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La diputada Marcela Rodríguez presentó, el 3 de agosto pasado, el proyecto de ley para la prevención, sanción y atención a víctimas de explotación sexual para que el foco de la ley no esté puesto en las mujeres en situación de prostitución, sino en los clientes que fomentan el negocio. El proyecto propone modificar el Código Penal e incorporar el artículo 140 bis para penar de tres a quince años a los explotadores sexuales. Y, de aprobarse, se castigaría a quienes paguen por tener sexo con una víctima de trata o con una mujer en situación de vulnerabilidad –por su etnia, identidad sexual, género, nacionalidad, color, capacidad psicofísica, etc.– de seis meses a tres años de prisión.

Es importante que Rodríguez excluye de la penalización a las personas que fueron víctimas de trata, ya que en muchos casos para sobrevivir en el infierno del secuestro y terrorismo sexual, algunas mujeres terminan trabajando para las bandas de las que no pueden salir y por las que han sido torturadas, violadas y secuestradas.

Pero sí se va a castigar con un régimen de uno a cuatro años de prisión a quienes regenteen –a todas luces o en departamentos privados–, a quienes sean dueños o jefes (se lleven la plata) de whiskerías, privados o cabarets. Y el castigo se agrava de tres a seis años si quienes están detrás de la explotación de la prostitución ajena pertenecen a las fuerzas de seguridad o son funcionarios públicos que, además, quedarían inhabilitados para ejercer cualquier cargo público. Pero, clara y taxativamente, no se castigará a las mujeres en situación de prostitución.

Pero la medida propuesta no es sólo aumentar las penas, sino también contener a las mujeres que hoy se encuentran desaparecidas por el negocio de la explotación sexual cuando son rescatadas de las bandas que las obligan a tener sexo y no las dejan salir, contar con su documento de identidad o pasaporte, elegir su proyecto de vida y, encima son amenazadas, de ser asesinadas (o su familia) si llegan a poder escapar y denunciar a sus explotadores.

Por eso, Rodríguez propone crear el Programa Nacional de Personas Explotadas Sexualmente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con otros ministerios y áreas del gobierno. La intención de la generación de un ámbito específico es prevenir la explotación sexual, garantizar la protección y la asistencia de las personas explotadas sexualmente, implementar políticas destinadas a revincular social y laboralmente a las víctimas y garantizar el acceso a la educación, la salud y la autonomía económica de quienes han estado secuestradas.

El proyecto tiene ideas concretas: que las mujeres que han sido víctimas de trata puedan acceder a créditos para microemprendimientos con mayor facilidad y menos requisitos (no les iría muy bien si les piden sus curriculum, propiedades o sus ingresos en blanco en un banco privado) y que sean incentivadas a estudiar, capacitarse y tomar cursos. También que sus hijos e hijas tengan garantizado su cuidado (en la práctica implicaría una prioridad en las becas de las pocas instituciones que existen o la creación de nuevos centros para el cuidado infantil) en jardines maternales o de infantes, justamente, para que ellas puedan insertarse laboralmente o estudiar.