Al llegar a General Villegas, un cartel advierte que es la ciudad del escritor Manuel Puig. Al lado nomás, contrasta el santuario de una virgen. Típica localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, de 20 mil habitantes, frente a la plaza principal confluyen –no podía ser de otro modo– la municipalidad, la iglesia, la comisaría, el banco y uno de los tres clubes del pueblo. Frente a esa plaza vive también Luis Tomás Correa, el abogado de la familia de la adolescente (ahora de 15 años) abusada por tres hombres del pueblo. Es él quien señala la figura de prócer en el medio de la plaza: Conrado Villegas. “Fue un mercenario contratado por Julio Argentino Roca para exterminar a la población indígena de la zona. No deja de tener una connotación bastante fuerte”, dice el profesional. Alrededor de esa estatua, el jueves 12 de mayo se reunieron unas 250 personas, en su mayoría mujeres, para defender a los abusadores Mariano Piñero, 29 años, apodado “Papa Frita”; José María “El Potro” Narpe, 28 años, y Mario Magallanes, de 24. Durante las horas transcurridas en ese lugar, la sensación es penetrante: se trata del mundo del revés, donde muchos adultos hacen responsable a una niña de 14 años de atrocidades que deberán pagar con la cárcel tres “pobres muchachos”. Se rumorea o se dice en voz alta: la culpable es ella. Y el juez de garantías Gerardo Palacios Córdoba, de Trenque Lauquen, también revictimizó a la niña, al aceptar sólo la denuncia por “corrupción de menores”, en lugar del abuso sexual agravado. Recién el miércoles pasado la Cámara rechazó el pedido de eximición de prisión interpuesto por la defensa de los acusados.

“Es muy difícil explicarle a la gente lo que pasa en esta ciudad”, confiesa Correa. La mañana del viernes posterior a la marcha apologética, en el pueblo reinó el estupor. Les dolió verse reflejados en los medios de comunicación porteños como defensores de violadores. Ya en los ’70, Manuel Puig habló de “la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles. Y lo que daba el prestigio era tener la prepotencia”.

Y aunque todo sea inexplicable, desde ese día los habitantes de General Villegas están abocados a dar explicaciones. Todas las voces parecen fundirse en una única voz. “La piba es replaga”, dice Lorena, periodista del diario Actualidad. Lo mismo Jorge Arias, jefe de redacción, que argumenta a favor de la marcha: “Es como un árbol de mandarinas –ejemplifica–. De golpe, estos tres muchachos se preguntan cómo que estaba prohibido, si todos comíamos de ese árbol, y nunca había problemas”. El abuso como una práctica naturalizada. Lo que irrumpe, lo que rompe el orden establecido es que sea denunciado.

La historia de cómo el abuso llegó a la Justicia también es reveladora. Durante meses, el video donde los tres hombres aparecen riéndose mientras abusan de la víctima circuló por los teléfonos celulares del pueblo. Hasta que el padre de otra adolescente lo llevó a la comisaría de General Villegas, y allí comenzó una causa por distribución de pornografía. Hasta entonces, todos encontraban en el video una fuente de entretenimiento. La psicóloga especialista en el tema Eva Giberti definió el miércoles 19, en la contratapa de este diario, como “perpetradores periféricos” tanto a quienes se divierten con la visión de las imágenes como a los defensores públicos de los abusadores.

En ese sentido, la Coalición Argentina contra la Trata y Tráfico de Personas, perteneciente a la Red NO a la Trata, expresó que “es una regla básica del derecho y del sentido común que la víctima debe ser escuchada y en principio su relato creído. En modo alguno quienes han sido víctimas pueden ser culpabilizadas, las mayores que han sufrido delitos sexuales no pueden ser culpabilizadas por su forma de vestir, bailar, hablar, relacionarse, etc., y si son menores no tienen la madurez ni la preparación para consentir, por lo tanto no pueden ser responsabilizadas. Los infantes y adolescentes no son adultos/as pequeños”, dice el comunicado de la Coalición.

