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El compromiso que acaba de asumir Chile ante Naciones Unidas de despenalizar el aborto en circunstancias determinadas y la entrada en vigencia en Perú de un protocolo de aborto terapéutico son pasos alentadores en materia de derechos de las mujeres, cuando muchos países intentan dar marcha atrás con conquistas de las últimas décadas.

Chile anunció que despenalizará el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la mujer corra peligro o el feto no sea viable. Aceptó así las recomendaciones que le hicieron otros países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante el pinochetismo, en 1989, Chile criminalizó el aborto en toda situación y hoy, junto a República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador, es uno de los seis países latinoamericanos donde la prohibición es absoluta. Ya en mayo, la presidenta Michelle Bachelet había anunciado su intención de reformar la ley de aborto que es un tema que deberá tratar el Congreso.

En Perú, el gobierno presentó un protocolo que los hospitales deberán seguir para realizar abortos seguros a mujeres cuyas vidas corran peligro si continúan con el embarazo. Es una deuda saldada después de noventa años, ya que el aborto terapéutico fue despenalizado en 1924.

En España, en cambio, el gobierno auspicia un proyecto de ley que retrotraería la situación treinta años colocando barreras humillantes a las mujeres. Por ejemplo, las obligaría a presentar una denuncia si fueron violadas. Esto pondría a las mujeres con un status migratorio irregular en el dilema de recurrir a un aborto clandestino e inseguro o presentarse ante la policía, con el riesgo de ser expulsadas del país. Afectaría, además, a las mujeres pobres, que no pueden acceder a un aborto legal en el exterior.

Si bien en Argentina hay excepciones a la penalización, ratificadas por la Corte Suprema en 2012, la amenaza de cárcel sigue siendo un factor inhibidor para solicitar un aborto legal o requerir atención de urgencia post aborto. Al contrario de Perú, en Argentina no hay protocolo nacional y sólo ocho provincias dictaron normas que cumplen lo establecido por la Corte. Otras, en cambio, tienen normas que obstaculizan el acceso al derecho.

La Corte señaló que los funcionarios son responsables civil, penal y administrativamente si obstruyen el acceso, por lo que las mujeres víctimas pueden reclamar judicialmente al Estado una indemnización. Es absurdo, entonces, que el Ministerio de Salud no desarrolle políticas que incentiven la aplicación de esta práctica. El protocolo de atención de abortos no punibles existe pero, por decisión política, no ha sido implementado. Esta ausencia, si bien no habilita a negar el acceso al aborto legal, está generando decisiones arbitrarias de funcionarios que desconocen que sus omisiones constituyen formas de violencia institucional.

* Abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.