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En febrero de 2011, el signor Pietro Lamberti, trabajador social que ejercía en la ciudad de Catanzaro, en Calabria, fue condenado por tener sexo con una menor de edad. Entonces, la niña en cuestión tenía 11 añitos; el señor, 60. Siguiendo el asunto numérico, el hombre recibió una sentencia de cinco años tras las rejas, pero hete aquí la cuestión: en los últimos meses, el Tribunal Supremo italiano revisó el asunto, dio un giro inesperado y anuló el veredicto. ¿Por qué? Pues, porque, a su entender, no había contemplado el factor “enamoramiento”. En palabras precisas, la Corte argumentó haber “subestimado” el vínculo amoroso de la dupla... Nuevamente, el subrayado: él, jovato de tercera edad; ella, recontra prepúber. Aunque, acorde a su –viciada– lógica: qué importan las edades cuando de cuestiones del corazón se trata, ¿cierto?

“¿Sexo con una chica de 11? Sin daño no hay falta”, ironizaron algunas webs a lo largo y a lo ancho. Todas horrorizadas, dicho sea de paso, y con sobrados motivos. El primero y principal: que la Justicia haya justificado al pederasta al entender que “la víctima estaba flechada, dio su consentimiento, no se la forzó físicamente y había amor”. Curioso, entonces, que haya sido la propia pequeña –cuyo nombre no se ha develado– quien interpuso la demanda... Curioso también que los magistrados no se hayan preguntado: “¿Cuánto consenso puede ofrecer una niña que ni siquiera terminó la primaria?”

“La decisión del Supremo de repetir el juicio en la fase de apelación ha generado reacciones de indignación en las redes sociales, donde muchos han denunciado que los tribunales italianos están ‘validando la pedofilia’”, ofreció el medio español El País, haciéndose eco del hecho –viral, a esta altura–. Hecho que, por otra parte, presenta tremendos agravantes, como señala El Diario de Calabria. ¿Cuáles? Pues, que la muchachita es parte de una familia pobre, de escasos recursos, que había solicitado la asistencia profesional del empleado público. Y él, Lamberti, se comprometió a ayudar, poniendo a la niña bajo su ala, abusando de su posición de poder, comenzando –luego– el “romance”: comprarle un anillo, cortejarla, increparla con comentarios eróticos, pedirle que no develara la relación a su madre, que no lo llamara los fines de semana para no levantar sospechas. Decirle que debían llevarse “el secreto a la tumba”.

En el ínterin, por fortuna, la desconfiada policía de Catanzaro tomó cartas en el asunto y comenzó a recolectar un buen manojo de pruebas –entre ellas, escuchas telefónicas– para denunciar al trabajador social. El golpe de gracia llegó con un allanamiento a su casa, donde lo encontraron en la cama, desnudo y junto a la niña. En pleno acto. Caso cerrado, al menos hasta el pasado octubre, cuando –como ya se ha dicho– se anuló la sentencia y se ordenó un nuevo juicio.

Y si recién ahora el tema toma trascendencia pública es por la necesidad de la propia gente (que echó a rodar lo acaecido) de evidenciar el accionar de la Justicia tana, que de ecuánime o recta tiene poco. Y que para proteger a los y las menores del abuso sexual infantil hace prácticamente nada, engordando las estadísticas. Porque, a saber: según cifras y estudios internacionales, aproximadamente el 20 por ciento de las mujeres y entre el 5 y 10 por ciento de los varones reconoce haber sido víctima de violencia sexual durante la infancia a nivel mundial.

Habrá seguido el ejemplo del ex primer mandatario el pedófilo Lamberti... Pobre Italia; qué mala fama le hacen (algunos de) sus hombres. Comenzando por Silvio Berlusconi, magnánimo modelo de uso y abuso de poder e incentivo (promoción, armado, montado) de redes de prostitución. No conforme con dirigir –cual cínico anfitrión– fiestas “bunga bunga” en su mansión de Arcore, Il Cavaliere incluía en los festejos a muchachitas jovencísimas, incluso menores de edad. Tal es el consabido caso de Karima El Mahroug, alias Ruby Robacorazones, con quien tuvo sexo a cambio de dinero, hecho harto comprobado.

Por ese y otros delitos, el ex primer ministro de centroderecha fue sentenciado el pasado junio a siete años de cárcel, prohibiéndosele además ocupar cargos públicos. Y aunque la condena ha sido apelada por la defensa en los últimos días, la esperanza (de que el dictamen se preserve) es lo último que debería perderse. De momento sólo resta esperar que la nueva instancia no haga sino ratificar el fallo. O rezar los más creyentes. Aunque, con el historial que tienen los soldaditos del Vaticano (en especial, sus curas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Austria, Alemania y Polonia) mejor limitarse a prender velas en la comodidad del hogar...