Por Sonia Santoro

Debe haber más juezas mujeres, sobre todo si la ley sigue con sus vicios sexistas y ellas provienen también de las clases medias blancas como los varones; la diferencia es que las víctimas mujeres se sentirán probablemente mucho mejor si tienen una mujer enfrente.” Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó en el Seminario de Acceso de las Mujeres a la Justicia, organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Asociación por los Derechos Civiles y auspiciado por el British Council, que se llevó a cabo el 22 de octubre en la Embajada del Reino Unido. Más tarde se conocía la dimisión de Guillermo López a la Corte Suprema, y la posibilidad de que una mujer ocupara un banquillo en el máximo tribunal empezó a hacerse más palpable. Más allá de este posible avance, en la relación entre las mujeres y la Justicia, como se vio en el seminario, todavía hay muchos temas pendientes.
“Ciudadanos y más aún ciudadanas se enfrentan con grandes barreras que responden a falta de recursos para llevar a cabo acciones judiciales, prejuicios, miedos, falta de conocimiento de sus derechos y de cómo defenderlos. Pero quienes administran la Justicia también enfrentan serios problemas. Por eso nos pareció importante que el seminario planteara el tema desde ambos ejes”, explicó Monique Thiteux-Altschul, presidenta de MEI, haciendo un balance de la jornada. Allí, panelistas que representan a ONG de mujeres y de derechos humanos opinaron sobre cómo optimizar el acceso a la Justicia. En otro panel, abogadas, abogados y juezas analizaron los obstáculos que enfrentan en su trabajo y propusieron distintas estrategias aplicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La inglesa Elizabeth Woodcraft, presidenta de Right of Women, inició el seminario con un panorama de la situación en su país (en el que tampoco hay mujeres en la Cámara de los Lores). Señaló que en el Reino Unido se obliga a las mujeres a comparecer sistemáticamente cuando son víctimas de violencia. “Así, el problema pasa a la comunidad y deja de depender sólo de la mujer”, dijo. Contó que hay una ONG, Justicia para las Mujeres, que defiende a las mujeres que mataron a su compañero violento porque “todo el sistema legal responde a las necesidades de los hombres”. Y dio un dato escalofriante: mientras el 9 por ciento de los hombres violentos son muertos por sus mujeres, el 50 por ciento de las mujeres mueren a manos de sus parejas violentas.
Aunque en la Argentina no hay cuantificaciones de ese tipo, Altschul reconoce que “compartimos gran parte de la problemática y las falencias de la Justicia en casos de violencia contra las mujeres”. “Cuando son las mujeres quienes apelan a la Justicia, los problemas se magnifican, ya que a menudo se trata de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, víctimas de violencia o de graves violaciones a sus derechos, con escasez de recursos económicos”, agregó. En el país, como apuntó Lidia Soto, ex presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, la legislación está actualizada desde el ‘94, cuando las convenciones de derechos humanos fueron incorporadas a la Constitución y quedaron por encima de los códigos y las leyes comunes. Víctor Abramovich, del CELS, recordó la Convención de Belem do Para, según la cual el Estado está obligado a remover los obstáculos que impidan el acceso a la Justicia de todo ser humano y debe adoptar un marco institucional para proteger a las mujeres de la violencia doméstica, aunque se dé en el interior de la familia. “El problema es que no todos creemos esto, aún hoy hay jueces que dejan de lado esos tratados por una ley menor”, remarcó Soto.
Beatriz Arza, del Centro de Atención a la mujer Maltratada de Mar del Plata, comentó que en marzo del 2003, fue desactivada una fiscalía que atendía a mujeres, niños y niñas, y que había logrado mediante un trabajo en red con el hospital Materno-Infantil, la policía y los fiscales, actuar rápido y efectivamente en los casos de violencia. Había creado un comité de abuso, entregaba “la píldora del día después” a las mujeres y cócteles de droga a los enfermos de HIV. “Una orden del fiscal general hizo que se levantara la fiscalía sin más explicación”, dijo Arza.
Otros panelistas señalaron que las campañas para difundir los derechos son necesarias pero que, además de conocer, hay que saber ejercerlos. Por eso se habló de la necesidad de diseñar un modelo de defensa para las mujeres afectadas por la violencia.
Entre las conclusiones más relevantes, resume Alstchul, “se advirtió que todavía falta trazar un buen mapa estadístico que indique cuántas mujeres mueren por semana en manos de su pareja o sufren otra forma de violencia familiar, cuántas recurren a la policía, cuántas acuden a otro tipo de ayuda como hospitales o centros de asistencia a la víctima”. Se planteó que un juzgado debe ser una unidad de gestión: “Los jueces y juezas deben comprometerse con su trabajo, salir al encuentro de quienes acuden a defender sus derechos, controlar que en mesa de entrada del juzgado se dé la atención e información adecuada”. Para esto es fundamental la capacitación sistemática de jueces y juezas en cuestiones de género y que en los planes de estudio de las Facultades de Derecho del país se incorpore la perspectiva de género. Y también la capacitación de la ciudadanía en la ayuda a las víctimas: “Que en las escuelas sepan cuáles son los pasos que deben seguir cuando llega un chico golpeado y puedan hacerlo sin temer sumarios posteriores; que un vecino o vecina sepa qué hacer cuando golpean a una mujer en su edificio o en la calle”.
Todo indica que la meta más próxima es que una mujer forme parte de la Corte Suprema. Aunque, como planteó Altschul: “No basta con eso, es urgente que se extienda la Ley de Cupos, con un piso del 30 por ciento a todo el Poder Judicial y al Poder Ejecutivo”. Y recordó que en las Cámaras Federales y los Juzgados Federales sólo hay un 12 y un 20 por ciento de mujeres, respectivamente.