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Me voy a disfrazar con una pollerita y me llueven ocho lucas. Me abro de piernas y me mantienen para toda la vida. Salgo a afanar, total después me pagan hasta aguinaldo. Me llevo todas las materias y después me premian con ser abanderado. El nuevo diccionario de la indignación argentina repite –con más virulencia que nunca en el liberalismo cloacal de los foros de lectores digitales– que al otro, la otra, los otros, la otredad, todo le cae de arriba mientras él –trabajador decente esforzado con el plus de su santa madre jubilada– es un héroe sacrificado que merece todo lo que gana. Y que no quiere ver más cómo a la otredad le regalan todo lo que a él le cuesta. En realidad, la reacción contra proyectos que buscan mayor inclusión –promovida por los medios de comunicación del común sentido que pulsan la palanquita del hervor social– no representa sólo la oposición a proyectos para reparar la violencia institucional sufrida por personas trans, la posibilidad de tener derechos laborales para las personas privadas de su libertad, el cuestionamiento a la Asignación Universal por Hijo (AUH) o a que repetidores/as puedan ser abanderados. Son ladridos que conforman un grito de espanto frente a la posibilidad de profundizar la inclusión.

Y, muestran, en verdad la tensión –mucho más que partidaria– entre modelos divergentes de liberalismo o socialización, distribución de la riqueza o concentración, egoísmo o solidaridad y lazos sociales o violencia. La reacción frente a propuestas de distribución económica (como pensiones o aguinaldos) o simbólicas (como la portación de bandera) muestran el pánico de que otros/as puedan ser incluidos como si el pequeñito lugar de cada quien estuviera amenazado o manchado porque los/las marginadas también puedan poner un pie ahí.

Las patas en la fuente no sólo fueron un símbolo político, también despatarraron el derecho al mismo mar que antes era sólo símbolo de status de las clases altas: ahora, las empleadas de casas particulares también tienen derecho a cobrar tres meses mientras amamantan a sus hijos. Pero si ellas no hacen la cama otras/os tienen que hacerla. Y cuando la sábana se estira para un lado del otro lado queda más corta. O más tirante. Por algo el personaje aristocrático de Verónica Llinás en Viudas e Hijos del Rock&Roll, de Telefe, le enrostra a la mucama que ella debería pagar por trabajar.

La disputa es por cómo sigue el camino. Si se ensancha la ruta o si se deja que continúen sólo las cenicientas a las que les calza el zapatito o si la igualdad salpica y para todas/os es carnaval.

Abiertas

“Las mujeres están llenas de hijos y tienen más hijos porque les van a pagar 400 pesos por quedar embarazadas. ¡Qué maravilla! Las aplaudo”, diagnosticó la ex senadora Hilda “Chiche” González de Duhalde. También contó en una entrevista con el canal A24 que trata de aconsejarlas para que no tengan más hijos porque deberán cuidarlos y educarlos, vestirlos y alimentarlos y no podrán ir a la escuela.

La ley nacional que permitió el acceso a DIU, pastillas y preservativos gratuitos recién se aprobó en el 2002, casi veinte años después del regreso de la democracia (y después de varios intentos fallidos en el Congreso Nacional) y con la oposición de la Iglesia.

De hecho, la norma que promovió el derecho a la anticoncepción gratuita se llama de salud sexual y procreación responsable porque la parte de procreación responsable –más acartonada y conservadora– la impuso Chiche.

Pero, justamente, los derechos sexuales y reproductivos no se meten a decirles a las mujeres lo que tienen que hacer o no hacer, desear o no desear, ni muchos ni pocos, ni ninguno, ni ahora ni nunca. Los derechos sexuales y reproductivos implican que las mujeres puedan decidir si tener o no tener hijos, cuándo y cómo. Por su parte, Paula Ferro, responsable del área de Salud y Derechos del Consejo Nacional de las Mujeres, enfatiza: “Este proyecto nacional nos confronta siempre. No entre sectores del pueblo sino ante la propia miseria de algunos y algunas frente a lo que implica desplazar la dádiva y la beneficencia hacia el derecho y la responsabilidad de Estado. Las mujeres son quienes nuestra Presidenta decidió que fueran titulares (representantes) del derecho para sus hijos e hijas con la convicción de que toda mujer que decide ser madre está dispuesta a poner cuerpo y vida en función de un nuevo ser con derechos a ser deseado y a ser cuidado, alimentado, educado y amado. Esto es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) entendida en un marco de derechos humanos”.

