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Seis disparos. Fueron seis los disparos que recibió Rosalía Benítez en la madrugada del 22 de septiembre de 2012 en su casa de Villa Gobernador Gálvez, al lado de Rosario. Su ex pareja, Mario “Cacho” Toledo, llegó con una escopeta y un revólver y le disparó pese a los gritos de su hija de nueve años. “Por favor, papi, no”, le decía la nena mientras corría a pedir ayuda. Toledo tenía una orden de exclusión del hogar. Un milagro salvó la vida de Rosalía, que estuvo quince días en coma pero sobrevivió y dio testimonio ante la Justicia. Estuvo a punto de engrosar la estadística de 255 mujeres asesinadas en 2012 en la Argentina, según los números que elabora la Casa del Encuentro. El 23 de diciembre de este año, los jueces Julio Kesuani, María Isabel Mas Varela y Eduardo Fertita le aplicaron una pena de diez años al agresor. Desestimaron el agravante por ensañamiento y alevosía, y sólo confirmaron el de uso de armas de fuego. “La Justicia me abandonó cuando denuncié y me abandona ahora”, dijo la víctima. El hombre volverá a la calle en pocos años y ella sabe que entonces será un blanco móvil. La fiscal Cristina Herrera había pedido una condena “ejemplar” a 18 años por la tentativa de homicidio doblemente agravado y por las amenazas previas. La resolución del Tribunal Oral de Rosario muestra que el sexismo continúa haciendo estragos en el acceso de las mujeres a la Justicia. Rosalía había denunciado “un montón de veces” a su agresor, que primero la amenazó de muerte en plena calle, cuando salía de trabajar, y luego lo concretó. “Toledo prometió y cumplió”, dijo la fiscal tres veces en los alegatos. En el juicio oral, Rosalía acusó en la cara a Toledo. Nada se había hecho antes para salvar su vida. Tampoco llegó después la protección. Los magistrados abonaron la impunidad que sostiene la recurrencia de los agresores.

La Casa del Encuentro está terminando las cifras que presenta cada año. Otra ONG, Mujeres de Negro, lleva contabilizados 236 femicidios hasta el 22 de diciembre pasado. Siempre de acuerdo con los casos que llegan a los medios. En la Casa del Encuentro adelantaron que tendrán datos completos en los primeros meses de 2015, aunque ya hablan de una muerta cada 30 horas. “No disminuyen los casos de femicidios. De 2008 a 2012 estábamos en una mujer cada 35 horas, y por ello es indispensable el diseño integral y federal para poder prevenir, informar, asistir para erradicar”, expresaron la directora general del Informe de Femicidios, Ada Rico, y la directora ejecutiva de Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez.

Los asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo no los cuentan los poderes públicos sino las propias mujeres. “Los Estados tendrían que tener esas estadísticas”, subrayaron Tuñez y Rico. Los números elaborados por la Casa del Encuentro, Mujeres de Negro, Indeso Rosario y otras organizaciones de la sociedad civil se basan en las publicaciones en los medios gráficos. “El subregistro existe. Hay indicaciones por parte de organismos e investigaciones internacionales que hablan de esa dificultad de registrar todos los casos y hay un llamado a todos los Estados a producir información pública. En el caso de Argentina, dado que los informes que se producen se hacen sobre la base de lo que informan los medios de comunicación, el subregistro es más evidente, porque sólo se cuentan los que llegan a ser publicados”, expresó Mariano Fernández Valle, integrante de la comisión sobre temáticas de género en la Defensoría General de la Nación. Junto con Amnistía Internacional, la Defensoría realiza una investigación sobre los obstáculos que encuentra la prevención de la violencia de género en la Justicia.

En ese punto, Claudia Comas, de Mujeres de Negro de Paraná, alertó acerca de que “si bien se logró que se deje de hablar de crímenes pasionales, todavía aparecen casos camuflados”. El 18 de mayo, María Agustina Turano apareció muerta en un sillón con una cuerda en el cuello en la capital entrerriana. Su novio, Pablo Actis, le dijo a la policía que se había suicidado. Tuvieron que pasar dos meses para que la Justicia ordenara la exhumación del cadáver para hacer la autopsia de la chica de 25 años. Desde entonces, Actis está detenido e imputado por el delito de homicidio calificado por la convivencia y violencia de género.

Víctima de otro tipo de violencia, la institucional que supone la ilegalidad del aborto, Laura Veroni, de 27 años, murió el miércoles 17 de diciembre en el hospital público materno-infantil de Salta. Sus compañeras de la cooperativa Ellas Hacen dijeron que había denunciado varias veces a su pareja por violencia.

