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En el juicio a los represores de Campo de Mayo, la fiscalía y las querellas pidieron la pena máxima –25 años de prisión efectiva– para Reynaldo Bignone y Omar Riveros.

Además, el abogado querellante Pablo Llonto solicitó que se reconozca la figura de genocidio. “Para aquellos que creemos que la historia es circular, resulta impactante encontrarnos hoy en un galpón para juzgar los hechos que ocurrieron en otro galpón, 33 años atrás –dijo Llonto al comenzar su alegato–. Aquél, era el galpón de la muerte, del llanto y la comisión de delitos. Esperamos que éste sea recordado como el galpón de la justicia”, prosiguió.

Para la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado, tener un juicio justo es un reclamo constante que, durante mucho tiempo, parecía una utopía. Sin embargo, la imputación por “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos” resulta desfasada para quienes llevaron adelante un campo de exterminio. Se estima que por El Campito pasaron alrededor de 5 mil personas, de las cuales menos de 50 sobrevivieron.

De hecho, los fiscales Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto De Luca se tomaron diez horas y 168 páginas para explicar que lo que ocurrió en Argentina, entre 1976 y 1983, fue un “genocidio político”. El alegato de la Fiscalía, un documento impecable que bien podría servir para estudiar historia argentina en cualquier aula, expresa que “varios de los acusados ni siquiera ‘han puesto las manos’ sobre las víctimas y, sin embargo, fueron los dueños de su suerte”. Por eso, no se podrá llegar nunca al fondo del asunto “si no se explica la matriz” y que está probada la existencia de un “plan sistemático” perfectamente delineado desde las altas esferas del poder, donde la llamada “lucha contra la subversión” era tan sólo una fachada.

Sin embargo, Llonto explicó: “El Código Penal con el que están siendo juzgados es viejo y no se adecua a la bestialidad de estos crímenes. La sociedad argentina y la Justicia necesitan marcar ese absurdo para que la próxima sentencia diga que hubo una vez un país absurdo en leyes en medio de una barbarie”.

Llonto citó y analizó cada una de esas resoluciones y decretos que se convirtieron en una maquinaria perfecta para encubrir el genocidio. Entre muchas otras, la ley de autoamnistía (dictada por el propio Bignone), los reglamentos por los cuales se ordenaba destruir y “dar de baja” toda la documentación relacionada con las detenciones ilegales y la ley 21325, de “Seguridad Nacional”, que detallaba un listado de más de 30 organizaciones que debían ser “aniquiladas”. Al expresar el sentimiento de las familias representadas, Llonto afirmó: “Queremos que vayan a la cárcel pero que sirva de algo. Que dejen de estar llenas de pobres y que tenga sentido que alguno de estos poderosos caiga en prisión”.

* Periodista y licenciada en Ciencias Políticas