“Quiero volver a ser como antes”, rogó en Cámara Gesell una niña entrerriana de 11 años embarazada y víctima de abuso sexual, frente a los funcionarios del Juzgado de Familia de Concordia. “Antes” alude quizás a las horas o los días previos a aquella tarde en que visitó a su abuelo en el departamento de San Salvador y fue abusada por un individuo de 17 años, conocido de la familia. Ese “antes” también apela con desesperación a la práctica de un aborto no punible al que tiene derecho inalienable por su condición de niña, porque su salud psicofísica está comprometida, porque se trata de una violación. Su madre actuó con celeridad desde el principio, siete días atrás, al llevarla al Hospital Regional San Miguel de San Salvador, temiendo una apendicitis por el estado nauseoso de la nena y volvió a hacerlo luego de recibir el informe médico de las 12 semanas de gestación, al exigir una interrupción voluntaria e inmediata del embarazo que no se le concedió. Por toda respuesta, el director de la institución, Juan Augusto Arletaz, judicializó el caso y radicó una denuncia por abuso sexual a cargo del fiscal Juan Malvasio, del departamento judicial de Colón, al que pertenece San Salvador, mientras que el pedido de aborto terapéutico realizado por la abogada Susana Benítez lo tramita el juez de Familia Raúl Tomaselli en Concordia, un provocador que relativizó la importancia de la cuestión: “Habrá que ver si me dan los plazos para resolverlo”. El comité de obstetras y pediatras del Hospital Masvernat, de Concordia, donde la niña fue revisada e interrogada por segunda vez, comunicó que “el examen clínico ecográfico indica que cursa un embarazo normal, y no amerita interrupción por riesgo obstétrico”. Su director, Orlando Elordi, dijo que sólo se practicará la intervención “si hay orden judicial” y celebró que la chica “se encuentra en perfectas condiciones físicas de afrontar el embarazo; el feto se encuentra también en muy buen estado desde el punto de vista clínico”. El cierre lo firma nada menos que un ministro de Salud provincial, el cirujano Hugo Cettour, para quien “no existen razones que ameriten la interrupción por riesgo. Me baso en especialistas amigos, que dicen que la niña puede seguir el embarazo como muchísimas adolescentes. El caso no entra dentro de la tipificación del Código Penal, para que un médico realice la interrupción del embarazo sin autorización judicial. Yo avalo la posición de los médicos del hospital contraria a practicar un aborto a la niña”.

Son ejemplos de brutalidad institucional aplicables a cientos de casos, como el más reciente de la adolescente embarazada de Misiones, que había sido violada por su tío en 2011. Otro ex ministro de Salud local, Luis Jacobo, se había desentendido del caso, y el obispo de Posadas, Rubén Martínez, dijo que quien realiza un aborto “termina muy dañada. La vida de la mujer sólo cuenta como vida de madre en potencia”. En conjunto, los gobiernos provinciales de la región bajan un discurso político inquietante al reconocer que no se está logrando disminuir los índices de embarazo adolescente, pero responsabilizan a la falta de contención familiar. “No es casual que la primera madre del año en la ciudad de Posadas haya sido una joven de apenas 15 años”, argumentó el actual ministro de Salud, Oscar Herrera Aguad.

En el caso emblemático de LMR, una joven de 25 años cuya edad mental no supera los 10 y fue abusada presuntamente por un tío en 2006, su familia también debió soportar las “visitas” del entonces rector de la Universidad Católica de La Plata, Ricardo Manuel de la Torre, para ofrecerle dinero a la madre de la chica y presionarla para que su hija continuara con el embarazo y diera al nacido en adopción.

“Judicializan estos casos, manipulan a las familias, invaden su intimidad y mantienen a las víctimas cautivas en los hospitales, con órdenes de internación. Esto se convirtió en un asunto de violación de los derechos humanos”, alertó Lucía Sánchez, integrante de la Línea Aborto: más información menos riesgos, y de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. “En diciembre de 2010, el Comité de Derechos Económicos Sociales Culturales de Naciones Unidas emitió una recomendación específica para la Argentina, en la que se advierte sobre las tremendas disparidades provinciales respecto del embarazo infantil, y aconseja garantizar de manera igualitaria el acceso a los abortos legales y a los sistemas de salud, insumos, y servicios para disminuir los riesgos pre y posaborto, como políticas de reducción de daños. A esta niña, los efectores de salud de los hospitales entrerrianos le negaron el acceso a la información sobre misoprostol y a los contenidos de la Guía sobre Aborto no Punible del Ministerio de Salud de la Nación.”

–¿Por qué cree que le niegan sistemáticamente sus derechos?

–Se sabe que después de la semana 12 pueden practicarse abortos no punibles, por lo que creo que el objetivo de las mentiras es la dilación. Está claro que quienes manejan la información son los directores de ambos hospitales. Sería sorprendente que hayan actuado por desconocimiento de los protocolos vigentes, y en todo caso la niña sigue teniendo derecho a ser informada sobre diferentes alternativas de interrupción del embarazo. Por lo que se ve hasta hoy, no parecen dispuestos a brindarle opciones.

–¿Qué actitud debería adoptar su familia?

–En otros casos se realizó un cambio de operador o de jurisdicción donde se garantice que se realizará esa práctica. Lamentablemente, hay operadores que no representan lo que establece la política estatal. Todavía existe una gran resistencia.

–Una vez más la Justicia se coloca en un rol revictimizador.

–La Justicia podría resolver en forma favorable. Se corre de su eje en declaraciones que revictimizan a la niña, con la excusa de que existe un riesgo para su salud, cuando los abortos que se realizan por anencefalia son de casi 30 semanas. Nunca va a ser más riesgoso que un parto natural o una cesárea.

Por su parte, la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, del Servicio de Ginecología Adolescente del Hospital Argerich, sostuvo que “si la niña tiene 11 años no puede considerarse relación consentida, es una violación”. En declaraciones radiales, Vázquez advirtió que “ninguna persona violada puede llevar adelante un embarazo si no lo quiere. Más allá de los 11 años que tiene, la ley ampara esta situación para cualquier mujer violada que puede interrumpir el embarazo. Los profesionales no necesitan recurrir a la Justicia. Es un error garrafal y dilata el tiempo”.

Silvia Primo, representante del Consejo Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) en su sede de Paraná, adelantó que “exigimos la resolución inmediata y que se garanticen los ejercicios plenos del derecho. No olvidemos que este embarazo fue producto de un abuso a una menor de edad”. Además, “el ministro de Salud de Entre Ríos no está de acuerdo con el aborto, por lo tanto su informe no es científico, sino ideológico, y aquí la decisión ideológica de continuar con el embarazo pone en riesgo la vida de esta niña y la somete a un futuro que ella no desea”.