Pero todo está dado vuelta en General Villegas, y lo estaba antes de la aparición del video, sólo que esas imágenes lo pusieron al descubierto. Cuando los padres de la víctima se enteraron de la existencia del video –que algunos medios llaman “porno”, en otra inversión de responsabilidades– fueron a ver a Correa, que enseguida inició la causa como correspondía. La mamá de la chica, Blanca, declaró luego su desazón porque el video haya circulado durante tantos meses sin que nadie se lo hiciera saber a ellos.

Justamente, una de las operaciones de justificación consistió en echar un manto de sospecha sobre la familia, compuesta por el papá, la mamá y cinco hijos. Que la niña se había fugado con un camionero hace dos años y los padres no hicieron nada fue una de las tantas acusaciones escuchadas en el pueblo, en una curiosa inversión de la carga de la prueba. Las víctimas deben salir a demostrar que lo son. Para la psicóloga Bettina Calvi, autora del libro Abuso sexual en la infancia, “hay una culpabilización. Funciona este argumento de que algo habrá hecho esta piba, y también que vive en una familia disfuncional, otro argumento muy usado cuando se quiere correr la idea del abuso”. La especialista recuerda el caso del profesor Fernando Melo Pacheco, en un jardín de infantes de Mar del Plata. “Para liberar de culpa al acusado, y como no se podía negar el abuso, los peritos contratados por él decían que los chicos habían sido abusados, pero en sus familias. Si se pone en tela de juicio a la familia, todo lo que de allí venga no será creíble”, apuntó Calvi. Es decir, así se deslegitima a los denunciantes.

En cambio, a los tres abusadores, el periodista los califica de “boludos” por haber sido atrapados cometiendo el abuso, les cuestiona que se filmaran y lo hicieran circular, que hayan sido atrapados. Lo que sí se pone en tela de juicio son las afirmaciones de la víctima. Dos días antes de la marcha, la chica fue clara durante su declaración en cámara Gesell, un mecanismo ideado para proteger a las víctimas y asegurarse una declaración sin presiones. La adolescente tiene 15 años, tenía 14 cuando ocurrió el abuso. Dijo que había sido presionada, y amenazada para no hablar. Para el fiscal Fabio Arcomano, el relato de la chica fue –por si hiciera falta aclararlo– “consistente”. Sin embargo, un pedido de eximición de prisión que interpuso el abogado defensor de los tres agresores, Jorge Dispuro, demoró la detención.

Lo que diga la ley no importó en General Villegas. “El es hombre, qué le voy a hacer. No quiero hablar, me arrepentí de haber hablado”, es lo primero que afirma la mujer de Piñero. En la marcha, salió en defensa de su marido en los canales de televisión de Capital Federal. Al día siguiente, ella se refugió en la casa de la madre, en el Fonavi 1 de Villegas, en el otro extremo del pueblo, que puede recorrerse por la calle San Martín, con 25 cuadras de extensión. “¿Pero no estás enojada con él?” La respuesta suena cínica: “Sí, me enojé pero ya está. No hubo violación, si fuera así la violó todo el pueblo. Ella se les anda regalando a todos y él es hombre”, dice esta mujer joven, de menos de 30 años, que tiene dos hijos.

Justamente, la psicóloga clínica María Luisa Lerer, histórica luchadora por los derechos de las mujeres, consideró que “las esposas de los perpetradores están enfermas de androcentrismo, de machismo, no saben quiénes son, se definen como las esposas de...”. La profesional se refirió a los prejuicios que se pusieron en evidencia con lo sucedido. “‘Y si te provocan, lo hacés, lo hacés’, repetía una y otra vez desde la pantalla de la televisión uno de los muchachos machistas de Villegas. Sigue vigente aquel pensamiento que indica que si la violó, ella lo provocó, ella se la buscó. Me dejó perpleja el pueblo de Villegas defendiendo a los abusadores. Y la Justicia ciega, sorda y muda que los deja en libertad”, apuntó Lerer, que expresó su amargura. “Cuesta aceptar que aquí, en la Argentina, en el siglo 21, haya tantas mujeres y varones colonizados por el patriarcado, tanto como en el siglo 12, con indiferencia y violencia hacia las mujeres. Recordamos que las mujeres en el siglo 6 no teníamos alma, y parece que se sigue pensando lo mismo”, agregó.

