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En enero de 1993, Analía Verónica Gelabert tenía 17 años. Hoy tendría (o tiene 33). Pasaron dieciséis años desde la última vez que alguien la vio.

Se animó y le dijo a su madre que estaba embarazada y que quería abortar, que necesitaba dinero para la intervención, que su noviecito no tenía una moneda. La verdad era otra, pero imposibilitada de contarlo todo omitió que cuando se enteró y se lo hizo saber, el machito quedó demudado, acordó con la decisión de la joven y prometió conseguir algo de efectivo. Por supuesto, jamás apareció y ella tampoco se molestó en buscarlo. Para qué perder tiempo.

Prefería que la llamaran Analía. Pues bien, Analía trabajaba en la recepción de un estudio de arquitectura en la ciudad de La Plata. El dueño de ese estudio le habría prestado o adelantado de su sueldo el dinero. Así, enfrentó la negativa de Mónica Ramírez, su madre (de su padre, un ex policía preso por homicidio en la cárcel de Caseros, no quería saber nada), y a finales de enero se acercó, sola, hasta una casa en la localidad de Ensenada, en la calle Aristóbulo del Valle 166, con el objeto de pactar con una abortera el precio y una fecha, lo más rápido posible. Supuestamente, habrían llegado a un acuerdo. El 1º de febrero de 1993, Analía retornó al consultorio, donde Norma Gladys Ceolin, la partera, tenía su centro clandestino, que regenteaba desde hacía años y al que, según diversos testimonios, concurrían mujeres todos los días. Antes de salir de su casa dejó en manos de su madre un papel con dos anotaciones: Norma y teléfono 692538.

La joven, decidida, tenía puestos unos jeans y una camisa clara, se tomó un taxi, de la empresa Beritaxi (disco 06), conducido por Pablo Benítez. Ese señor, el último que vio a Analía, confirmó que la chica entró a la casa y que antes de bajarse del auto le pidió que, al otro día, a eso de las diez de la noche, pasara a buscarla. Benítez, consta en el expediente, volvió por Analía, pero cuando tocó la bocina, salió el marido de la abortera y le dijo que Gelabert ya se había ido, que había tomado un colectivo. El taxista no preguntó nada y se fue. Después, el misterio: aparte de Benítez, nadie la vio entrar, nadie la vio salir. Nadie la vio nunca más, ni viva ni muerta.

Mónica Ramírez cuenta que llamó tres veces al número de teléfono que le había dejado su hija. La primera, el 1º de febrero: atendió la señora y le pasó con Analía. Estaba o parecía estar todo en orden. La segunda llamada, al otro día, fue un calco de la primera, salvo por un detalle nada menor. La hija, en voz baja, le preguntó a su madre: ¿No te dijo cuándo me va a dejar ir? La comunicación se interrumpió de inmediato. Los intentos por volver a conectarse fueron en vano. Mónica Ramírez entró en pánico. Trató de disimular. Esperó todo lo que pudo y a las 21.30, presa de la agitación, levantó el tubo otra vez. Atendió la Ceolin, que le dijo que las cosas habían salido bien y que Analía estaba en camino, a bordo de un colectivo.

Pero pasadas varias horas, la joven no había vuelto. Su madre le pidió a uno de sus hijos que la acompañara. Fueron hasta Ensenada. La señora recuerda que era tarde, pasada la medianoche, que hacía calor, que las estrellas titilaban en lo alto. Tocó el timbre de la casa. Salió Néstor Hugo Rodríguez, esposo de Ceolin. En efecto, Analía estuvo ahí pero como le había dicho por teléfono, se fue caminando y tomó un colectivo. Y confirmó que su esposa le había practicado un aborto, sin inconvenientes.

Analía no apareció nunca.

Mónica Ramírez hizo la denuncia en la sede policial de Ensenada y, transcurrida una semana sin noticias, una jueza penal ordenó una investigación a la Unidad Regional IV de La Plata, sin resultados, a pesar de que la policía allanó en dos oportunidades la casa de la abortera, que oficiaba, para la ley, como enfermera. El consultorio, según testigos, “lucía impecable” y sin elementos susceptibles de vincular la desaparición de Analía con la visita al domicilio de Norma. Se abrieron dos causas penales: por el aborto y por la desaparición. En la primera, Ceolin fue absuelta: no había pruebas para acusarla. La segunda fue archivada hasta su reciente salida a la luz, responsabilidad de Alejandro Incháurregui, titular de la Dirección General de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ex miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, y de una de las abogadas de esa dependencia.

La razón que empujó a Incháurregui y a la abogada a intentar reabrir la causa es la fundada sospecha (con el tiempo, aparecen los testigos) de que Norma Gladys Ceolin, en su casita de Ensenada, no sólo practicaba abortos en condiciones sanitarias deplorables sino que tenía frecuente trato con policías y militares que operaron en esa zona en la época de la última dictadura militar: las pruebas resultarían imprescindibles para investigar la actuación de la abortera en casos de robo y apropiación de bebés y niños de detenidos-desaparecidos. La conjetura, valga la aclaración, es de este cronista, abonada por fuentes que en off comentaron que Rodríguez tenía conexiones con redes de tratantes y narcotraficantes zonales. El problema mayor para los investigadores es que la abortera falleció hace ya más de un año.

Sin embargo, hay que destacar que Analía Gelabert se movió con sigilo por temor a que se supiera que estaba embarazada y que pensaba abortar. El estigma social sobre esos mandatos, supuestamente naturales, era (y es) todavía poderoso, causa de segregación. Las crónicas de este hecho escasean, pero la más importante, de un diario nacional, pone el acento en que Analía iba a sacarse la criatura de su interior, tal cual fija la doctrina de los contradictores del aborto, que entienden que el niño es niño desde el mismo momento de la concepción.

Analía algo había hecho.

En cualquier caso, hay una madre que todavía espera la vuelta de su hija; y profesionales dispuestos a desentrañar la verdad. Saben que es difícil y que las dos hipótesis más habituales en estos casos (muerte por negligencia, o entrada por la fuerza a una red de tratantes) han sido usadas para encubrir el otro ilícito, no menos grave pero políticamente más explícito y comprometedor.