Viernes, 8 de enero de 2010 | Hoy
ENTREVISTA > PAULA FERRO
Sólo en la ciudad de Buenos Aires hubo casi seis mil mujeres internadas a causa de abortos clandestinos en un año. La cifra descendió levemente. Pero la nueva responsable del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro, dice que es un deber del Estado bajar la mortalidad materna y las lesiones por aborto. También revela el crecimiento del embarazo adolescente y se compromete a la provisión de anticonceptivos. Además, anuncia que está estudiando implementar una guía para que no se judicialicen los abortos no punibles.
Por Luciana Peker
Durante lo peor de la crisis argentina –en el 2000– el corralito también acorraló el cuerpo de las mujeres: en el período 1995-2006 los egresos hospitalarios por abortos aumentaron en las mujeres de casi todas las edades. Sin embargo, las últimas cifras disponibles del 2007 –todavía no terminadas de procesar en todo el país– muestran un descenso en la internación a causa de los abortos clandestinos. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires llegaron con hemorragias 5874 adolescentes, jóvenes o adultas –una cifra alta para una intervención que, en países donde la interrupción del embarazo es legal, no tiene prácticamente riesgos– y en el 2006 las que se derrumbaron en una camilla después de una operación clandestina fueron 6086.
La mortalidad materna también bajo, pero casi imperceptiblemente. La cifra sigue siendo alta –en el 2008 murieron 296 mujeres a causa del embarazo, el parto o el post parto– y la principal razón es el aborto. Sin embargo, hace dos años que el reparto de anticonceptivos falla: es discontinuado, ausente o sin garantías y que las políticas del Ministerio de Salud son zigzagueantes. “En el 2010 va a haber anticonceptivos”, asegura Paula Ferro, una funcionaria sub 40 –de 38 años–, con un hijo pequeño –Diego, de seis años y qué ya le pregunta de dónde venimos–. Ella es psicóloga y ya había participado de la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García como consultora y, después de ser directora de Políticas de Género en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, asumió –el 10 de noviembre del 2009– un puesto clave para que los derechos de las mujeres sean hechos y no dichos. Es la nueva responsable del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable y remarca: “La mortalidad materna debería estar en cero”.
–El descenso es positivo, pero debería disminuirse lo máximo posible. Lo ideal es que las mujeres no lleguen a estas situaciones.
–Hay que tener una experiencia seria de anticoncepción para bajar la mortalidad materna. También se necesita trabajar para que la mujer salga del hospital con un método elegido, no sólo que sea ofertado, sino que ella lo elija. Y tiene que haber más información.
–El ministro –Juan Luis Manzur– ha puesto una atención clara y concreta sobre la mortalidad materna, sobre todo en las provincias que tienen índices muy preocupantes.
–Es esencial que los métodos estén, que los profesionales sean formados y que entiendan que no pueden limitar el acceso a un derecho. Pero las mujeres organizadas, los medios de comunicación, el Poder Judicial, la Legislatura también tienen que colaborar para que descienda la mortalidad materna, que no es una meta numérica: son vidas salvadas. Y la mortalidad materna debería estar en 0. Como ciudadana y como mujer te diría que cualquier número es una frustración y, como funcionaria, es un deber garantizar las herramientas que nos ayudan a entender qué cosas están fallando y qué cosas no.
–Creo que la discontinuidad en el reparto de anticonceptivos y en las estrategias influyeron en que la población no logre captar los derechos que tiene con respecto a su salud sexual y reproductiva. Los retrocesos e idas y venidas no ayudaron a fortalecer las estrategias.
–Yo creo que la mujer, efectivamente, tiene derecho a decidir. Y no sólo que yo creo que tiene derecho a decidir, sino que decide hoy. El tema es que se decide con diferentes posibilidades de acceso y eso hace la diferencia, más allá de la legalidad o no la legalidad. Pero también me parece que es una discusión que tenemos que darnos como pueblo y que hay diferentes sectores y puntos de vista. Es una discusión que tiene que ser enriquecida en la comunidad.
–No sé si hay tiempos... vamos a llegar cuando la Argentina esté para eso.
–Yo creo que sí.
–Una mujer que tuvo un aborto inseguro y tiene hemorragias cuanto más pronto llegue al sistema de salud es mucho mejor.
–La idea es que estas trabas no estén porque no son necesarias y estamos revisando una Guía de Abortos No Punibles para profesionales que puede fortalecer a los médicos para que no tengan tanto temor de realizarlos. De hecho, hace poco se realizó un aborto contemplado por las leyes argentinas en Tigre. Hay una idea de que el aborto está totalmente vedado y no es así: hay casos que están permitidos en el Código Penal desde hace muchísimos años.
–Entiendo que sí. Estamos revisando la guía... y los abortos no punibles se tienen que realizar.
–Entiendo que sí, fui convocada para eso. Por ejemplo, no bien asumió el ministro destrabó una licitación de anticonceptivos que va a estar llegando en los próximos meses como para cubrir las necesidades estimadas durante el 2010. Nosotros vamos a tomar la presidencia del Mercosur en salud sexual y reproductiva y vamos a volver a tomar la iniciativa a nivel regional.
–Es que si no es una prioridad la política sexual y reproductiva no hay una planificación y eso fue lo que pasó hasta ahora. Los anticonceptivos requieren continuidad. Las mujeres tienen que tener asegurada la continuidad. No hubo lógica de planificación, que es lo que ahora sí vamos a hacer.
–No es que no existen las trabas burocráticas, pero hay que preverlas. No hay acceso real al derecho si el insumo anticonceptivo no está. Eso es clarísimo.
–En el 2010, en principio, no deberían faltar anticonceptivos. Hay nueve millones de pesos invertidos en anticonceptivos orales, inyectables, de lactancia, preservativos y anticoncepción de emergencia. Después, hay que acompañar a la distribución de insumos promoviendo el uso en la población y apoyando a los equipos de salud.
–Es un deber, no es una cuestión de confianza. Si no ocurre, vamos a ver dónde están los puntos más críticos para empezar a resolverlos. Hay provincias que no tienen presupuesto asignado y son las más prioritarias para proveerlas desde el Ministerio de Salud de la Nación.
–El objetivo de la Nación es disminuir las brechas. Por eso, nuestra prioridad es Formosa.
–Nuestra idea es tener una cantidad de anticoncepción que pueda cubrir los baches, más allá de lo que las localidades aporten o no aporten. En la Ciudad de Buenos Aires tienen una ley que cumplir que los obliga a comprar anticonceptivos.
–Eso es preocupante. Y no hay que ceder en ese sentido. Pero, desde Nación, nos interesa garantizar el acceso a los insumos.
–Si, para nosotros es esencial que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral y vamos a tratar de trabajar juntamente con el Ministerio de Educación.
–El embarazo adolescente ha crecido. Esto implica un análisis profundo sobre la proyección laboral, de estudio, de proyectos para trabajar con los adolescentes. Es una cifra preocupante porque una pretende que los adolescentes vivan su sexualidad de manera plena y con acceso a los métodos.
–Sigue habiendo problemas en la realización de la ligadura de trompas, pero se ha ido avanzando. En la vasectomía hay otros límites: no es una elección de los hombres. ¿Qué pasa con los varones y su ejercicio con la anticoncepción? Hay que pensar otras estrategias para acompañar estos métodos.
–El sistema público tiene que garantizar que, más allá de un objetor, haya un profesional disponible para garantizar los derechos. Eso es lo fundamental.
–Es importante ver qué pasa con las mujeres que buscan una sexualidad plena y no sólo centrarnos en lo reproductivo.
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