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A Sandra Cabrera la mataron hace seis años, en la madrugada del 27 de enero de 2003. Tres años en la actividad gremial le bastaron a la fundadora y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) para que les resulte insoportable a los que manejan el negocio de la prostitución en la provincia de Santa Fe. El único acusado que tuvo la causa, Diego Parvlucyck, estuvo apenas seis meses detenido. Después de su liberación, y el apartamiento del juez Carlos Carbone de la causa, la investigación se paralizó. Y los tiempos corren camino a la prescripción. Por eso, anteayer, en un nuevo aniversario, Ammar Rosario organizó una movilización a la sede de Gobierno de la provincia, para exigir el esclarecimiento y pedir que no se cierre la causa. Siempre será necesario el recordatorio, mientras el crimen continúe impune.

El carácter político del homicidio de Sandra Cabrera es indubitable. Sandra comenzó a militar en el año 2000. Era tozuda, tenía carácter fuerte, no se dejaba amedrentar. Llamaba a los medios para denunciar extorsiones y golpizas a sus compañeras. Para los policías acostumbrados a extorsionar a las chicas sin ningún freno, era inaceptable que una trabajadora sexual provocara la remoción de comisarios, como Javier Pinatti, que era el jefe de Moralidad Pública hasta que una denuncia de Sandra lo hizo caer.

Mucho antes de que la trata de personas estuviera instalada en la agenda pública, Sandra denunció no sólo la trata, sino también la complicidad policial con actividades ilícitas, como el funcionamiento de prostíbulos. Sandra decía en diarios y canales de televisión que los policías recibían dinero de los dueños de los “boliches”. Y no lo decía en general, sino con nombre y apellido. Bastó poco tiempo para que su figura fuera casi una contraseña entre las chicas que trabajan por su cuenta en las calles de la ciudad. “Si me llevás presa, le digo a Sandra Cabrera”, empezaban a enfrentar las trabajadoras sexuales a los agentes policiales.

Sandra sabía también que la policía contaba con un instrumento legal para extorsionarlas, y fue a la Cámara de Diputados para buscar aliados que le permitieran impulsar la derogación de los tres artículos que las penalizan. Quien presentó aquel primer proyecto que ella impulsó, a fines de 2003, fue Eduardo Di Pollina, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Tuvieron que pasar seis años y varios proyectos que perdieron estado parlamentario para que la iniciativa —ahora de la diputada Lucrecia Aranda— prosperara en Diputados. Pero falta la parada más difícil: la Cámara de Senadores provincial.

Cuando Claudia Lucero, actual secretaria de Ammar Rosario y comadre de Sandra, supo que los diputados aprobarían la derogación de esos artículos, no pudo evitar el llanto. “Esto se lo debemos a Sandra Cabrera”, dijo el 26 de noviembre pasado.

Sandra estaba empeñada en lograr la derogación. Y recibía frecuentes amenazas. Esas amenazas se concretaron. Con su muerte, se inició una investigación judicial que en primer lugar estuvo a cargo del juez Carbone, quien detuvo a Parvlucyk. Poco después fue liberado. Con la liberación del único sospechoso, todo se hizo más complicado. Desesperadas por la inminente prescripción de la causa, las dirigentes de Ammar salieron a buscar resquicios para revitalizarla. El periodista rosarino Carlos Del Frade hizo una relectura del expediente y llegó a la conclusión de que los jueces “no profundizaron los caminos que vinculaban a dueños de boliches, policías federales y provinciales”.

Al contrario, la vida de Sandra, sus vínculos personales con Parvlucyck, de quien estaba enamorada, y su —francamente minoritaria— participación en el negocio de la droga quedaron bajo la lupa. Había que restarle espesor político al asesinato, convertirlo en ese invento llamado crimen pasional, restarle el valor que realmente tuvo para quienes manejan el negocio de la prostitución en la ciudad de Rosario.

En ese sentido, el profundo trabajo de Del Frade también concluye que “existe una preocupante y llamativa naturalización de parte de la justicia provincial de los delitos denunciados en la causa y que tienen como protagonistas a integrantes de ambas fuerzas”. El periodista enumera esos delitos: “Desde el hostigamiento y persecución a las trabajadoras sexuales hasta el compartir la droga remanente de procedimientos para la venta en la calle con los potenciales clientes de sus tácitas rehenes”. Las rehenes son las trabajadoras sexuales, utilizadas como vendedoras de drogas a partir de la extorsión.

El asesinato de Sandra Cabrera fue ejemplificador. Sirvió para sembrar el terror entre las trabajadoras sexuales, aunque hay militantes que sostienen el espacio. “Cuidate, te va a pasar lo mismo que a Sandra”, le advierten dos por tres algunas compañeras a Claudia Lucero. Y tantas otras evitan acercarse a la organización. “Después del asesinato de Sandra Cabrera se apagaron las denuncias que en los últimos años produjeron los relevos en la cúpula de Moralidad Pública y otras reparticiones. Volvió el miedo y continuaron los aprietes. Los que mataron a Cabrera siguieron con sus negocios y se sacaron de encima a una molesta denunciante”, dice con claridad el informe de Del Frade.