“No los dejen apedrearme frente a mis hijos”, pidió la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani en declaraciones a un diario británico. Detenida desde 2006 en una cárcel en la ciudad de Tabriz, esta madre de dos hijos está incomunicada, pero sus palabras llegaron este fin de semana, y a través de un intermediario, a un corresponsal del periódico The Guardian. Sentenciada a muerte por lapidación por mantener una relación con un hombre que no era su marido, espera en la cárcel que su caso se resuelva gracias a la presión de los medios y organismos internacionales. En julio pasado, el tribunal que la condenó conmutó la sentencia a una muerte en la horca, lo cual, lejos de apagarlas encendió aún más las críticas occidentales. Una comisión iraní denominada “de Derechos Humanos” prometió, dos días más tarde, revisar el caso “por razones humanitarias”. Pero en el medio, en un giro –tan inesperado como ilegal– de la causa, un alto funcionario iraní declaró al ser interrogado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU que “esta mujer, además de doble adulterio, fue hallada culpable de conspiración para matar a su esposo”. Dejó entrever, además, que posiblemente el tribunal de Tabriz ahora recurra a la sentencia anterior, de muerte por lapidación. En declaraciones a The Guardian, Ashtiani aseguró que los funcionarios iraníes tratan de confundir a los medios extranjeros para poder matarla en secreto. “Me condenaron por adulterio y fui absuelta por el cargo de homicidio, pero el hombre que en realidad asesinó a mi marido fue identificado y detenido. Obviamente él no fue condenado a muerte”, indicó. “El asunto es simple: como soy mujer, en este país piensan que pueden hacer lo que quieran conmigo. Para ellos, el adulterio es peor que la muerte, pero no todos los tipos de adulterios: un hombre adúltero probablemente ni siquiera tenga que pasar tiempo en la cárcel, mientras una mujer adúltera... Para ellos es el fin del mundo. Vivo en un país donde las mujeres no pueden divorciarse.” En la entrevista, realizada el 6 de agosto pasado, la mujer de 43 años agradeció a los que militan por su causa, entre los que se cuentan más de 30 grupos que por Facebook piden su liberación. Según la ONG Amnesty Internacional, que sigue de cerca su caso, Ashtiani fue condenada en mayo del 2006 por mantener “una relación ilícita” con dos hombres. Por entonces el castigo consistió en 99 latigazos, pena que le fue aplicada. Pero, más tarde, durante el juicio del hombre acusado de matar a su esposo, se reabrió su caso y aunque fue absuelta por el cargo de homicidio, se la condenó por “adulterio durante el matrimonio”. Este fin de semana, Ashtiani reveló a la prensa británica que cuando fue sentenciada por segunda vez “ni siquiera me di cuenta de que iban a apedrearme porque no sabía lo que ‘rajam’ (muerte por lapidación en persa) significa. Me ordenaron firmar la sentencia, y así lo hice. Cuando volví a mi celda y mis compañeras me dijeron que me iban a enterrar hasta el pecho y apedrear hasta morir me desmayé”.

Como Ashtiani, en Irán la mayoría de los condenados a muerte son pobres y analfabetos. Además de ella, actualmente hay otras ocho mujeres y dos hombres que esperan ser ejecutados por lapidación por delitos tan disímiles como homicidio, adulterio –en realidad, se trata de una mujer casada que para mantener a sus hijos se prostituía–, tráfico de drogas y el tan vago como flexible “crimen contra Dios”. Casi todos son campesinos pobres del interior del país que desconocen sus derechos más básicos, como tener un abogado y un traductor, y son obligados a firmar documentos que no entienden. A la hora de determinar la culpabilidad de un acusado, los jueces suelen aprovechar una laguna del sistema judicial iraní para basarse en su “sabiduría” y no en evidencias. Ashtiani no tuvo abogado hasta muy tarde, cuando su caso fue apelado y ya no se podía hacer mucho por ayudarla. Fue torturada y obligada a firmar una confesión que ni siquiera supo leer. Tampoco habla ni entiende farsi, la lengua culta utilizada en los tribunales iraníes, por lo que, más allá de la crueldad de la pena que se le infligió, su juicio debería haberse anulado ante las gruesas irregularidades detectadas. Los derechos de los hijos de Ashtiani, Sajad, de 22 años, y Faride, de 17, tampoco son respetados. El hijo mayor fue recientemente “invitado” a comparecer ante la oficina de inteligencia de la cárcel de Tabriz, donde está detenida su madre. Según Ahmad Fatemi, integrante del Comité Internacional contra las Ejecuciones y recientemente entrevistado por la revista Newsweek, las autoridades están tratando de intimidar al hijo de Ashtiani: “El mensaje es claro: se lo citó en la oficina donde se tortura a los detenidos”.

