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Por Maria Elena Barbagelata*


La creación de una fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual en la Ciudad de Buenos Aires tiene por objeto generar un ámbito especializado a los efectos de recibir denuncias, recolectar pruebas y preservar adecuadamente, proporcionar asistencia directa e integral a las víctimas de delitos como la violación y centralizar las informaciones derivadas de este tipo de comportamientos para realizar un mapa del delito.
En la Argentina se denuncian cerca de 22 hechos de este tipo por día. Pero teniendo en cuenta que las denuncias sólo dan cuenta de entre el 10 y el 20 por ciento de estos sucesos, pues muchas víctimas se abstienen de denunciar o pedir ayuda por temor a sufrir incomprensión o descreimiento, puede establecerse que se cometen alrededor de 220 violaciones, abusos sexuales y otros delitos contra la integridad sexual por día en el país. Datos publicados recientemente de un relevamiento de todas las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires –donde se realiza una denuncia de violación cada 38 horas– ponen de manifiesto la magnitud del problema y la ausencia de políticas públicas integrales que lo aborden.
Existe amplio consenso en los diferentes ámbitos comprometidos en la prevención y asistencia a víctimas de delitos sexuales con los que se viene trabajando desde el año pasado en la implementación del Programa de asistencia a las víctimas de delitos sexuales en la Ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad, desde la Dirección General de la Mujer se convocó a la Procuración General de la Nación, al Colegio Público de Abogados, a la Secretaría de Salud (Hosps. Alvarez y Muñiz), al Centro de Atención a Víctimas de Violación de la Policía Federal y al Cecym. Desde este ámbito se impulsó la elaboración de un protocolo de atención en salud para los casos de violación que especifica el procedimiento a seguir en casos de violación. Recientemente, la Secretaría de Salud, a través de una resolución, dispuso su puesta en práctica en todos los hospitales de la Ciudad.
La experiencia de la Fiscalía especializada ha sido desarrollada con gran acierto en la ciudad de Mar del Plata, que en casi dos años de actuación logró pasar de 8 denuncias por mes a recibir 40, e incrementó notablemente la cantidad de condenas logradas en los juicios. En la Reunión Consultiva que realizamos a mediados de julio, en la Cámara de Diputados de la Nación, se estudió esta exitosa experiencia. Allí la atención a las víctimas se realizó en el marco de una inmediata acción integral: a los pocos minutos de la denuncia la fiscalía ya tomaba intervención y se asistía y contenía a la víctima, administrando con los efectores de salud, los retrovirales y la anticoncepción de emergencia necesarios para evitar el contagio de sida y los embarazos. Se promueve la obtención de pruebas con todas las garantías que requiere el proceso. De esta manera se puede realizar un estudio de ADN para arribar al juicio con un ciento por ciento de probabilidad de que el individuo que esté acusado sea el que cometió el delito. También se construyó un mapa del delito que accionó la prevención vecinal y policial.
Las ventajas de la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual pueden sintetizarse en tres aspectos: en primer lugar, brinda un ámbito especializado para la recepción de las denuncias, en un marco de contención y abordaje que permite evitar la revictimización de los afectados. En segundo lugar, procura la inmediatez del fiscal con el hecho a investigar y, con ello, la eficiencia de la persecución penal enfrentando así la impunidad de la que hoy gozan los autores de estos delitos. Por último, procura un control y coordinación más efectivos sobre los órganos policiales que investigan el delito. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Justicia, ahora le espera la de Presupuesto antes de llegar al recinto.
Nunca más casos como los de la joven Tejerina de Jujuy y de tantas otras anónimas víctimas que nunca pudieron elegir, ni romper su silencio.
Avanzar en la creación de un programa nacional de prevención y asistencia y en la implementación de una fiscalía especializada en delitos sexuales ayudará a romper el silencio, modificar las prácticas discriminatorias y denigrantes enquistadas en las instituciones y avanzar en el respeto por los derechos humanos.

* Diputada de la Nación.