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En muchos casos los docentes e integrantes de equipos de orientación escolar tienen temor a realizar denuncias cuando la escuela es testigo de la violencia por abandono, maltrato y/o abuso que padecen muchos de sus escolares, en no pocos casos, de parte de sus propias familias. Esta terrible situación se da especialmente en las escuelas privadas, incluso religiosas, que prestan servicio a sectores de medios y altos recursos. Se olvidan de que la escuela es garante de los derechos de las infancias y, muchas veces, la única que podría ofrecerles la posibilidad de ser escuchados para que puedan recibir la ayuda que se merecen, a través de organismos especializados, de modo de contribuir por esta vía a la plena aplicación de la legislación vigente en nuestro país, tanto en materia de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia como desde el campo de la salud mental.

Es cierto que, en menor escala, esta lamentable circunstancia ocurre también en escuelas de gestión pública, de acuerdo con lo que vengo recogiendo de mi experiencia en capacitación de docentes. Al cruzar datos de juzgados de la provincia de Buenos Aires de casos de niñxs que son objeto de violencia familiar y que llegan a ser judicializados, puede observarse que no son pocos los casos que las escuelas a las que asistían no habían hecho las denuncias correspondientes argumentando no haber advertido señales previas.

Entre la complejidad de factores que intervienen en esta tendencia de parte de las escuelas a la negación del problema de la niñez vulnerada por sus propias familias aparece el backlash, un término en inglés cuya traducción es “contra golpe” y refiere a las reacciones adversas de las que terminan siendo objeto los profesionales de la educación, lo social y la salud, que intentan develar este tipo de situaciones. Desde despidos, rumores de que se trata de exageraciones del docente o psicólogo escolar, trabas burocráticas de todo tipo a la hora de decidirse a hacer la denuncia, amenazas y descalificaciones de los padres a los que se les solicita consulta y falta de apoyo de los directivos.

Este contramovimiento surgido ante aquellxs que luchan contra la violencia familiar sobre la niñez y adolescencia aparece claramente ligado a un paradigma conservador (que ve a los hijxs como propiedad privada de la familia) que aún insiste en nuestra sociedad tornándola excesivamente tolerante ante este grave problema que deja huellas indelebles en la subjetividad de las víctimas, en pleno proceso de constitución, de profundo dolor psíquico asociado a sensaciones de impotencia y gran vulnerabilidad.

Hay que revisar las prácticas escolares de docentes, directivos y representantes legales de modo de adecuarse a la normativa vigente que reclama anteponer ante cualquier otro tipo de razones el interés superior del niñx.

* Doctora en Psicología, licenciada en Educación y Psicopedagoga en diversas escuelas de zona norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.