La entrevista con Ashtiani fue difundida por The Guardian mientras trascendía que su abogado, Mohammad Mostafaei, se encuentra ahora en Noruega, donde ha pedido asilo. El abogado de 37 años se enteró hace unos días de que las autoridades iraníes planeaban arrestarlo y no dudó en escapar a pie, en auto y a caballo hasta alcanzar la frontera turca. Amnesty ya había manifestado su temor por la seguridad de este abogado especialista en derechos humanos que ha salvado de la muerte a, al menos, 18 de sus defendidos, todos condenados a la pena capital. Una vez en tierra turca Mostafaei tomó un vuelo a Oslo, desde donde pide por la seguridad de su esposa, que quedó en Irán y teme por su vida. El abogado negó que su huida pueda tener algún impacto negativo en el caso de Ashtiani, que ya cuenta con un nuevo abogado, aseguró. También afirmó que no cree que a vaya a ser ejecutada: “Las autoridades iraníes ya han pagado un precio enorme por este caso”. Sin embargo, la suerte de Ashtiani sigue siendo una incógnita, sobre todo porque en ese país el sistema judicial funciona a discrecionalidad e ignora principios básicos de igualdad y justicia. El ayatola Sadeq Larijani, la figura de mayor rango del sistema judicial iraní, tiene el poder de detener ejecuciones y hacer recomendaciones al Líder Supremo, quien decide si perdona o no a los acusados de crímenes contra Dios o el Estado. Para los crímenes contra las personas, como el homicidio, la última palabra la tiene la familia de la víctima, que a veces acepta incluso dinero a cambio de la “sangre derramada”. En el caso de las mujeres, la ley islámica es todo menos ciega: “Si un hombre sufre una herida que daña sus testículos, tiene derecho a una compensación equivalente a la vida de una mujer”, recuerda la abogada iraní y Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi. “Esto significa que si una mujer con un doctorado es atropellada en la calle y muere, y un hombre, delincuente y analfabeto es herido en sus testículos, el valor de la vida de la mujer y el del testículo dañado son equivalentes.” En el caso de divorcio –que sólo el hombre puede pedir–, la ley islámica otorga automáticamente la custodia de los hijos al marido, recuerda Ebadi, exiliada en Inglaterra desde el 2009. En teoría, la lapidación no es un castigo sexuado, porque la ley estipula que los hombres adúlteros también deben ser ejecutados de la misma manera. Sin embargo, se permite la poligamia y, en los hechos, los hombres pueden escapar a este brutal castigo alegando que “su relación adúltera era, en realidad, un matrimonio temporario”, explica Ebadi, actualmente movilizada por la causa de Ashtiani. Según ella, para evitar repercusiones en el extranjero, el gobierno iraní nunca anuncia las condenas a lapidación públicamente. Estos casos sólo llegan a conocerse a través de familiares y abogados, y a un alto costo personal.

Gracias al blog de su abogado, los medios y ONG internacionales conocieron el caso de Ashtiani en junio pasado. Desde entonces, activistas de todo el mundo hacen campaña para lograr su absolución. El sitio web freesakineh.org recoge las firmas de decenas de personalidades y figuras del showbiz en un petitorio que reclama el esclarecimiento del estatus legal actual de Ashtiani. También exige la prohibición de la lapidación como castigo legal en Irán y la eliminación de toda forma de castigo para el adulterio. Entre los firmantes se encuentran el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y la ahora caída en desgracia Ingrid Betancourt.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también se movilizó por Ashtiani y hace unos días le ofreció asilo en Brasil. “Si mi amistad y mi consideración por el presidente y el pueblo iraní valen algo, y si esta mujer les causa malestar, podemos recibirla en Brasil”, dijo en un comunicado dirigido a las autoridades iraníes. En mayo pasado, el presidente brasileño trató de mediar entre Irán y la ONU, que sancionó al régimen de Ahmadinejad por continuar las operaciones de enriquecimiento de uranio. Ante la propuesta brasileña, Teherán replicó que “el presidente Lula es conocido por su temperamento humano y emotivo, pero probablemente no haya sido bien informado sobre el caso”. Así las cosas, el mundo espera que, aunque sólo sea para parar la escalada de críticas, el gobierno de Ahmadinejad libere a Ashtiani en los próximos días. Pero la suerte de los otros 10 condenados a lapidación, aquellos y aquellas cuyos casos no han podido gozar de la simpatía internacional, parece estar echada.