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“Te preguntan si lo conocés al violador, si te lo presentaron, y todo el tiempo tenés personal masculino, cuando lo que menos querés es tener una persona del sexo opuesto enfrente tuyo. Vos estás colgada, abierta, y no tienen la más mínima delicadeza de colocarte una manta. Nada. Encima, los policías van pasando y te van mirando, se codean. Después te llevan a un hospital público, te vuelven a revisar y te vuelven a llevar a la comisaría. Y recién ahí te toman la declaración. En todo eso pasan 8 horas, y vos con el shock que tenés todavía no te pudiste bañar ni volver a tu casa.”

El relato sobre la segunda violación, después de una violación que sufrió en el 2001, lo hizo a Las 12 Candela González después de ser abusada, primero por un hombre y, más tarde por la policía. Su voz era tan tenue como un hilo. Pero su determinación era más fuerte. No quería que lo mismo le pasara a otras mujeres. Y, ya que a ella le había pasado, pretendía que eso sirviera para ayudar a las demás. A partir de entonces, Candela y su mamá, María Elena Leuzzi, fundaron la ONG Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi) y, desde el 2008, trabajaron en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por pedido de (la actual senadora) Gabriela Michetti, en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos contra la de Integridad Sexual dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El objetivo era ayudar a otras personas no sólo a superar el shock de la violación sino también a no ser maltratadas por la policía, a ser atendidas en los servicios de salud y a que la Justicia repare y no dañe a quienes deciden denunciar un delito que –todavía– sólo puede ser investigado por acción de la víctima.

Desde el 2008 hasta el 2 de enero de 2014 atendieron, aproximadamente, a cinco mil personas –niños, niñas, adolescentes, varones y mujeres– víctimas de violencia sexual. En un principio, en una oficina adecuada en Cerrito 628, pero desde hace dos años en Rivadavia 611, en un espacio con apenas medio escritorio, una silla y una computadora. La apuesta ya estaba arrinconada. Leuzzi fue a hablar con María Eugenia Vidal y la vicejefa de Gobierno porteño le dijo, según ella, que era vergonzoso que trabajaran en esas condiciones. Sin embargo, en el primer día laborable del año les anunciaron que la escucha, la compañía, la contención y orientación a quienes sufrieron la violencia en cuerpo propio se había terminado. Ya no alcanzaba el presupuesto para acompañar.

“El 2 de enero me llama Leonardo Szuchet (director general de Atención y Asistencia a la Víctima) para decirme que el programa se levantaba porque el presupuesto que había ingresado no podía sostener la atención a víctimas de delitos sexuales. Yo le pregunté cómo hacíamos y me dijo que no era su problema. No me dio tiempo para avisarles a las niñitas que están esperando que las acompañemos a la Cámara Gesell, a las adolescentes que intentaron quitarse la vida, a las jóvenes que están esperando que comience su juicio. Nos sentimos como cuando pasa un tsunami y queda todo devastado.”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, consultado por una movilera, sostuvo que no estaba al tanto del tema, pero que siempre trabajan para los más necesitados. “Se puede haber reasignado a otras (áreas) que son más importantes”, declaró, finalmente, en una muestra de que no es un recorte azaroso, sino una valuación de la relevancia, o no, de tener personas disponibles para que, por ejemplo, una mujer violada se anime a denunciar, a declarar ante la Justicia y a pedir en un hospital el kit anti VIH y la anticoncepción de emergencia.

Después de la repercusión pública del tijeretazo, la decisión de la gestión macrista fue dar marcha atrás, pero sólo para dejar el título de la oficina y vaciar su contenido. La orden fue que quedara el nombre, pero sin las trabajadoras contratadas –una abogada, una asistente social, una psicóloga y una administrativa– y sólo con personal de planta permanente. Una medida de costo cero: cero inversión y cero costo político.

La legisladora porteña María Rachid critica: “Es preocupante el desamparo en el que quedan muchas personas con la decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar el programa para la atención a víctimas de delitos sexuales. Más allá del las buenas intenciones y el compromiso de muchos de los trabajadores del área de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad, incluso de su funcionario, la verdad es que trabajan casi sin presupuesto en todos los programas. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad gasta casi un millón por día en publicidad”.

“Hemos retrocedido –enmarca Leuzzi–. En el 2014 estamos como en el 2001, cuando fue la violación a mi hija, que no había nada. Ahora hay comisarías de la mujer, pero no todas están preparadas para atender a las víctimas de abuso sexual. No está el abrazo y la palabra de una mamá que ya pasó por esto. Por eso yo voy a seguir atendiendo, aunque sea en el Obelisco.”