La decisión de la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, irrita, pone los pelos de punta, enerva. Se puede llegar a tolerar, en el marco de la convivencia democrática, la existencia de un grupúsculo religioso ultraconservador y fundamentalista con propuestas disparatadas como eliminar del país la existencia y el uso de todos los anticonceptivos por considerarlos erróneamente “abortivos”, y pretender así impedir el cumplimiento del flamante Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero lo intolerable es que semejante propuesta encuentre eco en la Justicia.
En principio, la jueza Lascano desconoce el texto constitucional que incorporó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que hace expresa referencia al compromiso de los Estados Parte (entre ellos la Argentina) a adoptar políticas apropiadas y dictar legislación específica para posibilitar a las mujeres el “acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación familiar”. La entrega y distribución de anticonceptivos está prevista en la Ley 25.673, sancionada el 30 de octubre, y forma parte del programa encarado por el ministro de Salud, saliente y entrante, Ginés González García.
Bajo la apariencia de hacer lugar a un recurso de amparo, la jueza Lascano se está pronunciando sobre una política sanitaria implementada por el Estado nacional y legislada mayoritariamente por ambas Cámaras del Congreso de la Nación. La jueza Lascano está violando así la división de poderes también contemplada en la Constitución Nacional. Por una actitud similar fue reprendida por la Cámara de Apelaciones de Córdoba apenas dos meses atrás, cuando ese tribunal revocó otro fallo suyo que declaró inconstitucional el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. En ese momento, el tribunal de segunda instancia consideró que había cometido “abuso jurisdiccional con gravedad institucional”. La jueza Lascano no aprende de sus propios errores.
El caso podría quedar en la anécdota de una jueza talibana en la Argentina. Seguramente, la Cámara de Apelaciones volverá a reprenderla y el fallo será revocado. Tal vez, incluso, el Consejo de la Magistratura determine su destitución. Se podría rescatar, entonces, el masivo repudio que despertó la sentencia en todo el país, en diversos sectores, más allá del movimiento de mujeres; incluso hasta en el mismo Arzobispado de Córdoba. Pero existe un peligro latente. ¿Qué podría suceder si el proceso judicial continúa y, tal como ocurrió con el primer fallo polémico de Lascano en el que prohibió la anticoncepción de emergencia, la Fundación 25 de Marzo llega con su reclamo hasta la Corte Suprema de la Nación? En ese ámbito, la jueza Lascano ya ganó una batalla hace un año, cuando consiguió un dictamen favorable en su embestida contra el Inmediat de Laboratorios Gador, una de las versiones de la llamada píldora del día después. Aquella sentencia respondía al pedido de otra entidad ultraconservadora, ésta sí perteneciente a la Iglesia Católica, que pidió terminar en el país con el uso del anticonceptivo de emergencia. La jueza Lascano hizo lugar al pedido y, aunque la medida fue rechazada por el tribunal de segunda instancia, la Corte la admitió: sin ningún basamento científico –como ocurre ahora–, el máximo tribunal de Justicia avaló aquel planteo fundamentalista y prohibió a la píldora del día después por “abortiva”. Afortunadamente, un error en el nombre comercial impidió que la sentencia de la Corte pudiera aplicarse. El planteo del sacerdote y abogado Fernando Altamira, mentor de la cruzada contra los anticonceptivos, es absurdo por donde se lo mire. Por un lado, no tiene ningún fundamento científico, porque los anticonceptivos hormonales funcionan como anovulatorios y no como abortivos; tampoco tienen ese mecanismo de acción los dispositivos intrauterinos actualmente en venta. Por otro lado, las mujeres usamos contraceptivos para evitar embarazos no deseados y de esta forma no tener que recurrir a un aborto. Pretender luchar contra el aborto sin anticonceptivos es ridículo. El peligro, entonces, no está en el pensamiento ultramontano de Altamira: está en la Justicia.