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Tacones, labiales, tangas, colchones despanzurrados y recibos sin pagar. Las cucarachas en su nido espían el escaso movimiento y juegan en el desparramo. En una pared con marcador los nombres “Cacau, Patricia, Bia y Rafaela. El grupo de las primas”. En otra, una cartulina rosada escrita a mano con los precios: “20 minutos: 50 reales, 40 minutos 100 reales, camisinha (condón): 2 reales”.

En el edificio de la avenida Ernani do Amaral Peixoto 327, en Niteroi (ciudad de la región metropolitana de Río de Janeiro), los primeros cuatro de los once pisos a los que se llega mediante un crepitante ascensor hacen imaginar que hubo un bombardeo y que los habitantes huyeron a causa de las explosiones. Las puertas fracturadas al medio, reventadas como tablas de karate, y el abandono general revelan que la invasión también secuestró tesoros ajenos.

El 23 de mayo pasado, un megaoperativo de la policía civil asaltó el edificio en el que unas 500 trabajadoras sexuales vivían y trabajaban. La información divulgada en los medios habla de una investigación por parte de la 4ª Promotoría de Investigación Penal y de la comisaría 76a, “a partir de la identificación de un grupo de nueve proxenetas –que incluía a dos policías civiles y un ex policía– que movían por lo menos 112 mil reales por mes con el cobro de ‘tasas de seguridad’ por parte de cien prostitutas que allí trabajaban”.

Las prostitutas, en tanto, afirman que en dicha operación fueron obligadas a practicar sexo con los guardianes de la ley, sus bienes fueron robados y entre sus pertenencias colocaron pruebas falsas. Todo sin orden judicial para interrogarlas ni para precintar sus apartamentos como escenarios del crimen, tal como Amnistía Internacional denunció en una llamada urgente.

Isabel, una de las trabajadoras sexuales, relata: “Llegaron a las 2 de la tarde, horario normal de trabajo, cerca de 400 policías de civil e invadieron el edificio. Todos los departamentos fueron intervenidos por la fuerza. Cuando cuestioné a uno de ellos, me dio una trompada en la cara, luego tomó mi bolso y se quedó con los 2 mil reales que tenía. Después mandaron a todo el mundo a sentarse en el piso durante cinco horas, sin poder beber agua, ni llamar por teléfono”. Isabel, hoy escondida y amenazada de muerte junto a otras a raíz de las denuncias que realizó en la cámara municipal de Niteroi, insiste en que las prostitutas no saben con exactitud las razones de las autoridades para esta acción. Pero sí afirma que se trata de un continuum de arbitrariedades: en abril de este año la policía apresó a ocho prostitutas en Bangú, una cárcel de seguridad máxima, “como si fueran bandidas muy peligrosas, sólo que no lo eran. Ni siquiera tenían antecedentes”.

“Nosotras hoy no somos explotadas por los cafishios, la que nos explota es la policía”, afirma e imagina su futuro con otro paisaje: “Quiero abrir una ONG para ayudar a las chicas, conseguir el acceso al seguro social y obtener derechos para todas. Pretendo trabajar en esto tres años más y terminar mi carrera para trabajar en derechos humanos”.

Hoy quedan en el edificio entre 20 y 30 trabajadoras del sexo. El precio que pagan de alquiler es absurdo, sostienen, en función de un inmueble continuamente reacondicionado por ellas mismas. El servicio de agua es un artículo de lujo, por eso las mujeres han improvisado sus propios tanques para uso básico, así como también se encargan de las reparaciones del ascensor. Después del ataque policial, están trabajando en la portería bajo vigilancia de la Policía Militar (PM), que con su presencia sugiere mil invasiones premeditadas.

La realidad legal de las personas que lucran con su cuerpo es más bien enrevesada. El acto de prostituirse no constituye un crimen, pero sí lo es tener o administrar una casa de prostitución, según el Código Penal. Por eso cualquiera que se beneficie de esta transacción sexual, sea el cafishio o el dueño de un burdel, está cometiendo una infracción: el delito de proxenetismo. Esta condición permite a la policía invadir esos establecimentos en cualquier momento y esta contradicción enfatiza la ilegalidad de estas casas, haciendo vulnerables a quienes allí trabajan.

Si bien la prostitución es reconocida como profesión en el país vecino, la explotación sexual –por parte de terceras personas– y la trata con fines de explotación sexual es sancionada. En este marco, hay un proyecto de ley presentado por Jean Wyllys, diputado federal del PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) en Río, que propone la reglamentación de la actividad con la “finalidad de preservar física y laboralmente y la dignidad humana” de las mujeres. Así como también intenta establecer con claridad las diferencias de la explotación sexual –considerada crimen– de la prestación del servicio sexual.

La copa de los precarizados

Lorena (pide que así la nombremos e informa 20 años) no se olvida del día del ataque en Niteroi. La luz de la sirena de la calle gira y cuando nos enfoca tiñe su cabello rubio de fucsia tornasolado. Los policías apoyados en la patrulla chequean sus teléfonos y abrazan con celo sus pesadas carabinas sobre el pecho. “Cuando me desperté estaban encima pasándome la mano, aprovechándose de que estaba desnuda. Después nos mandaron al corredor, tomaron nuestros documentos, quebraron todo, robaron nuestro salario de esa semana. Fue tenso.”

Sobre el crecimiento de la demanda de sexo pronosticada para el Mundial, “no vi mucha diferencia con la Copa y encontré muy pocos gringos”, resume. Se acomoda el bretel encima del tatuaje con el nombre de su hijo, al cuidado de su madre, y sale a la calle. Minutos más tarde se acerca a la patrulla y bromea con los oficiales.

