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Podría decirse que la hora cero de todo el asunto fue cuando Cristina Fernández contó a mediados de diciembre que “anoche pasó algo muy feo. Hay un divorcio entre la sociedad y la Justicia, yo no lo podía creer cuando me lo dijeron”. La consternación, al fin, se la produjo el fallo por el caso de Marita Verón, a esta altura un escándalo nacional de la impunidad. Entonces, Cristina lo dijo: “Humildemente, es hora de que cada uno de los poderes del Estado nos hagamos cargo de las cosas que pasan. Me comprometo a impulsar un proceso de democratización de la Justicia”. Salvando el antecedente del documento “Una Corte para la democracia”, que elaboraron siete organizaciones durante la crisis de 2001, nunca antes el Poder Judicial había sido pasto de debate público, mediático, cultural y con la perspectiva de género ahí, mordiéndole los talones. La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), simplifica y aclara. “Hay que modificar a todos los operadores del derecho, y eso incluye a abogados y abogadas. Hablamos un idioma distinto, de formalismos innecesarios, poniendo distancia con la gente y sobre todo poniendo distancia desde el Poder Judicial y quienes administran justicia respecto del resto de la sociedad que se denominan judiciables.”

Es la primera vez en décadas que se discute públicamente el Poder Judicial como sistema que no responde a las demandas sociales.

–El Judicial es el último poder del Estado en el que la sociedad puso la mirada, pero está bien recordar que se empezó antes, en 2001-2002, con la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que formularon “Una Corte para la democracia”, después de una década terrible, con un Poder Judicial encabezado por una Corte Suprema vergonzosa, que había tomado decisiones de trascendencia contrarias al derecho y al sentido de justicia. Era la crisis de 2001 y era el momento de mirar qué Corte queríamos para esta democracia, y se propuso, entre otras cosas, que hubiera alguna forma de participación o consulta no vinculante de la sociedad respecto del proceso de designación de jueces y juezas en general, y de los miembros de la Corte.

La Presidenta vislumbró en ese fallo del juicio por Marita Verón la bisagra para el debate, si bien había empezado a marcar la cancha en su discurso del 9 de diciembre en la Plaza de Mayo.

–El caso Marita Verón es paradigmático por traer a la luz un delito aberrante como es la trata de mujeres para explotación sexual y por todo lo que se generó socialmente a partir del trabajo fenomenal que lleva adelante Susana Trimarco. Había muchas expectativas puestas en ese juicio y creo que el reclamo de la Presidenta sobre la democratización del Poder Judicial tiene que ver con el monitoreo de lo que la Justicia decide y cómo lo decide, y con la rendición de cuentas. ¿Por qué el Poder Judicial no debe rendir cuentas también, en la medida en que son procesos tan públicos y tan difundidos mediáticamente y que generan debate? Y puede hacerlo dando razones jurídicas fundadas y comprensibles para la sociedad sobre las decisiones de absolución o de condena.

La culminación de ese juicio fue un monumento al desconcierto después de un proceso interminable, de una burocracia perversa. Aquí no cabían los “puntos de vista” en disidencia.

–La Justicia desconcierta. En un proceso penal, los jueces resuelven sobre las pruebas que tienen en el expediente y que se logran sobre los procedimientos legales vigentes. Y la condena social va por otro lado. En este caso hay una discusión pendiente sobre la valoración de las pruebas y otra sobre el proceso que llevó a la valoración de esas pruebas. En este punto hay que reclamarles a todos los que hicieron la investigación, que son muchos más que las tres personas que terminaron absolviendo como absolvieron.

¿Es el ahora o nunca para debatir la simplificación de los procesos, las cautelares, la burocracia judicial que atrapa y empantana a las víctimas y a sus hij@s?

–Es una deuda pendiente que no cae tan de maduro en todos los temas. Obviamente, todos y todas queremos que se respeten las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales, más cuando está en juego la libertad de las personas. Pero también queremos que se logre el objetivo de hacer justicia, y eso no debería ser incompatible. Sobre todo debe contemplarse la burocratización innecesaria de los procesos cuando no están aportando nada, y eso lo vemos en los casos de abuso sexual infantil o de algunas formas de violencia contra las mujeres, con procesos abiertos por años, manteniendo judicializados a menores, a sus familias y a sus madres, que son las que impulsan estos procesos, donde la intervención de diferentes instituciones del Estado parecieran no aportar demasiado. Una se pregunta cuál es el objetivo de esta situación eterna sin condena ni absolución. Y mientras tanto los niños y las niñas crecen en medio de una vida insólita.

En una columna de opinión publicada en febrero en este diario, la doctora Eva Giberti decía que “si la Presidenta avanzó con la necesidad de democratizar la Justicia, este ejercicio (...) podría incluir a aquellos magistrados que defienden prejuicios, ignorancias y perversidades”.

