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Por Nora Llaver y Rosana Rodriguez *

En Mendoza, la violencia institucional se manifestó con descaro. Paradójicamente, el 25 de noviembre de 2002 –Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres–, la Justicia condenó a 15 años de prisión a Claudia Paola Sosa, mujer víctima de violencia física, psíquica, sexual, económica y emocional, por parte de su marido policía, a quien terminó matando. Claudia no sólo fue sojuzgada por un marido abusador y golpeador sino que fue víctima de la institución a la que éste pertenecía –la Policía– y de otras instituciones del Estado. En vano fueron las denuncias y un intento de suicidio: nadie la escuchó ni ayudó a salir de ese perverso círculo de violencia.
Ninguna organización estatal ni institucional estuvo allí para apoyarla, para asistirla psicológica y humanamente en la situación de agobio, terror y destrucción que sufrió durante más de un año. Y luego del desenlace, la pesadilla la continuaron los peritos psicólogos, psiquiatras, abogados y jueces, quienes a la hora de juzgar lo hicieron ignorando el “Síndrome de la mujer golpeada” y todos los tratados internacionales tales como la “Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer” (Cedaw), la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, conocida como “La Convención de Belem do Pará”, y la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La violencia sufrida por Claudia es un caso paradigmático, ya que exhibe la enmarañada trama de obstáculos por los que debe atravesar una mujer cuando intenta romper el infernal círculo de violencia que la tiene atrapada. “Las Juanas y las Otras”, Colectiva de Mujeres que defiende los derechos ciudadanos de las mujeres y niñas, nos hicimos cargo de un reclamo justo al peticionar por la libertad de Claudia Sosa. Desde el primer momento nuestro objetivo fue sensibilizar a la opinión pública sobre el caso de una mujer desesperada que no sólo fue víctima de un sistema social que justifica la desigualdad de poder sino también, y fundamentalmente, de un sistema judicial que, amparado en discursos jurídicos (artículos, leyes, sentencias), opera más allá de la pura normatividad, reforzando creencias, ficciones y mitos que consolidan y reafirman los estereotipos de género. Lo más grave es que estas reglas jurídicas que niegan o desconocen los derechos a las mujeres, fortalecen en la sociedad prácticas machistas y el constante abuso de poder. Y en este caso, esas mismas reglas condenaron, con un agravante irracional –el uso del arma con que había sido vejada–, a una pena tan irracional como injusta.
Si bien Mendoza es una sociedad conservadora con valores y pautas sociales y culturales patriarcales, donde el sentido común dominante reafirma las desigualdades entre géneros, la participación popular sacudió del letargo de la siesta mendocina a la opinión pública. Las marchas, manifestaciones y expresiones de apoyo a la libertad de Claudia quebraron la complicidad del silencio, y el fuerte repudio al accionar de la Justicia puso en evidencia la profunda relación entre violencia y poder.
Nuestra decidida y permanente intervención ha contribuido a remover fuertes cimientos de prejuicios y mitos en la sociedad mendocina, que legitiman la violencia como la forma dominante y hegemónica de la relación entre varones y mujeres. Pero sobre todo fue un emergente para que la sociedad en su conjunto participe más activamente en el ejercicio de la Justicia. Sólo la participación popular permite acercarnos al valor de Justicia, transparentar su funcionamiento y efectivizar su accionar. Hoy nos encontramos en Mendoza en la antesala de un cambio profundo, ya que el gobernador de la provincia hizo pública su decisión de indultar a Claudia Sosa. Entre los argumentos que motivaron esta decisión, cuenta el calvario vivido por esta joven mujer, así como la desproporción entre el hecho cometido y la condena recibida. El gobernador Roberto Iglesias, en uso de sus facultades extraordinarias, emanadas de la Constitución provincial, rebajará la pena a Claudia. Es un buen síntoma, un precedente que permitirá a muchas mujeres empezar a confiar en que se haga justicia.
Sin duda, la instalación en el espacio público de la tragedia de Claudia expone y desoculta las graves falencias de los mecanismos institucionales de prevención y sanción de la violencia, pero sobre todo permite a la sociedad tomar conciencia de la importancia de su participación en el ejercicio de sus derechos.
Mientras se espera la definición del caso –indulto o conmutación–, Claudia es víctima una vez más del abuso de poder, ahora como un botín de guerra, que da cuenta de un largo enfrentamiento entre el poder político –que se hace eco de la expresión popular– y el Poder Judicial empeñado en ratificar su injusto dictamen.
En este caso hacer Justicia exige, Sr. Gobernador, cumplir con su palabra: liberar a Claudia Sosa.


*Integrantes de Las Juanas y las Otras,
Colectiva de Mujeres.