvieron que pagar una multa de 100 dólares –en Sudán el ingreso promedio per cápita es de U$S 1,000 por año–.

Las otras cuatro detenidas, lideradas por Lubna y en un gesto que podría haberles costado más que los 10 latigazos que recibieron sus compañeras, se negaron a participar en el juicio y demandaron hablar con la abogada de la periodista.

LA LEY, A JUICIO

La breve conversación entre Lubna y su abogada se convirtió en el génesis de la campaña para la abolición de la ley que se utilizó para su arresto. La periodista sudanesa imprimió 500 invitaciones para su azotamiento y renunció a su puesto como agente de prensa en la oficina local de Naciones Unidas para perder la inmunidad que la organización internacional le brindaba. Lo que quería era enfrentar a la corte con su historia y mostrar lo ridículo de la ley.

“Los latigazos no son lo que duele, los latigazos son un insulto a los humanos, a las mujeres y a las religiones. Si la corte decide que me deben dar los latigazos, quiero que sea en público”, dijo Lubna.

Y el día de la primera audiencia llegó. Y junto con Lubna entraron en la corte cientos de periodistas, activistas de derechos humanos, diplomáticos, miembros de Naciones Unidas y sudaneses que se solidarizaban con su causa. Fuera de la sala, cientos de otras mujeres –muchas vistiendo pantalones– participaban de una manifestación de las que no se ven todos los días en la capital del país africano.

“Quiero cambiar esta ley, porque pegarle a alguien no es humano, y además porque no está en línea con la ley islámica”, gritaba Lubna junto con las activistas frente a la corte y detrás de una manada de policías que custodiaban a las manifestantes, todas con su pantalón.

CUANDO QUIEREN QUE EL HABITO HAGA AL MONJE

La ley en cuestión –el artículo 152 del Código Penal local– fue adoptada en 1991 por el gobierno del presidente Omar Al-Bashir. Está basada en una estricta interpretación de la ley islámica Sharia que impone castigos físicos a aquellos que “cometen un acto indecente que viola la moral pública o quienes se visten indecentemente”.

Esta misma ley Sharia es la que en otros países islámicos se utiliza para ordenar la amputación de quienes están acusados de robar o el apedreamiento contra mujeres acusadas de adulterio.

Y aunque muchos de sus defensores dicen que la interpretación del texto varía enormemente de país en país y que no siempre es tan extrema, es una legislación que causa controversia donde se la nombre.

Según la legislación de Sharia, los pantalones llevados por mujeres son indecentes –aunque las activistas locales dicen que el problema es que la aplicación de la ley en la práctica queda a discreción del policía.

Analistas internacionales añaden que la situación en el país africano dista de lo que solía ser y que, en términos generales, las mujeres tienen muchas más libertades, en lo que llaman una creciente distancia entre la iglesia y el Estado.

EL JUICIO DEL PANTALON

El juicio contra Lubna –que está programado para comenzar en septiembre porque el juez quiere aclarar la situación de la posible inmunidad de Naciones Unidas de Lubna– es uno de los procesos de más alto perfil de los últimos años.

Los analistas dicen que esta atención internacional negativa es justamente lo que las autoridades sudanesas no necesitan justo cuando intentan reestablecer la confianza internacional en la nación que alberga una de las catástrofes humanitarias más graves del planeta en la zona de Darfur y que por eso mismo están demorando el proceso.

Mientras tanto, Lubna continúa con su campaña y cada día le recuerda a su gobierno que cuando aquellos policías entraron a ese restaurante y decidieron detenerla, se encontraron con mucho más que una ciudadana con su pantalón.