Por Sandra Chaher

Sin el alineamiento automático de la Argentina con la restrictiva política norteamericana en materia de drogas es posible que se pueda debatir un proyecto sobre la despenalización de la tenencia para consumo personal. Al menos así lo cree el bloque del Partido Socialista que presentó este año en la Cámara de Diputados un proyecto en ese sentido. La principal asesora en la redacción de la propuesta fue la psicóloga rosarina Silvia Inchaurraga, presidenta de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), uno de los dos organismos que a nivel nacional trabajan en la prevención y el control de los daños relacionados con el uso de drogas, pero que no promueven la tolerancia cero ni la abstinencia.
–El proyecto presentado por el diputado Eduardo García, del Partido Socialista, propone la despenalización del uso de drogas para consumo personal y a la vez intenta terminar con una estigmatización habitual desde la sanción de la Ley 23.737: al usuario se lo considera enfermo y no delincuente.
–Esto último se llama anulación de la medida de seguridad curativa. Nosotros pretendemos sacar la figura tanto del delincuente como del enfermo. El Estado produce un efecto paradojal: si bien se presenta como protector del consumidor, termina dejándolo a la deriva; quienes llegan a pedir un tratamiento derivados de una causa judicial no tienen en general ninguna motivación para dejar la droga, lo que quieren es zafar de la cárcel. Y además siguen teniendo pendiente el proceso. Pensá que casi el ciento por ciento de los sancionados por la norma actual no tiene antecedentes penales y casi el 90 por ciento tenía en su poder menos de 5 gramos. Y la ley no pudo disminuir, desde su sanción en 1989, ni el consumo ni los problemas asociados: pobreza, sida, hepatitis, la poca vinculación con el sistema de salud, lo cual tiene que ver fundamentalmente con que los agentes sanitarios no están capacitados para asistir a personas que quieren seguir consumiendo.
–Mientras ustedes presentan un proyecto para despenalizar la tenencia para consumo personal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se propone penalizar la venta de alcohol. Teniendo en cuenta que el alcohol también es una droga, ¿cuál sería el modelo de comercialización que debería adoptarse en general?
–En Santa Fe también presentaron un proyecto de Ley Seca por el cual después de las 10 de la noche no podría venderse alcohol salvo en las discotecas. La venta a menores tiene que estar indudablemente regulada, pero no se puede incluir a toda la población. La prohibición ya sabemos que lleva al aumento de precios, el mercado negro, y además el Derecho nunca logró regular las conductas. Pero otra cosa es el comercio, que no tiene nada que ver con el proyecto que presentamos nosotros que es de despenalización de la tenencia para consumo. Hay dos grandes líneas con respecto a las drogas en general: por un lado la despenalización de la tenencia para consumo personal, que es algo que ya se hizo en varios países de Europa y América latina; y por otro la legalización, y acá encontramos a su vez dos posiciones: la legalización abierta, donde la droga es una mercancía sujeta a la oferta y la demanda –que es la posición de Antonio Escohotado o Tomas Szasz– y la legalización controlada, en la que las drogas serían vendidas en las mismas condiciones que los medicamentos, reguladas en su pureza por el Estado –ésta es la posición de Elías Neuman y la que yo misma apoyo–. El alcohol y el tabaco deberían ser comercializados de la misma forma, es decir que no habría distinción entre drogas legales e ilegales.
–Junto con el proyecto, ARDA lanzó una campaña con el slogan Hay drogas que pueden hacer mal, hay políticas de drogas que pueden hacer peor.
–Nosotros no somos grandes interlocutores frente al Gobierno, y también muchas veces perdimos la posibilidad de acceder a subsidios, porque planteamos, entre otras cosas, la necesidad de reformar el Sedronar: que el 80 por ciento del presupuesto que el Estado destina al tema drogas no se vaya en el combate al narcotráfico sino en salud; que no se tercerice la atención de la salud con becas en comunidades terapéuticas. Creemos que debe fortalecerse el sector público, y por otra parte modificarse la ley actual, que ya evidenció su fracaso. Y también planteamos temas conflictivos como el uso médico de la marihuana. Nosotros nos definimos como antiprohibicionistas y con pretensiones de incidir en las políticas públicas.
–En los últimos años, algunas ONG que trabajan con barrios carenciados están manifestando que el uso inyectable de drogas disminuyó en la última década y que las políticas de reducción de daños no deberían focalizarse ya en la entrega de jeringas.
–No es tan así. Si bien es cierto que, a partir de la extensión de la crisis y la pobreza, las drogas que se consumen son cada vez más tóxicas y baratas –fundamentalmente pasta base y crack– y se fuman, con lo cual el consumo por vía inyectable es más esporádico, por otro lado te encontrás con que esos mismos usuarios a veces fuerzan esas drogas para inyectárselas, y eso nos hizo modificar las jeringas que entregábamos por una cuestión de tamaño. Además sigue habiendo gente que se inyecta cocaína 20 o 30 veces por día. Con lo cual tenés que seguir informando sobre cómo limpiar las jeringas y entregando nuevas. Algo que también está sucediendo debido a la crisis es que a consumidores de 20 o 30 años, que siempre se inyectaron cocaína, ya no les dan los números y están inhalando solventes. Pero a la vez, mucha de la gente que está en programas de reducción de daños modificó conductas. En el primer relevamiento que hicimos en el ‘98 más del 70 por ciento compartían jeringas y no tenían idea de cómo desinfectarlas, y ahora esa cifra bajó al 40 o al 50 por ciento. También es cierto que el nombre reducción de daños surgió asociado a la prevención del sida, pero eso le pone límites. Desde ARDA, nosotros hacemos reducción de daños con drogas recreativas, como marihuana o éxtasis, y esto la sociedad todavía no lo entiende. Fijate que la única vez que tuvimos un problema con la Justicia fue en Mendoza, cuando desde el Plan de Drogas provincial usaron un manual que nosotros editamos que se llama Manual de Reducción de Daños y Marihuana. Si la usás, leeme. Fueron acusados de apología del consumo. Y ya se estaban entregando jeringas en todo el país. Nosotros ahí lo que hacíamos era explicar cómo reducir los daños asociados a la inhalación del humo, cuáles eran los riesgos de combinar sustancias. Al lado del Manual de Inyección que tenemos eso era naïf y técnico. Pero el tema recreativo también hay que abordarlo.