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Desde Bogotá

Piedad Córdoba, abogada y ex senadora de la izquierda colombiana, desempeñó un rol decisivo en la liberación de secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 2008 y 2010, cuando fue inhabilitada para ocupar cargos gubernamentales por su supuesto vínculo con el grupo armado. La decisión, apelada por Córdoba, la alejó del Congreso pero no de la actividad política, sobre todo de la defensa del fin del conflicto armado. Polémica, respetada por unos y repudiada por otros, asegura que los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC no tienen retorno y que existe la voluntad política para que se firme un acuerdo en 2015.

Usted apoya y trabaja para que las conversaciones de paz de La Habana lleguen a buen término. Desde 1984 todos los diálogos fracasaron. ¿Qué peculiaridad tiene este proceso para creer en él?

–Creo que está en la decisión política del gobierno y de las FARC de no dejar que el proceso pueda quebrarse en algún momento. Eso lo demuestran los avances tan significativos que se han conseguido hasta ahora y la calidad de los garantes que están apoyando el proceso; la incondicionalidad del gobierno cubano y sobre todo de países como Venezuela y Chile, que sin estar involucrados en las decisiones como tal son una garantía para que el proceso pueda continuar. Por eso yo siento que se ha llegado tan lejos. Por ejemplo, se ha creado la subcomisión de género, la comisión de desescalamiento del conflicto, y el viaje a La Habana de las víctimas y el reconocimiento de las mismas por parte de las FARC. Además hay avances en cuanto a participación política, la cuestión de la reforma agraria y el tema de las drogas.

¿Qué papel juega usted?

–El prolegómeno de todo esto tiene que ver con las liberaciones que se hicieron en 2008, durante dos años, por una decisión unilateral de las FARC, una expresión humanitaria de liberar a quienes estaban secuestrados o retenidos. Esto fue lo que dio la posibilidad de avanzar hacia lo que es hoy la mesa de La Habana y colocó a la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (liderada por Córdoba) en el Consejo Nacional de Paz. El papel que he jugado es “jugarme todos los restos”, por decirlo de algún modo, porque me parecía muy complicado estar en el Congreso haciendo debates, no logrando avanzar en cosas concretas.

Fue en ese momento, en 2010, cuando el Procurador General la inhabilita como senadora por “aconsejar” a las FARC.

–Pienso que a mí me quitaron los derechos políticos sobre todo para quitarme del camino, pero ése fue un aporte fundamental para lo que es hoy la mesa de La Habana. Posteriormente he seguido teniendo contacto, apoyando, y yo diría que siendo un instrumento para documentar las discusiones que se han dado en los debates. Sin tener una delegación oficial hemos hecho una tarea muy importante. En cuanto a mi inhabilitación, fue un proceso en el que se me violaron todos los derechos. Las pruebas fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia. Después de 5 años, si esas pruebas fueran ciertas, yo hacía rato estaba en la cárcel. Ahora esta decisión del procurador (Alejandro Ordóñez) está en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Lo hago por una cuestión moral y ética, no sólo por la posibilidad de ser elegida, porque política he seguido haciendo y muchísima, también lo hago por mi familia.

¿Cómo encuentra estas conversaciones de paz a la sociedad colombiana? ¿La percibe apática o hay una mayor movilización?

–Sí, hay apatía, pero yo creo que ha sido por una decisión errática del gobierno que no involucró a la sociedad de una manera contundente. Porque una cosa son las exploraciones iniciales que se hicieron de manera sigilosa, pero ya cuando eso arranca creo que lo fundamental era y debe ser que la sociedad se involucre, que se apropie del proceso y que además de eso se enamore del proceso de paz. Ha sido muy mal manejado pedagógicamente, eso deja saldos muy negativos en este momento. Pero también hay que decir que el proceso como tal ha movilizado a la sociedad de manera impresionante, en sectores populares. La prueba de ello son los foros que se hicieron en torno a las víctimas, sobre mujeres, reforma agraria y el problema de las drogas, a los que asistió mucha gente. Eso desborda muchas veces la inercia del mismo gobierno para hacer pedagogía por la paz.

¿Y por qué considera que el gobierno ha cometido este error?

–Porque ésa es la lectura y la visión del gobierno. O sea, trató de que la gente no se involucrara porque, entre otras cosas, ahí sí hay un muro de contención por parte del mismo gobierno, y es que no quiere que se toque el modelo de desarrollo, que no haya transformaciones profundas. Lo que es muy preocupante es que si la gente no está enterada y comprometida con el mismo proceso, lo que nos puede pasar a los que estamos apostando duramente es que si no logramos enganchar a más gente, la refrendación de los acuerdos se puede perder.

¿Ese modelo de desarrollo del que usted habla no choca de plano con lo que se está negociando en La Habana?

–El modelo que defiende el gobierno es absolutamente contradictorio en lo económico, en lo político, en lo social y cultural. La demostración palpable de que ellos defienden ese modelo son las leyes que se están discutiendo en este momento en el Congreso de la República, que son capitalistas, proimperialistas. Todo eso es muy contrario a lo que estamos buscando otros sectores de la sociedad, que es un Estado garante, que es un Estado moderno, que le dé la posibilidad a la gente de ejercer su ciudadanía. Un Estado muy distinto al actual.

¿En qué momento están las conversaciones de paz?