Rosalía, quien sí vivió para contarlo, también tenía una “pila de denuncias” contra Toledo. Cuando lo cuenta, pone la mano unos 30 centímetros por encima de la mesa y dice: “Hice un alto así de denuncias. Las acumulaba”. Si las medidas de protección dispuestas por la ley 26.485 no se cumplen, el femicidio se convierte en un destino: “En realidad en el último informe de 2013, sobre 295 femicidios en 46 casos, las mujeres tenían denuncias previas y exclusión perimetral. Faltan estadísticas que den cuenta de la cantidad de denuncias en todo el país. No está centralizado, por eso las cifras que hay son segmentadas y no permiten realizar una acción integral para profundizar políticas públicas tendientes a prevenir y asistir en forma directa y sostenida a las mujeres en situación de violencia”, plantearon Rico y Tuñez.

Torcer el destino

Desde la misma Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su coordinadora, Analía Monferrer, reconoce que “hace falta idear controles más eficaces de las medidas de protección. Antes la crítica era que el Poder Judicial no actuaba. Esto ya no es así, al menos en Capital Federal, las medidas se dictan en el momento, de modo que ya no es un obstáculo. Hay que trabajar ahora en ver cómo esa medida se hace efectiva”. La funcionaria afirmó que “se trabaja en conjunto con los ministerios de Seguridad para encontrar algunas medidas que hagan más efectivas estas órdenes. Si se dictan consignas policiales para todas las personas que denuncian, los recursos disponibles no alcanzan, por eso se han adquirido los botones de alarma. En ese aspecto hay fallas en el sistema, la Justicia no cuenta con recursos y los deriva a las fuerzas de seguridad”.

Esta falencia que hoy es un punto crítico es subrayada también por la abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Analía Aucía. “No se vigila el proceso de aplicación de las medidas de protección, no se realizan evaluaciones de su implementación y efectividad que permitan adoptar medidas correctivas. En tanto la policía, como órgano encargado de ejecutar esas órdenes, no cuenta con la formación ni los recursos para asegurar el cumplimiento. Los operadores de justicia no están lo suficientemente sensibilizados ni formados para visibilizar la violencia contra las mujeres como una grave violación de derechos humanos”, señaló Aucía.

Los botones de alarma, mal llamados “antipánico”, se convierten entonces en una demanda que las propias mujeres llevan a la Justicia cuando se sienten desprotegidas. “Sirven en algunas circunstancias, porque son un dispositivo para quien aparece como víctima, en caso de estar en peligro. Es una buena mecánica, un buen procedimiento para utilizar en algunos casos, pero sigue siendo la víctima quien tiene a su cargo pedir el accionar de la Justicia o fuerzas de seguridad. En otros países se usan las pulseras electrónicas para que la víctima esté tranquila y la Justicia pueda controlar que el agresor no se acerque”, consideró Monferrer. El botón de alarma “es un buen dispositivo para algunos casos”, apuntó. En algunas jurisdicciones –como Santa Fe– la espera para obtenerlo supera el mes. No es el único recurso posible. “En otros casos, funciona la prisión preventiva”, sostiene Monferrer. Justamente, al desconocer el círculo de la violencia de género y el peligro inminente que sufre una víctima, lo que más les cuesta entender a quienes aplican las leyes es que la prisión puede ser necesaria.

Monferrer consideró que el incumplimiento de las medidas de protección “forma parte del círculo de la violencia. Sin hacer evaluación de la autoría, si realmente nos encontramos ante un hecho de la violencia doméstica, quien aparece como agresor tarde o temprano intentará una agresión mayor. Estas situaciones van in crescendo, aunque la denuncia se dicte en forma oportuna. El hecho más grave puede ocurrir porque quien es agresor, tarde o temprano, va a querer matar a la persona. En los casos que pasaron por la oficina detectamos que cuando la persona vino, inmediatamente tenía la medida dictada. Sin embargo, al día siguiente o posteriormente tenía una agresión más grave u homicidio”.

