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En alusión al informe dado a conocer por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, y cuyas conclusiones son reproducidas en una nota publicada el viernes 6 del agosto por el suplemento Las 12, entiendo que es imprescindible hacer algunas puntualizaciones a la hora de evaluar la rigurosidad científica que tiene la afirmación de que “el femicidio ha aumentado un 40 por ciento en la Argentina en lo que va del año a partir del recuento de casos registrados en los medios gráficos”.

Sin duda, este recuento cumple un papel valioso en la visibilización social de este flagelo, lo que no es poco, pero no tiene validez estadística para establecer la evolución o involución del femicidio. Sin embargo, la lectura correcta de los datos recabados permite destacar que aumentó un 40 por ciento la publicación en los medios gráficos de asesinatos de mujeres, pero, de ninguna manera, se puede afirmar —con tal contundencia— que aumentaron —por ese dato— los asesinatos de mujeres.

Sabemos del compromiso asumido y del trabajo realizado desde hace muchos años por las organizaciones del movimiento de mujeres, entre ellos el de relevar datos referentes a femicidios. Aunque, afortunadamente, la sanción de la Ley Nº 26485, que vino a saldar una vieja asignatura pendiente de nuestra democracia con las víctimas de la violencia de género, acarrea la obligación estatal de crear un Observatorio Nacional de Violencia en el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres, el cual está destinado a llenar la real laguna estadística en esta materia.

Para llegar a ello es necesario desarrollar antes un trabajo de identificación de las fuentes, acceso a los datos, procesamiento y publicación. En este momento, el Observatorio está realizando un estudio que explora el estado de situación para comenzar con la identificación de las fuentes en las áreas de salud y del Poder Judicial.

En el primer caso se trataría de las mujeres que ingresan a hospitales o cualquier institución sanitaria con lesiones que, luego o inmediatamente después, provocan la muerte, o que ya llegan fallecidas. Pero existen dificultades operativas —que no nos inmovilizan— para determinar las causas de las lesiones y el responsable de aquéllas, razón por la cual es necesario articular este registro con el Poder Judicial, a través de los juzgados y otros registros provenientes de áreas más específicas, como la Dirección Nacional de Política Criminal.

Somos conscientes de que estamos frente a una tarea tan difícil como indispensable y que, particularmente en el caso de los femicidios, es imperioso arribar a un sistema estadístico nacional que permita conocer la magnitud del problema, para así orientar en dirección correcta las políticas públicas destinadas a combatirlo.

El desafío es titánico. Pero la Dirección Nacional de Protección Integral y Acciones Directas del Consejo Nacional de las Mujeres lo ha asumido con toda la seriedad que merece el tratamiento de un problema social tan grave y muy especialmente, con el máximo de los respetos por la memoria de sus víctimas.

* Directora Nacional de Protección Integral y Acciones Directas del Consejo Nacional de las Mujeres.