En la marcha eran casi todas mujeres. ¿Por qué fueron ellas las que salieron en defensa de los agresores? “Estas mujeres representan lo más duro del estereotipo patriarcal, porque hace absolutamente visible los prejuicios en relación con las mujeres y con las niñas, y esta idea de que el varón es intocable y nunca puede ser culpable, y que una agresión sexual no es un delito. Ella culpabiliza a la niña, la pone en el lugar de la culpa, sin interrogarse en relación con la culpabilidad de estos hombres. Una podría arriesgar incluso que sostienen que los hombres tienen sus diversiones, sus necesidades biológicas, y esta chica los provocaba”, apunta Calvi, y considera “un error creer que ese discurso está superado, que está perimido, porque está superado en ciertos sectores pero evidentemente en otros no”.

Justamente, Lerer apunta su tristeza. “Esto a las feministas históricas nos pone bastante tristes, porque hasta el momento no hemos llegado a los objetivos que pretendíamos. Tendríamos que habernos despertado mucho antes. Yo critico a todas las mujeres con conciencia de género que no buscamos la forma de irnos hasta General Villegas. Aparte de lo teórico, está la acción. Y Villegas nos muestra que en muchos pueblos del interior del país siguen pensando que la mujer, o en este caso la niña, algo habrá hecho.”

Sobre los abusadores, en el pueblo se subraya que no son personas adineradas. Narpe era empleado municipal, Piñero trabajaba en la cerealera Aca y Magallanes es peón rural. “Hay que esperar la respuesta del juez, si para ellos hay 20 años, que también haya para los ricos. Hay un montón de videos”, afirma un vecino de Piñero, aunque aclara que no tiene ninguna relación con él. Y para defender a los abusadores, algunos habitantes de Villegas dejan al descubierto que les molesta mucho más la difusión que lo ocurrido. “Los medios son una mafia”, defienden el espíritu de cuerpo en una calle, muy cerca de la casa de la víctima.

Está claro que ningún medio de comunicación de la Capital Federal dudó en encuadrar esta situación como lo que es: un delito sexual, la agresión contra una adolescente. Y eso significa un avance con respecto a pocos años atrás, pero en muchas discusiones y mesas de café –y no sólo de General Villegas–, no falta el que aparezca con un “pero la chica...”. La ley es clara. El artículo 119 del Código Penal plantea la pena para abuso sexual y establece que será sancionado con penas de 8 a 20 años de prisión, depende de los agravantes. Uno de ellos está claramente planteado en el inciso d: “Dos o más personas o con uso de armas”.

Después, cuando ha pasado una semana de la manifestación apologética, las organizaciones intermedias de la zona salen con el documento Villegas en Unidad, que firma una gran cantidad de instituciones intermedias. “Como ciudadanos responsables consideramos que debemos tomar partido por la ley, no convertirnos en jueces, ni investigadores, porque para eso tenemos un sistema de justicia”. Y aclara el principio de su descontento. “Como parte de esta ciudad, no podemos permitir que se simplifique la visión de nuestra comunidad en aberraciones falaces que detestamos”, afirman. Dicen que los afecta “cualquier opinión que generalice hechos repudiables como comunes”.

Ese documento habla de “una comunidad y sus familias en riesgo” por aquello que reflejan los medios de comunicación. No se entiende cuál es el lugar de la sexualidad en la vida cotidiana. ¿Existe educación sexual en General Villegas? La inspectora de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Natalia Inestal, aclara que no hablará por sí misma, sino por el cuerpo de inspectores zonal, y que no se referirá a esta niña en particular. “Dentro del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, está estipulado en varias áreas de la educación secundaria los contenidos para trabajar educación sexual, desde un enfoque integral, no sólo lo biológico, sino también género y cultura. Hay un programa nacional nuevo”, explica, y también afirma que “el Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia también estuvo desarrollando un proyecto de educación sexual integral. Estábamos iniciándolo, para empezar a trabajarlo más formalmente con los directores de todo el distrito de educación secundaria. Se iba a bajar a todos los directores, para trabajarlo con los profesores y los alumnos. Lo vamos a iniciar en junio”. Lamenta que “justo” haya ocurrido esto.

