El proyecto de aborto libre, seguro y gratuito cuenta con el aval de 62 diputadas y diputados socialistas, radicales, del Movimiento Libres del Sur y de Proyecto Sur. Sin embargo, la mayoría de sus referentes presidenciables no apoyarían la legalización del aborto. Ante la consulta de La Nación: “¿Está de acuerdo con la legalización del aborto?”, cuatro dirigentes de Unen –ex frente progresista– respondieron negativamente en una nota publicada el 21 de abril. Hermes Binner se excusó: “Es un tema controvertido”. Pino Solanas minimizó: “Ya tenemos el aborto no punible”. Mientras que Ernesto Sanz y Julio Cobos dijeron directamente que no.

En la misma semana, el jueves 17 de abril, pero con menos difusión, hubo otra víctima de la inseguridad de la salud reproductiva en la Argentina. María Soledad F., una joven de 19 años, murió en Jujuy como consecuencia de la clandestinidad del aborto y de la falta de operatividad de la salud pública para llevar adelante una interrupción del embarazo legal. La poca información que se conoce es que María Soledad pasó por tres hospitales con mucho dolor y el diagnóstico de un embarazo inviable (ya que el feto estaba muerto) y, finalmente, falleció. El aborto en condiciones seguras no es riesgoso. Pero, evidentemente, algo falló. Si el embarazo es inviable, es suficiente motivo para poder practicarle una interrupción legal del embarazo y, si ya se había realizado alguna práctica, la atención postaborto eficiente y cordial figura en un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. No se cumplió con ninguna de las dos normas. María Soledad fue, primero, al Hospital Arturo Zabala, de Perico, donde la despacharon. Después siguió su periplo en el Hospital Nuestra Señora de El Carmen, en el que la derivaron al Hospital Pablo Soria, de San Salvador de Jujuy –pero no la trasladaron en ambulancia–, sino que tuvo que llegar caminando. De ahí ya no pudo volver a salir. Ahora investigan las causas de su muerte.