–En el Observatorio de Sentencias Judiciales de ELA encontramos que las decisiones judiciales más horrorosas son las vinculadas con abuso sexual infantil o violencia sexual. Es urgente trabajar estos temas desde el punto de vista del acceso a la Justicia. Ya no hay tantas decisiones del Poder Judicial que sean terriblemente prejuiciosas respecto de las mujeres en la protección de otros derechos, obviamente que hay muchas en los casos de aborto, pero encontramos más relacionadas con abuso sexual infantil o violencia sexual. Creo que porque tiene que ver con la otredad, con lo monstruoso. Entonces (los jueces) clausuran la posibilidad de que haya sucedido y cuestionan a la madre, que por lo general es la que impulsa esos procesos. Es más fácil decir que está loca, que utiliza a sus hij@s para otros fines. La concepción patriarcal y machista de esta sociedad habilita con más facilidad eso antes que la posibilidad de que haya personas capaces de ejercer abuso sexual sobre menores o violencia sexual contra mujeres.

LA JUSTICIA ENCAPSULADA

Gherardi enfoca los tiempos judiciales, porque ahí se encapsula gran parte de toda esta historia. Por caso, hoy una sentencia de Casación para el fuero penal ordinario puede tardar entre tres y cuatros años. “No siempre el Poder Judicial absuelve a la persona acusada de abuso o desestima la denuncia. A veces deja abierto el proceso por una decena de años.” Y ahí se descubre “no solamente la intervención explícita de clausurar la discusión sino la utilización perversa del sistema para demorarlo por años, para no resolver, para mantener el statu quo, la presunción de inocencia y mientras tanto los niños y las niñas crecen, y perpetuás la forma de abuso”. A veces, y encima, “terminás promoviendo la revinculación. Total, como no se probó... Esa es la perversión. Debemos mirar longitudinalmente esos procesos y ver dónde se obtura y qué está pasando con los actores que se involucran a lo largo del caso. Revisar qué actitudes adoptan las y los operadores del sistema de Justicia donde jueces y juezas no son los únicos, también están las y los fiscales las y los defensores de menores. Cuánto se involucran, qué resuelven y qué no resuelven, qué dejan dormir para siempre”. Se trata de monitorear la sustancia de que está hecha la mirada de la Justicia. “Monitorear cómo se administra justicia para pedir la rendición de cuentas. Eso para mí también es democratización.”

¿Cómo se democratiza la Justicia desde una perspectiva de género?

–Sobre eso hay que trabajar. Las mujeres en el Poder Judicial no son garantía de género de ninguna manera, hay que decirlo. Tiene que haber mujeres en el Poder Judicial, pero por otros motivos. Es requisito de legitimidad democrática de los poderes públicos que sean más diversos, más plurales, con más equidad de género. Tiene que haber más mujeres en el Poder Judicial porque tiene que haber más mujeres en los lugares de decisión. Ahora, de ellas espero que resuelvan de acuerdo con los principios de equidad de género, deben tener entre los principios rectores el respeto por los derechos humanos del resto de las mujeres. La sociedad debe saber quiénes y cómo conforman la Justicia, la publicidad de los actos, de las decisiones, la información estadística de los tiempos procesales, para exigir la mejora de la propia actuación de la Justicia.

¿Y por qué no exigirles una visión humanizada? El juez Carlos Rozanski dice, a propósito del caso de Carla Figueroa, que “no puede haber mayor ofensa a la condición humana que aquella muerte que pudo evitarse con un poco de sensibilidad”. No habla de brillantez sino de un mínimo de humanidad para “decidir lo que haya que decidir”.

–Sin duda que falta una visión humanizada en la Justicia. A veces se da, sobre todo en el tema de violencias contra las mujeres, lo que desde ELA llamamos “el fracaso de los casos exitosos”. Porque formalmente las mujeres hacen la denuncia, que es tomada, y la medida de protección es concedida. Todos los pasos se dan correctamente, pero al final del día la mujer sigue padeciendo el mismo problema. Todos cumplen con su parte del deber pero nadie se pone al hombro a la persona que está detrás de ese caso, que tiene muchos problemas que el Poder Judicial no puede resolver. El juez no puede dar una vivienda, pero sí la política pública. Si hubiera una política pública más integral, podríamos reclamarle al Poder Judicial que coordinara adecuadamente con la política pública y que se preocupara de hacer que las soluciones lleguen. Porque es difícil para una mujer saber dónde ir a pedir qué cosa. Y ella pide lo que sea en el lugar donde la escuchan.

En la ciudad de Buenos Aires hay muchos sitios donde recurrir, casi laberínticamente.

