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En el año 2009 nuestro país dio un paso significativo para combatir la violencia contra las mujeres: el Congreso nacional aprobó la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. No obstante, aún queda mucho por hacer.

Actualmente en la Cámara de Diputados trabajamos para la modificación al artículo 80 del Código Penal para establecer la figura de femicidio. Entendemos que esta modificación es un gran avance pero el delito como figura autónoma mejoraría su interpretación: tipificarlo es una forma de visibilizarlo. No obstante, creemos que es fundamental avanzar en la discusión del femicidio intentando lograr consensos entre los distintos bloques políticos.

Debemos empezar a hablar del femicidio –asesinato de mujeres por el solo hecho de serlo– y entender que es el último eslabón de la cadena de una violencia evitable. Generalmente, la pareja, compañero, novio o ex es denunciado previamente por la víctima. Antes de esa muerte hubo avisos, violencias verbales, simbólicas, económicas y físicas. Sin embargo, por diversas causas que deben ser revisadas y modificadas, hay una desatención de estas formas de violencia y una minimización cuando se hacen las denuncias. Muchas veces no se protege en forma adecuada la vida de quien está siendo amenazada y, al final, se produce el femicidio.

La incorporación del femicidio en el Código Penal es importante, pero es un elemento más de un conjunto de medidas para enfrentar la violencia de género. Es fundamental y prioritario elaborar, reforzar y hacer cumplir las políticas públicas de atención y asistencia a las víctimas de violencia, garantizar las medidas de protección y servicios de asesoramiento y destinar los recursos económicos necesarios.

Se deben implementar y fortalecer las políticas públicas apropiadas para prevenir estas expresiones extremas de violencia que son los femicidios. Las políticas deben estar dirigidas a la capacitación y sensibilización de los operadores del sistema (jueces, fiscales, defensores), quienes, muchas veces, se ven influenciados por estereotipos y prejuicios de género dentro de un orden patriarcal que impide al Poder Judicial dar cuenta de nuestros derechos. Muchos jueces y juezas suelen tener diferentes interpretaciones sobre los homicidios agravados por el vínculo y, particularmente, cuando el homicidio es a una mujer es atenuado por “los celos” y pasa a ser un “crimen pasional”, cuya causa es la relación desigual de poder y cuando un crimen se define como pasional, sin dudas, se lo está legitimando.

* Diputada nacional del GEN en el Frente Amplio Progresista (FAP).