El día de apertura de la Copa del Mundo, policías y periodistas se presentaron en las boîtes Balcony Bar y el Hotel Lido, ambos en el entorno de la Praça de Lido, en Copacabana. La policía con la misión de cerrar los establecimientos y la prensa para registrar y para divulgar la operación.

De acuerdo con la información provista por el Ministerio Público, “la conducta (en el Balcony) refuerza una imagen depreciada de Brasil, que pasa a ser visto internacionalmente como un país que permite el turismo sexual”. La declaración resalta el mayor temor de los funcionarios: el de una supuesta imagen de país, en detrimento de los derechos de lxs ciudadanxs de un país en que la prostitución no figura como delito. El cierre de estos establecimiento, señala el sitio Um beijo para Gabriela, “hizo que surgiera una inseguridad mayor, exponiendo a las mujeres a situaciones de violencia. Luana, trabajadora de la zona, declaraba: ‘Antes yo iba solo a Lido, y no al apartamento de los clientes. El Lido tiene portero, cámaras en el corredor y es cerca. Ahora, yendo para los apartamentos, terminamos siendo agredidas y muchas veces robadas’”.

El pánico moral del Mundial

El antropólogo Thaddeus Gregory Blanchette, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), considera que la gran cantidad de noticias sobre un supuesto y desmedido crecimiento del comercio sexual puede ser interpretada como “pánico moral del Mundial”. Señala la manera en que los medios a escala global “han abusado de esos asuntos, reportando rumores como hechos y, en muchos casos, simplemente inventando números o reportando erronéamente los resultados de los estudios. El miedo vende y nada alarma más que el fantasma de la niñez abusada”.

Según el Observatorio de la Prostitución, un proyecto del Laboratorio de Etnografía Metropolitana de la UFRJ, de los 279 puntos reconocidos de prostitución en la ciudad, apenas 16 estuvieron funcionando a todo vapor en las semanas mundialistas. En la zona sur –Copacabana, Leme, Leblon– el número de prostitutas se duplicó. “Las mujeres se fueron para Copacabana, Villa Mimosa, el centro de Río y varios otros lugares. Ahí están en emergencia por sobrevivir. Por eso perdimos el contacto con muchas de las mujeres”, afirma Laura Murray, investigadora y activista de las ONG Davida y ABIA. Esa migración interna duplicó la oferta principalmente en Copacabana, donde estaban concentrados los eventos de los turistas, de los cuales sólo una minoría invirtió en la oferta sexual.

Murray destaca que la represión en contra de las mujeres se viene acrecentando desde el año pasado y provocando más migraciones. “Después de la golpiza (en Niteroi) ellas quedaron sin lugar para trabajar ni para vivir. Eran mujeres libres que ganaban muy bien. Apoyan a sus familias, pagan los alquileres, educación para los hijos, como cualquier persona que gana un buen salario y tiene una buena estructura de vida. Imagina de un día para la noche perder todo y tener que salir corriendo.”

Indianara Siqueira, asesora parlamentaria, defensora de derechos de las prostitutas, del movimiento transexual y creadora del lema “Mi pecho, mi bandera y mis derechos”, apunta: “siempre que un gran evento mundial tiene lugar en Brasil las primeras en ser reprimidas son las prostitutas, principalmente las travestis y las transexuales. Con la Copa del Mundo y los grandes eventos como las Olimpíadas, la prostitución es la primera línea del frente de batalla para las autoridades”. Asimismo remarca la confusión de la sociedad entre el turismo sexual y explotación sexual. “Ese desentendimiento hace que la prostitución acabe siendo criminalizada como un todo” y alimente el pánico moral sobre el turismo sexual.

Los dueños de la ciudad maravillosa

La Copa del Mundo, la más cara de la historia, con un costo mayor a 30 billones de reales, habilitó la imposición de nuevos y más represivos regímenes de seguridad pública. Como resultado, Brasil vive un “estado de excepción” que prioriza al sector privado por encima de la ciudadanía. Un tsunami de capitales privados profundizando las desigualdades confluye en un proceso de reordenamiento urbano ejecutado en acciones de higienización social. La limpieza de las ciudades incluye, así, el retiro de los “indeseables” o “elementos peligrosos”: personas en situación de calle, mendigos, prostitutas y trabajadores informales, todos aquellos que podrían “contaminar la imagen del país” en los eventos deportivos.

Acerca de los móviles de la invasión de la policía en Niteroi, las activistas siguen denunciando que nada de lo que la policía fue a buscar –drogas, cafishios, explotación de menores, armas– fue encontrado el día en que entraron al edificio. “Nosotras aquí le pagábamos a la policía (1500 reales por semana) y hasta el año pasado la policía buscaba el dinero de todos los departamentos. Este año dejamos de pagar. Imaginen todo el dinero que ellos recogían por semana, de 20 a 30 mil reales iban a la comisaría. Teníamos que comprar nuestra paz a ellos.”

Para Indianara, la violencia contra el edificio y sus habitantes se vincula con la especulación inmobiliaria. “Un apartamento aquí ahora vale 20 mil reales. De hacerse una reforma, los apartamentos pasarían a valuarse en más de 400 mil reales. Entonces lo que está en juego aquí no es si la prostitución es o no ilegal, si las personas están en condiciones sanitarias de permanecer en este local (razones esgrimidas por el Ministerio Público). Lo que está en juego aquí es una cuestión financiera.” Las feministas de Río, en especial las integrantes de la Marcha de las Putas, preparan su movilización para el próximo 9 de agosto con un manifiesto de apoyo total a las mujeres de Niteroi y a la reglamentación de la prostitución. Mientras tanto, en el edificio las ratas y cucarachas se apropian de los rincones. Y juegan al fútbol en los corredores.