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En la Argentina el rubro 59 no necesita traducción. Aunque se trata de la sección del diario Clarín de avisos sexuales, en la Argentina no hay que explicar nada. El rubro 59 es sinónimo de fomento a la prostitución. No es un nombre genérico, pero su nombre propio indica que, aunque algunos otros medios también tengan avisos sexuales, es el diario monopólico por excelencia el que le da nombre al sexo pago y, muchas veces, esclavo.

En España, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, decidió que su área no iba a publicar avisos –darles dinero– a medios de comunicación que fomentaran la prostitución. En Argentina ya existen proyectos de la diputada nacional Fernanda Gil Lozano, de la diputada cordobesa Silvia Rivero y de la diputada María Elena Naddeo para que ni el gobierno nacional, ni el cordobés ni el de la Ciudad de Buenos Aires puedan financiar –a través de la pauta publicitaria– a los diarios que ofrecen a mujeres, varones y travestis a través de dinero.

Además, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ha elevado un informe a la Procuración General de la Nación por el que solicitó se investigue si dichas publicaciones encubren situaciones de trata de mujeres para explotación sexual, promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de menores de edad o incurren en la nueva figura de violencia mediática, entre otros posibles delitos.

La legisladora Silvia Rivero presentó un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo de Córdoba a no otorgar pauta publicitaria oficial a aquellos medios de comunicación regionales, provinciales y nacionales que publiciten y/o publiquen avisos que promuevan el consumo de prostitución en cualquiera de sus formas. “El Estado, en su rol regulador, debe abstenerse de sostener un doble discurso, comprometiendo su esfuerzo en la prevención y contención de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a la vez otorgando beneficios económicos a quienes publican avisos y publicidad de cuyo contenido se desprenda la concepción de la mujer como un objeto de uso cuyo cuerpo es una mercancía factible de ser comprada y vendida”, asegura.

Pero, por supuesto, la propuesta genera tantas resistencias como ganancias. “El negocio es enorme y ningún diario puede alegar que ignora las consecuencias de sus onerosas publicaciones: en sus propias páginas, cuando en otras secciones, como Información General, suelen denunciar la problemática de la trata de mujeres para explotación sexual. ¡Qué hipocresía!”, señala la psicóloga Patricia Gordón, integrante de la asociación La Alameda y de la Mesa Permanente contra la Trata de Personas del Concejo Deliberante Mar del Plata.

Inclusive, Fernanda Gil Lozano, diputada de la Coalición Cívica, ante la defensa de los rubristas 59 que alegan que ofrecer “petes a 20 pesos” es parte de la libertad de expresión señaló la diferencia entre un derecho constitucional y la publicación de avisos que promueven el consumo de prostitución.