–Sí, y casi todas las instituciones públicas tienen un espacio vinculado con violencia. El problema es que muchos de estos organismos no se conocen ni articulan entre sí. El Poder Judicial es en sí mismo un laberinto, ocurre en toda Latinoamérica. Hay mayor conciencia sobre la violencia contra las mujeres, porque hay un convencimiento genuino de muchos y muchas cabezas de instituciones de los poderes del Estado en la región de que la violencia contra las mujeres es un problema que hay que erradicar. Pero la coordinación, el diálogo interinstitucional y las políticas de articulación son insuficientes. Lo que se tiene entonces son muchas respuestas fragmentadas. Para la mujer víctima es un laberinto insuperable.

¿Qué espera de los proyectos de reforma del Reglamento para la Justicia Nacional que se están elaborando?

–Es una gran incógnita. Si van a intentar reglamentar el acceso a los lugares de poder en el Consejo de la Magistratura y en otras estructuras, por lo pronto esperaría que conserven los estándares del decreto 222 de 2003 en cuanto a la diversidad. Que los cuerpos colegiados no puedan ser integrados sólo por personas del mismo sexo. En términos formales es lo mínimo que puede esperarse. Sería altamente deseable también la diversidad geográfica, romper con el centralismo.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema recorre el país dando talleres de capacitación con perspectiva de género.

–Que sea la Corte en coordinación con los tribunales supremos provinciales la que baja obligatoriamente la necesidad de incluir perspectiva de género y conocimiento de derechos de las mujeres tiene un impacto político de enorme importancia, pero no es suficiente. Creo que algunas de las personas que participaron de esos talleres pueden haberse convencido y haber mejorado sus prácticas y decisiones, y su forma de trabajar. Con el tiempo habrá que medir el impacto de esas capacitaciones. Es también una iniciativa que ha tenido la Defensoría General de la Nación para los integrantes de la defensa pública. Vamos a ver qué hace la procuradora Alejandra Gils Carbó para el universo fiscal.

SON LOS DERECHOS HUMANOS, ESTUPIDO

El 2012 se vio atravesado por un recrudecimiento de la violencia de género en todo el país. Fueron registrados en promedio cinco femicidios por semana y en total fueron asesinadas 255 mujeres por el sólo hecho de serlo. El 63 por ciento murió a manos de su esposo, amante, novio o ex pareja. El fenómeno de la violencia sexista dejó a 357 hijos e hijas huérfanos, 248 de ell@s menores de edad, según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, de La Casa del Encuentro. En infinidad de casos, las niñas y los niños vuelven a vivir con el victimario o con la familia de aquél. “Existen proyectos de ley e iniciativas apoyadas por organizaciones de mujeres para que la condena del femicidio implique la pérdida de la patria potestad”, apunta Gherardi. “Para que no quede a criterio individual del juez o la jueza que deben resolver la tenencia que, entre paréntesis, hoy podrían resolver perfectamente: no se le da el niño o la niña en guarda a la familia del victimario. Punto. Pero para que no haya duda, es necesaria una ley que lo establezca.”

Vuelta al círculo cerrado de la ceguera judicial, la deshumanización y la falta de sentido común.

–Es mucho más que sentido común, son los principios de derechos humanos y la constitucionalidad de las normas. Jueces y juezas tienen el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes que aplican. El Poder Legislativo dicta las normas y el Poder Judicial las interpreta y las aplica, pero éstas no pueden ser contrarias a los principios constitucionales y de derechos humanos incluidos en la Carta Magna. Y ese poder enorme es lo que está en cuestión respecto de todos los debates mediáticos, como por ejemplo el de la ley de medios. El problema aquí es con qué perspectiva se ejerce ese control. En algunas leyes en particular hay un espacio de discrecionalidad que no quiere decir arbitrariedad, sino un espacio para la interpretación fundamentada de la norma. En el caso de Carla Figueroa y el avenimiento, los jueces aplicaron el Código Penal vigente; el Poder Legislativo lo derogó con bombos y platillos después del escándalo, antes los proyectos siempre habían sido ignorados.

Pero los jueces no estaban obligados a aplicar la figura del avenimiento. Cualquier norma debería reparar las violaciones a los derechos humanos de mujeres víctimas y restituirles su estado de bienestar anterior. Nada de esto sucedió en el caso de Carla Figueroa.

–Por supuesto. Los jueces no estaban obligados a resolver como lo hicieron. De hecho, el proceso estaba sujeto al control del Poder Judicial y hubo jueces y operadores de Justicia varones que se opusieron con muy buenos argumentos a conceder el avenimiento. El Poder Judicial siempre tiene margen para tomar una decisión, no está obligado a resolver por blanco o negro. Hay espacio para la valoración, para la fundamentación desde una perspectiva de derechos humanos, que además están obligados a hacerlo según lo establece la Constitución. Y esto también es parte de lo que tenemos que monitorear, saber cómo leen lo que leen, ven lo que ven y deciden lo que deciden.