Para las integrantes de Casa del Encuentro lo que ocurre es transparente. “Los agresores se sienten impunes”, enfatizaron. El femicidio de Melina Romero lo dejó en claro: el 22 de diciembre, la Cámara de San Martín liberó “por falta de mérito” a los tres mayores detenidos por el crimen de la adolescente que desapareció el 24 de agosto y esta semana quedó libre el menor denominado “Toto”. El cadáver de la adolescente apareció un mes después, en un basural de José León Suárez. El pai umbanda César Sánchez, Joel Fernández (“Chavito”, 18) y Elías Fernández (“Narigón”, 20) recuperaron la libertad en la semana de Navidad. Los camaristas Solange Cambet, Carlos Julio Hermelo y José Marinaro hablaron de una investigación que es “terreno fértil de dubitaciones”. No considera lo mismo la fiscal María Fernanda Billone, que confía en el testimonio de Melody, la “testigo clave” de la causa. El expediente está caratulado como “homicidio criminis causa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por femicidio en concurso real y abuso sexual agravado”.

Ver para creer

La mirada sexista en la Justicia no es novedad para ninguna militante en estos temas. Ya sea en la recepción de denuncias como en la tramitación de casos. Al punto de que el recurso al “escrache” público se convierte en la única herramienta para algunas mujeres. En Oberá, una ciudad de Misiones, Nancy Chamula, de 38 años, tomó una decisión drástica: difundió las imágenes de una cámara de seguridad del local de repuestos en el que trabaja. Allí, su ex marido, Carlos Simón, un empresario arenero de 50 años, le pega reiteradamente. Las imágenes tenían un año y medio. Nancy decidió hacerlas públicas en noviembre, ante una nueva agresión, cansada de que la policía y la Justicia le dieran la espalda. Ese video tiene más de 289 mil visitas en YouTube.

A María Cristina Ponce también le pareció que filmar su historia era una manera de sacudir la indiferencia. Su ex marido, César Varela, con una medida de exclusión del hogar, llegó hasta su casa en la madrugada del 19 de junio de este año, encerró a las dos hijas de la pareja en una habitación y a ella –de 38 años– la sometió a maltratos, violación e intento de homicidio. La tenía atada con un cable al cuello y, si ella intentaba moverse, tiraba de la cuerda para ahorcarla. No lo consiguió porque las nenas –de seis y doce años– lograron escapar para pedirle ayuda a la abuela. María Cristina contó lo ocurrido en un cortometraje de Igualdad Argentina, una ONG de Rosario, y le escribió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nada de esto le bastó al juez Javier Beltramone, que dictó la prisión domiciliaria del agresor con salidas laborales. Desde que lo sabe, María Cristina vive encerrada en su casa de Villa Gobernador Gálvez, entre las paredes sin revocar y las carencias que se suman.

Este recurso en imágenes muchas veces tiene que ver con los prejuicios de quienes trabajan en la Justicia. “El empleado que debe tomar la denuncia o un fiscal tienen que verlo en imágenes para creer, muchas veces. Por eso las mujeres recurren a las filmaciones. Es por eso que se debe trabajar la perspectiva de género, que el que reciba la denuncia esté capacitado”, consideró Claudia Comas, de Mujeres de Negro Paraná.

Monferrer aseguró que “el Poder Judicial ha cambiado notablemente, pero aún está muy arraigada, no sólo en la Justicia y las fuerzas de seguridad sino en toda la sociedad, la idea de que la violencia doméstica es un asunto privado, familiar, que no hay que intervenir. Lo que hace la Corte es capacitar en que existe la obligación de intervenir, incentivar las denuncias de vecinos y los llamados al 137 (Programa Las Víctimas contra las Violencias, en CABA) y al 911 en todo el país. “Todavía cuesta entender las características de los hechos de violencia doméstica, principalmente el círculo de la violencia y que quien aparece como víctima va a volver una y otra vez hasta que el Estado esté ahí para sostenerla y fortalecerla. La mujer que es víctima de violencia doméstica, que no tiene independencia económica, que no tiene un tratamiento psicológico para no arrepentirse de hacer la denuncia, cuando el agresor le prometa que va a cambiar, va a volver. Eso en los operadores judiciales incide negativamente. Desde que ha empezado a trabajar la oficina eso también está cambiando”, expresó.

Con una mirada desde afuera de las instituciones públicas, la representante argentina del Comité de Expertas de la OEA para el monitoreo de la Convención de Belem do Pará, Susana Chiarotti, recordó que las mediaciones, conciliaciones y otras formas acordadas de resolución de las denuncias de las mujeres están prohibidas por ley. “Sin embargo, se están aplicando en varias provincias, según el rastreo que hicimos, y lo hacen en casos con conflictos en los que la violencia aparece como base. O sea que hay como una costumbre de llamar a las parejas a que acuerden, porque creen que hay malentendidos. También está el rastro atávico en estas cuestiones, que tenía que ver con que la Justicia era para los asuntos públicos. La mayoría de los jueces piensa que esos problemas no deberían resolverlos ellos, sino que deben arreglarse entre las partes. Eso es por la falta de perspectiva de género”, dijo la especialista. Y señaló que “en Santa Fe se introdujo la norma de que todos los casos de familia tienen que ir a conciliación. Cuando pregunté qué pasaba con los casos de violencia, aclararon que están excluidos, y en la pareja, si se observa conflicto de poder, también se suspende. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque existe de entrada un desequilibrio de poder”. Comprender la lógica del patriarcado y cómo opera en las relaciones de pareja heterosexuales es todavía una materia pendiente en buena parte de los operadores de Justicia.