La adolescente en cuestión lo único que atinó a decir ante un medio de comunicación fue que esperaba que esto se terminara pronto. Salvo los días de mayor acoso mediático, siguió yendo a la escuela y es buena alumna. Aunque Inestal se niega a hablar de ella, aclara que su equipo “hace la contención. Siempre trabajamos en la ley de promoción y protección de los derechos de los niños. Trabajamos desde la inclusión”.

En la puerta de la escuela, el Colegio Nacional número 7 de General Villegas, una secretaria se excusó de hablar, pero no se privó de dar crédito a las habladurías del pueblo. “Lo que se dice, por algo se dice”, afirmó. En el consejo escolar, la persona que atiende la emprendió contra los padres de la niña. “Ellos no sabían por qué la chica siempre tenía tantas cosas nuevas, zapatillas nuevas, celular, cómo no les llamaba la atención. Todo el mundo lo dice”, afirmó, aunque admitió que todo se dijo y se supo después de la difusión del video y la denuncia judicial.

En el horario de salida de la escuela, en la puerta, dos profesoras eligen el silencio. Se retiran, con excusas, y sólo habla un profesor de educación física, apurado por irse. De todos modos, dice lo suyo. “Yo vi el video, eso no es violación. Todos lo saben”, reproduce el docente.

Las expresiones parecen calcadas. Sólo un hombre, un trabajador, afirmó, casi a la entrada del pueblo, que “jamás hubiera ido a esa marcha. Es una falta de respeto a esa chica”. Lo demás parece unánime. Prima el espíritu de cuerpo.

El que desafía más abiertamente ese espíritu es el abogado, Correa. “Es realmente alarmante que haya habido más de cinco personas en la marcha”, indicó el profesional, en su estudio, donde lo llamaron los medios de comunicación de todo el país. “Es una verdadera degradación del respeto por el otro”, indica indignado. Recuerda la Inquisición, cuando las mujeres eran quemadas por herejes.

No hace falta, al menos en este suplemento, subrayar la falacia del argumento de un supuesto consentimiento. Pero el abogado, por las dudas, lo hace. “Está viciado desde el mismo momento en que la chica entra a la casa y se encuentra con dos personas que no conocía. Ahí pierde el control. Los agresores están llevando la situación a una amenaza del mismo tenor que usar un arma”, indica. Y afirma que “poner a cargo de la menor cualquier atenuante sobre la perversidad de esos sujetos es una barbaridad”.

Algo más, que dice la Red No a la Trata: “Los adultos son los responsables de sus actos y deben cuidar a los niños/as y adolescentes, y en su caso decir no, ante la posibilidad de una relación sexual con ellos/as”.

En la casa de la niña las persianas están bajas. La pizzería que tenía la familia tiene un pequeño cartel de papel que dice “se alquila”. El patio que oficia también de garaje está desierto, y el ingreso tapado con una media sombra verde. El papá de la víctima no quiso hablar. “A usted cómo le parece que podemos sentirnos con esto. Mi mujer está muy deprimida”, expresó el hombre, antes de escabullirse hacia su casa. Enseguida se irán del pueblo para pasar el fin de semana lejos de la maledicencia. Días después volverán a los Tribunales de Trenque Lauquen a ampliar su declaración. Y planearán volver a su casa, a la cotidianidad, desafiando la presión para expulsarlos, los gritos que se escucharon en la marcha del jueves 12. “Que se vayan del pueblo”, decían los manifestantes. Y no se referían a los agresores, sino a la víctima.

“Era un pueblo casi de western”, decía Puig. En los pueblos del Lejano Oeste, se imponía la ley del más fuerte. Justamente, la naturalización del abuso está relacionada con el poder, con la posibilidad de los adultos de usar a niños y niñas como objeto de su placer. “Lo terrible es que los adultos, en el tejido social, no entiendan que proteger a los menores es su obligación”, apunta Calvi.