–En un punto muy importante, en un punto de no retorno. Tras la retención (durante dos semanas) del general Alzate por las FARC, ha habido presión por parte de algunos sectores para que el proceso se interrumpiera, pero el proceso se mantuvo. Las FARC son conscientes de la importancia del mismo, y parte de la sociedad que a lo mejor no estaba tan directamente involucrada terminó insistiendo en que el proceso tenía que continuar, que el proceso no se tenía que ir al suelo y que tenía que avanzar. Ahora faltan discusiones y lo que se viene es complicado. El tipo de justicia que se va a aplicar, por ejemplo, si va a haber amnistía, la participación en política, si van a ir a la cárcel los comandantes... Es decir, son puntos de gran fragilidad, pero estoy absolutamente segura de que somos muchos los que estamos buscando la salida. Y falta la refrendación de los acuerdos. Algunos quieren que se mantenga el statu quo económico, político y social, y otros creemos que debe haber un nuevo pacto social, que debemos refundar la nación y para eso es necesario una asamblea constituyente. Eso sería una vez terminado el conflicto armado.

Han pasado dos años de negociaciones en La Habana. ¿Cuándo cree que se dará por terminado el conflicto armado?

–El año entrante tenemos que ser capaces de lograr el fin del conflicto y el camino hacia la refrendación de los acuerdos que se logren. Va a depender mucho de la decisión del (grupo armado) Ejército de Liberación Nacional se siente a negociar también, pero creo que finalizando el año habrá un acuerdo de paz firmado.

Luego vendrá la consolidación de esa paz.

–Esto llevará su tiempo porque este país tiene muchas violencias cruzadas. Tiene la violencia insurgente y tiene la violencia de la delincuencia común. Es un país que tiene más del 60 por ciento de la población viviendo en la pobreza, personas sin acceso a sus derechos, hay muchos asuntos por resolver. Con un compromiso muy serio de sacar al país adelante, 15 años no son suficientes para consolidar las bases de una paz estable y duradera.

Existen intereses contrarios a la paz, sectores para los que la guerra es rentable.

–Existen muchos sectores que no quieren la paz. Los que están detrás del negocio de las armas, los que representan a multinacionales que están detrás de los recursos naturales del país, que son inmensos, a los que no les conviene la paz. Pues evidentemente las reformas que se deben hacer tienen que ver con la preservación de esos recursos naturales, porque tiene que haber un cambio de modelo de desarrollo. Parte de esos sectores se benefician además del 12 por ciento del presupuesto de la nación que se va al presupuesto de la guerra. Este es un país muy militarizado, no solamente por parte las instancias públicas, sino que hay cualquier cantidad de entidades privadas encargadas de la seguridad. Todo eso sumado se roba una gran parte del presupuesto. Entonces desbaratar algo de lo que se beneficia tantísima gente no es nada fácil. No me estoy refiriendo sólo a los militares, me refiero a miembros de la sociedad civil que se benefician del negocio de la guerra.

¿Y el narcotráfico toca a todos los actores de la guerra?

–A toda la sociedad. El narcotráfico ha hecho muchísimo daño.

Pero, por ejemplo, se habla de narcoguerrilla. ¿Usted qué piensa?

–No, no, eso no es cierto. Eso tiene como objetivo bautizar a la insurgencia, que tiene claramente objetivos políticos, independientemente de que se fundamenten en las armas y que se hayan nutrido de recursos del narcotráfico para mantener su proyecto político, pero eso no los convierte en narcoguerrilleros.

Pero cuando usted habla de objetivos políticos ¿cómo se explica toda la violencia que han ejercido sobre la sociedad civil, sobre todo campesinos?

–Eso no tiene ningún tipo de justificación. Por eso será muy útil la Comisión de Esclarecimiento Histórico del conflicto. Esta comisión va a permitir dar cuenta de dónde proviene la guerra, cuáles han sido sus causantes y cuáles las mayores víctimas. Pero aunque hay muchos grupos que han intervenido en la generación de toda esta violencia, es indiscutible que el paramilitarismo, como una política de Estado, es el responsable de la mayor parte de la guerra en este país, de la mayoría de los muertos, de la mayoría de la violencia. Eso no significa que los insurgentes no sean responsables de muertes, como también hay desplazamientos producto de la guerrilla o las minas antipersona, que las pone el Estado y las pone la insurgencia también. Por eso hay que esclarecer el conflicto. La que termina pagando el impacto de esta guerra es la sociedad civil.

Cuenta que en los aviones la insultan y es público el repudio que siente una parte de la sociedad por usted. ¿Por qué ocurre y cómo lo vive?

–Pues me incomoda porque no me gusta que me insulten. Es gente que se atreve a hacerlo porque soy yo, porque soy una mujer, porque soy una mujer negra, porque soy de izquierdas. Lo hacen porque saben que no soy capaz de hacer absolutamente nada. Cuando estoy con un hombre no me dicen nada, pero cuando estoy sola vienen a insultarme y hasta a pegarme. Pero eso es una construcción mediática, los medios de comunicación durante el gobierno de Uribe, estando el actual presidente Santos como ministro, construyeron una imagen totalmente desfigurada de mi persona, ligándome al terrorismo, ligándome a las FARC, cuando yo durante muchos años cumplí y cumplo una labor muy importante en defensa de los derechos humanos. Pero como dije cuando me amenazaron para que no interviniera en una serie de debates, “el día que repartieron el miedo yo no estaba ahí”.