Marta Pérez, de Mujeres de Negro, apuntó a la falta de mirada de género de los jueces penales. “Desgraciadamente siempre está la duda sobre el testimonio de las mujeres. Nunca se les ha creído. Eso tiene que ver con la cultura patriarcal y machista. A veces parece que esperan que las mujeres vengan con un cuchillo clavado en el pecho a denunciar. A los jueces no les enseñan en la facultad sobre los derechos de las mujeres”, dijo la activista de la organización que una vez al mes se planta en lugares públicos de distintas ciudades del país, con sus integrantes vestidas de negro, y levantan pancartas con los nombres de víctimas de femicidios para hacer visible la violencia de género.

Esos nombres, los de mujeres víctimas de femicidio, se suceden en los medios. Cada treinta horas, la noticia irrumpe desde la pantalla del televisor. Cada vez con más detalles, mayor ensañamiento, regodeo en la destrucción del cuerpo de la víctima. Claudia Comas, de Mujeres de Negro Paraná, dijo que en todo el país hay “casos de mujeres con lesiones de todo tipo: quemadas, ahorcadas, degolladas”. Y agregó que “si bien este año se conocieron varios casos de ensañamiento notorio, no es novedad”. Mencionó a Melina Romero, Angeles Rawson (asesinada en junio de 2013), cuyos cuerpos aparecieron en basurales. Y también habló de otro, que no trascendió en todo el país, como el de Priscila Hatman. Tenía 22 años: la golpearon y la ahorcaron con su propia remera. El fiscal Juan Malvasio describió que la joven fue muerta “con gran violencia”. Por eso, la causa está caratulada como homicidio agravado por violencia de género con ensañamiento y alevosía, un delito que prevé pena de prisión perpetua. Para Comas, el ensañamiento con el cuerpo de las mujeres no es una novedad: “siempre fue así”. La activista consideró que la diferencia está en que “ahora los medios lo visibilizan más”. También habló de un “marcado desprecio” de los agresores por las víctimas.

Volver al futuro

Pese a todas las evidencias a lo largo del país, el anteproyecto de Código Penal que elaboró una comisión de expertos presidida por Eugenio Zaffaroni elude la figura de femicidio, recién establecida en 2012 por la ley 26.791. “Significa un retroceso que el anteproyecto haya eliminado la perspectiva de género que se había incorporado, por ejemplo, en el inciso 11, que sanciona con pena de prisión perpetua el homicidio de una mujer realizado por un hombre cuando medie ‘violencia de género’. También, la actual redacción vigente impide que puedan aplicarse atenuantes de la pena, tal como ‘emoción violenta’, si hubo actos de violencia contra la mujer, pero el anteproyecto elimina esta prohibición”, detalló Aucía. La profesional de Cladem consideró “sorprendente que mientras hay una tendencia legislativa en el mundo y la región, así como las recomendaciones que los organismos internacionales le vienen haciendo a nuestro país, este anteproyecto de Código Penal muestre un retroceso y serias contradicciones aun contra la propia legislación vigente en la Argentina”.

También lo lamentó Chiarotti. “Lo teníamos contabilizado como un avance, es más, empezó a generarse una doctrina interesante. Sin embargo, ese camino corre un serio riesgo de ser interrumpido porque en el nuevo proyecto ya no aparece. Hasta ahora hicimos varias reuniones de organizaciones de la sociedad civil con los integrantes de la comisión y no hay manera de que se vea la importancia de la inclusión. Dicen que es un delito que no existe. Por supuesto que es un homicidio, pero llamarlo femicidio tiene una ventaja ideológica importante, porque se asocia a la violencia de género”, enfatizó. No sólo en Tribunales desconocen la perspectiva de género, también aquellos encargados de pensar leyes para el próximo siglo desconocen la disparidad de poder entre varones y mujeres, esa imposición patriarcal de la violencia como disciplinamiento de los cuerpos que llega a la muerte de la indómita, para que todas sepan lo que les espera.