Viernes, 18 de marzo de 2011 | Hoy
VIOLENCIAS
Guerras entre pandillas, ritos satánicos o la certeza de que la violación y asesinato de mujeres no tiene castigo porque no lo tuvo durante años de conflicto armado; todas y ninguna son las razones que se supone explican que en Guatemala hayan muerto violentamente 4400 mujeres jóvenes y que menos del 4 por ciento de los casos haya sido investigado. Rosa Franco, que llevó el caso de su hija hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuenta de su dolor y de su estupor frente a la impunidad.
Por Josefina Salomon
La última vez que Rosa Franco vio a su hija, María Isabel, fue un domingo de diciembre de 2001. Rosa había ido al negocio de ropa donde la joven estudiante trabajaba para llevarle la merienda. Era parte de su rutina. Visitarla dos veces al día para asegurarse que María Isabel, de 15 años, comiera bien. “Le había dado permiso de trabajar durante sus vacaciones para que tuviera algo de dinero extra para salir, para sus gastitos”, dice. Las fiestas se acercaban rápidamente y entre el calor y las vacaciones, los centros comerciales en Ciudad de Guatemala hervían de gente. Pero María Isabel estaba contenta. Sonreía mientras repartía volantes y atendía a las jóvenes clientas de aquella famosa boutique de moda. “Le pregunte si quería que la fuera a buscar y me dijo que no me hiciera problema, que alguien ya había quedado en llevarla a casa”, recuerda Rosa con tremendo detalle, como si no hubiera pasado una década desde aquel día.
Pero esa noche, María Isabel no volvió a su casa.
“Me preguntaba por qué no había vuelto si sabía que cuando me pedía permiso para salir yo la dejaba. Me dije que volvería a la mañana siguiente, no pensé nada malo”, dijo Rosa. Las alarmas comenzaron a sonar cuando al día siguiente, la habitación de María Isabel continuaba vacía. El instinto de Rosa la obligó a salir a buscarla, a preguntar por ella en su trabajo, a sus amigas, al grupo con quien la adolescente salía. “Uno de los muchachos de la boutique me dijo que el día anterior había visto a un individuo que estaba hablando por un celular y le decía a alguien ‘sí, aquí estamos, ya estamos listos, ya yo estoy listo’.”
Rosa hizo una denuncia en la policía y gracias a la descripción que hizo el compañero de María Isabel, se estableció un identikit del sospechoso, pero la policía decidió no abrir una investigación. Durante los próximos dos días, Rosa continuó buscando sin descanso, examinó todas las posibilidades, que María Isabel se hubiera escapado, que estuviera embarazada y tuviera miedo de contárselo, que hubiera hecho algo malo. Nunca pensó que le había pasado algo. “Esa noche llegué a mi casa agotada pero puse las noticias, fue como que dios me dijo que encendiera la tele, y ahí estaba mi hija, tirada en un terreno baldío, boca abajo. La reconocí por la ropa. Mi hija hermosa, ahí la fueron a tirar como si fuera basura. Tenía los ojos vendados, la cara golpeada, una herida de cuchillo en el pecho.”
DISCRIMINACION Y CULTURA DE IMPUNIDAD
Según cifras publicadas recientemente por el gobierno guatemalteco, durante 2010, más de 700 mujeres fueron víctimas de asesinatos violentos. En los últimos 10 años, la cifra alcanza los 4400. En cada uno de los casos, las víctimas son mujeres jóvenes y las características de los asesinatos, brutales, violentos. En muchas ocasiones, hay evidencia de violencia sexual. Organizaciones como Amnistía Internacional aseguran que parte del problema tiene que ver con la alta tasa de impunidad –menos del 4 por ciento de los casos de femicidio son investigados y virtualmente nadie ha sido encarcelado por ninguno de los cientos de asesinatos que han tenido lugar en el país–.
La falta de Justicia tiene lugar a pesar de la aprobación, en 2008, de una ley que tipificó la violencia contra las mujeres como delito y estableció la creación de juzgados y penas especiales para estos crímenes.
“Las mujeres de Guatemala se están muriendo como consecuencia de la falta de protección del Estado”, dijo Sebastián Elgueta, especialista sobre Guatemala de Amnistía Internacional. “La existencia de altos niveles de violencia, falta de voluntad política y un historial de impunidad significa que las autoridades son incapaces de hacer rendir cuentas a los perpetradores o, sencillamente, no les importa. Los perpetradores saben que quedarán impunes.”
Nadie sabe exactamente la razón por la que tantas mujeres son brutalmente asesinadas en Guatemala. Algunos apuntan a la existencia de una cultura generalizada de violencia, donde pandillas criminales cuentan con gran poder. Otros hablan de sectas satánicas. Grupos como Amnistía Internacional apuntan al conflicto interno que afectó al país entre 1960 y 1996, que dejó un saldo de más de 200.000 desaparecidos y en el que miles de mujeres fueron abusadas sexualmente. Según la organización de derechos humanos, la impunidad de la que hasta hoy gozan los responsables de aquellos abusos, creó una cultura en la que cometer este tipo de crímenes parece estar permitido.
Como ocurre en la mayor parte de los casos cuando el cuerpo de una mujer aparece brutalmente asesinado en un descampado en algún rincón de Guatemala, las autoridades no iniciaron una investigación efectiva sobre la muerte de María Isabel. Sin más opciones, Rosa tomó las riendas del caso y de la investigación, mientras el Ministerio Público –la institución encargada de estos casos– fallaba en hacer las preguntas debidas. Consiguió un listado de los teléfonos desde donde María Isabel había recibido sus últimas llamadas. Allí aparecieron números de amigas, compañeros de trabajo y de un taxista que solía llevarla y traerla. Rosa comenzó a hacer conexiones y preguntas. “Toda la investigación la hice yo poco a poco. Del Ministerio Público nunca fueron a allanar el lugar donde metieron el vehículo que usaron para transportar el cadáver, ni hicieron exámenes de fluidos de semen, ni de los cabellos que encontraron en las uñas de mi hija.” Pero diez años más tarde, los únicos datos que podrían haber ayudado a la investigación, listados de teléfono, conexiones y contactos entre sospechosos, ya no existen. Los exámenes de fluidos no se hicieron a tiempo y las autoridades ahora dicen que la ropa que María Isabel llevaba ya no existe.
“La fiscal responsable de la investigación, la persona que no hizo nada, se atrevió a decir que a mi hija la habían asesinado porque era una prostituta. Yo me puse a llorar del dolor que me dijera eso. ¿Cómo pueden saber eso?, encima que no hacen nada, manchan la memoria de una persona que ya está muerta”, dice Rosa. “Toda mujer que matan, todas son prostitutas, según las noticias, todas son mareras. ¿Cómo saben?, y aunque lo fueran, las autoridades tienen la responsabilidad de hacer justicia, de investigar.”
Ante la falta de respuesta a nivel nacional Rosa decidió golpear puertas fuera de Guatemala y llevar el caso de María Isabel hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la institución regional de más alto nivel de las Américas, que está estudiando la denuncia y se pronunciará en los próximos meses. Si encuentran que el Estado ha fallado en investigar el asesinato de María Isabel de manera eficaz, la comisión puede presionar al gobierno a tomar acciones.
“Todo esto me causa dolor, coraje, ira, impotencia, pero seguiré luchando, por la memoria de mi hija y la de las otras mujeres”, dijo Rosa desde su casa, en Guatemala, con la misma fuerza de hace una década, como si el tiempo no hubiera pasado.
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