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Una vez más la Asapmi debe manifestarse para poner en evidencia hechos que atentan contra la implementación efectiva de una política de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El día 9 de enero de este año, un grupo de profesionales y técnicos/as con su directora al frente renuncian a continuar sus tareas en el Area de Promoción y Protección de Derechos de la Municipalidad de San Fernando.

Estas renuncias se unen a un conjunto de medidas que se han tomado en todo el país consistente en dimisiones, ajustes de presupuestos, despidos de personal, desactivaciones de equipos de trabajo enteros y otras decisiones que precarizan, deterioran, impiden o lisa y llanamente anulan cualquier intervención del Estado en defensa de las víctimas de malos tratos, en especial cuando se trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Un doble discurso ha hegemonizado el espacio mediático argentino, por el cual parecería que son vertidos grandes esfuerzos en defensa de las víctimas, cuando en realidad ellas se encuentran cada vez más desprotegidas. Este doble discurso se apoya en que, desde el punto de vista macropolítico, en apariencia las víctimas cuentan cada vez más con múltiples organizaciones proteccionales, importantes subsidios económicos y legislaciones pertinentes a su defensa, tal vez como nunca en este país. Sin embargo, las micropolíticas no siguen el mismo trayecto. Abandonadas al personalismo de cada gobierno municipal, provincial, o simplemente barrial, suelen estar fragmentadas en un sinfín de organizaciones que hacen lo mismo. Cada una de éstas puede actuar como le da la gana, como para que las víctimas sigan siendo cada vez más víctimas. Con total impunidad, hasta a veces desconocen la Convención de Derechos del Niño y las leyes sancionadas en este país, para imponer conveniencias políticas o sectoriales de turno, que no vacilan en desmantelar esfuerzos de muchos años, sólo para garantizar lealtades y asegurar productividades, como si las víctimas de la violencia en sus diversas formas fueran tuercas en un mecanismo industrial imaginario. (...)

Si como sociedad aspiramos realmente y sin hipocresías a que nuestros niños, niñas y adolescentes, así como las víctimas de todo tipo de violencias puedan vivir y ejercer en plenitud sus derechos en nuestro país, es imperioso que denunciemos las incongruencias entre lo que se declama y lo que efectivamente se hace.

Desconocer la importancia de las intervenciones llevadas a cabo por profesionales formados/as específicamente en un tema de altísima complejidad lleva a suponer que todo da lo mismo, que cualquiera puede intervenir en cualquier cosa. Y si, a pesar de las denuncias, este proceso se acentúa como lamentablemente parece estar ocurriendo, entonces estamos frente a una política que claramente se define por la no defensa y protección de las víctimas. Puras declamaciones, nada de contenidos.

De esta manera, al igual que las víctimas de la violencia, los niños, las niñas y adolescentes, las mujeres u otras minorías, los/as profesionales dispuestos/as a protegerlas quedamos solos/as en los territorios escolares, profesionales, de trabajo, barriales; en la protesta y el ejercicio del derecho de proteger a los que han sido excluidos de hecho; en el rechazo a toda imputación malvada y cruel de servir a “operaciones” tramadas por aparatos políticos.

*Asociacion Argentina de Prevencion del Maltrato Infanto-Juvenil