Por supuesto que la crítica opositora confronta la pregunta si en el marco de disputas electorales del 2015 se puede quitar esta asignación o congelar en su valor en pesos (sin que tenga en el futuro el mismo impacto social) a la AUH o progresar en un sistema público de cuidados (como hace Uruguay), en donde el trabajo no remunerado de la crianza esté más respaldado por el Estado.

Encerradas

Un fallo de Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David confirmó que los presos de los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza tienen los mismos derechos laborales que el resto de los y las trabajadores/as. Pero la idea de que las personas privadas de su libertad cobren aguinaldo –como si no pudieran comer pan dulce o regalarles zapatillas para la Navidad a sus hijos/as–, asignaciones familiares o vacaciones generó urticaria en la epidermis mediática del “yo me lo merezco y vos no”.

Alvaro Herrero, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, apunta: “La retribución salarial a las personas privadas de libertad no es un acto demagógico sino que tiene un claro fin social. Un porcentaje del salario se destina por ley a generar un fondo de salida que le facilite su egreso de la cárcel y la reinserción social. Otra parte se destina a proporcionar alimentos a su familia. Diversos estudios han señalado el grave impacto que el encarcelamiento tiene sobre la vida económica y social de los familiares de los detenidos, especialmente en el caso de esposas e hijas. También otro porcentaje se destina –cuando la condena lo indique– a reparar el daño que causó mediante su accionar delictivo. Por ende, el salario es por sobre todo un acto de inclusión, tanto de la persona privada de libertad como de su familia”.

El diputado nacional Remo Carlotto (Frente para la Victoria) también señaló, en un debate televisivo en TN, con Darío Giustozzi (Frente Renovador) que el trabajo reduce la reincidencia. En este sentido, no es sólo un aporte a la inclusión de la persona privada de su libertad y su familia sino que reduce la inseguridad. ¿Pero la inseguridad es el problema o la seguridad de sentir que el sueño argentino es tener más que el de al lado o quien está tras las rejas?

La oleada reaccionaria generó que en Chubut le pidieran la renuncia, en noviembre, a Rodrigo García Palumbo como subsecretario de Justicia porque gestionó el traslado, alojamiento y participación de dos alumnos en contexto de encierro de Comodoro Rivadavia a una feria de educación en Tecnópolis con custodia de civil y autorización judicial. El ex funcionario cuenta: “Durante estos dos últimos años en Chubut se comenzó un camino de cambio en los lugares de detención provincial. Se apostó a la implementación de políticas educativas crecientes y concretas. Se pasó de un diecisiete por ciento un casi treinta y cinco por ciento de estudiantes privados de la libertad. La inversión en igualdad no tiene que ser sólo en dinero sino en palabras, y esas palabras traducidas en hechos. Por eso apoyemos la verdadera inclusión que posibilitó la educación de Bryan, Belén y Matías, entre muchos estudiantes en contextos de encierro”.

Anabella Museri, coordinadora del Equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Area Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), asegura: “Es necesario mejorar el acceso al trabajo en el encierro no sólo respecto de los salarios sino también sobre las capacitaciones y el tipo de tareas”.

Pero lo que llama la atención en especial es que haya generado tantas reacciones esa discusión, en comparación, por ejemplo, con el tema del maltrato o las muertes en el encierro (de personas muy jóvenes). La tortura, el maltrato y la falta de atención médica son problemas centrales del encierro, en estructuras violentas y militarizadas con altos niveles de corrupción. En este sentido, es muy importante que en la agenda política y en las discusiones mediáticas se profundice sobre la necesidad de avanzar con las reformas penitenciarias y las políticas post penitenciarias que son un vacío en el contexto actual.

No se puede pensar en la tranquilidad de una sociedad con miedo sin pensar cómo salen de la cárcel quienes salen. La idea de la tortura entre muros tal vez tranquilice a quienes claman por venganza –en el modelo norteamericano que se devela en este momento con torturas a detenidos–, pero no debería tranquilizar a quienes quieran que las personas detenidas no vuelvan a cometer delitos.

Por eso, la organización social Yo no fui trabaja con mujeres privadas de libertad y liberadas con proyectos de formación y una cooperativa de trabajo. María Medrano, integrante de Yo no fui, responde al linchamiento mediático: “Una persona que está presa pierde su libertad, ése es su castigo, pero nunca deja de ser (como es escuchó esta semana en programas radiales y de televisión) un sujeto de derecho. Por lo tanto, es su derecho exigir que se cumplan las condiciones laborales que indica la ley, y más aún estando encerradx en una institución estatal. Es importante reducir el impacto de esta sanción máxima que es la privación de libertad y defender a ultranza las demás libertades y derechos, no porque sostengamos la falsa idea de que en la cárcel se dan las condiciones para generar estrategias de inclusión social, sino como estrategia para que la persona no pierda definitivamente la posibilidad de recuperar su sociabilidad”.

El derecho de los presos siempre se pronuncia en masculino. ¿Qué pasa con las detenidas adentro y fuera de la cárcel? “En el caso de las mujeres presas se trata de jefas de hogares monoparentales con necesidades básicas insatisfechas cuya situación de pobreza es previa a su ingreso en el sistema penal. La principal causa de la pobreza en estos hogares es la alta dependencia de la familia respecto de los ingresos de la mujer, quienes aun estando presas siguen manteniendo sus hogares con el dinero que obtienen de su trabajo en el penal. Negarles el derecho a trabajar sería dejar a gran cantidad de familias sin ingresos para subsistir”, subraya Medrano.

De culo

La nota de Clarín que disparó el clarinete de burlas y críticas mostraba a una chica trans en culo (con todo el morbo sexual que genera el otro lado del cuerpo elegido) y con el título “Piden subsidios de $ 8000 para travestis”. El diario continuó el fogoneo al chiste indignado con el editorial “Travestis, cometas, Cristina y un juez”, que hacía referencia al “país del despropósito”. En realidad, Clarín sacó del cajón de proyectos casi olvidados una iniciativa de María Rachid en la Legislatura Porteña –con mayoría PRO no dispuesta a tratar la iniciativa– para otorgar 2600 pesos a personas trans con una expectativa de vida no mayor a 45 años para fomentar su inclusión educativa y laboral que, en el plano local, no serían más de cien personas. Mientras que, a nivel nacional, la diputada Diana Conti presentó un proyecto de ley para el resarcimiento económico de las personas trans que, por su identidad de género, hayan sido privadas de su libertad tanto por aplicación de los edictos de policía como por cualquier otro acto emanado de las fuerzas de seguridad violatorio de sus derechos humanos.

La idea que las personas violadas o maltratadas pudieran cobrar una pensión levantó una ola de transfobia que sólo quiere decorar sus livings de bailarinas exóticas, pero no escuchar las historias de vida. ¿Por qué es justo que el Estado repare la violencia que sufrieron?, les preguntó el profesor Eduardo Martínez, en la materia Proyecto formativo ocupacional, de segundo año, del bachillerato trans Mocha Celis a sus alumnas/os. Daniela Mercado subrayó tres veces la palabra “inmunda”. La comida era inmunda. La que le daban cuando la detenían en Mendoza. “Las chicas estaban acostumbradas a caer seguido, cumplían 15 días, las largaban, pasaban 2 días y volvían a trabajar (había que comer) y caían de nuevo. La comida era inmunda”, remarca para que la arcada se clave en la conciencia de quienes asimilan la identidad con una minifalda. La palabra “mierda” crece con bronca en mayúscula como el asco frente a esa comida. La cursiva queda en los primeros renglones para señalar: “Nos desnudan. Nos revisan los genitales. Se ríen, nos insultan, se divierten. Se quedan con nuestro dinero”. Y termina el trabajo de dos hojas cruzadas en diagonal por el reclamo: “Mis compañeras trans merecen reconocimiento y respeto por estos treinta años que la identidad trans fue negada, apaleada y marginada”.

“Vení conmigo, que después que me hagas sentir bien te vas”, cuenta Soraya Squell Porta que le decía la policía cuando la veía en la calle. “Si alguien se rehusaba a ese pedido ellos golpeaban, escupían y abusaban de las chicas trans con las cachiporras o les cortaban el cabello, siempre haciendo abuso de poder”, relata sobre un pasado que ya está pisado pero debate –en aulas integradas por estudiantes que aspiran a futuro– si seguir avanzando o retroceder.