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El próximo 2 de junio, cuando se celebre el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, en la Plaza de Mayo se exhibirá una muestra fotográfica con imágenes de activistas, políticos, periodistas, artistas, famosxs y voluntarixs sosteniendo facturas con un detalle amplio de actos sexuales: francesa convencional, premium, servicio completo y servicio lésbico, entre otras variantes. La actividad marcará el cierre de “El trabajo sexual es un trabajo”, campaña que impulsa la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) para regularizar los servicios de índole sexual, como los denomina la organización, y legalizar a un colectivo que se considera “de trabajadoras y sujetas de derechos y obligaciones”.

La idea surgió para agitar el debate pero también para fortalecerse ante las embestidas que la organización viene sufriendo desde septiembre del año pasado, cuando junto con la legisladora porteña María Rachid, del Frente para la Victoria (FpV), presentaron un proyecto de ley de trabajo sexual autónomo, que garantice el libre ejercicio de la actividad, la organización sindical y la seguridad social. “Después de la presentación del proyecto comenzaron a interpelarnos sobre cómo íbamos a facturar, si en la boleta comenzaríamos a poner un pete o un polvo. Entendimos que los estigmas y las definiciones de la cultura machista siguen muy presentes, mientras que nosotras generamos nuevos códigos como sujetas de derechos empoderadas para desprendernos de ese lenguaje. Eso generó que saliéramos a responder los ataques planteando la necesidad de que se blanquee nuestro trabajo, y pensamos la iniciativa de la factura como acción simbólica”, explica la secretaria general de la organización, Georgina Orellana.

Hasta hoy, el sector factura “tramposamente”, advierte Orellana, en categorías de servicios personales, dama de compañía, peluquera, manicura, masajista. “Ahora buscamos facturar como asociación, porque Ammar está reconocida en la AFIP como organización sin fines de lucro.” El camino hacia el reconocimiento legal incluye la creación de cooperativas sexuales y el objetivo más abrazado, “blanquear los ingresos al Estado y dejar de pagarle a la policía”. El año pasado, un grupo de legisladores porteños denunció los métodos que el Gobierno de la Ciudad aplica contra actorxs de este sector con el pretexto de luchar contra la trata de personas. La Policía Metropolitana encargada de los allanamientos, la Agencia de Control Gubernamental que clausura o habilita los domicilios y la Unidad de Rescate que demora o inicia procesamientos “arbitrarios y particularmente violentos”. Es cosa de todos los días que policías varones hagan desnudar a las trabajadorxs en los allanamientos, que se procese por falso testimonio a aquellxs que declaran ejercer la actividad en forma voluntaria, que lxs impliquen como tratantes por atender el teléfono del lugar o abrir la puerta, “o que funcionarios de la Agencia de Control Gubernamental tomen servicios sexuales y después allanen el lugar”, enumera la secretaria general de Ammar. “Porque el trabajo sexual en nuestro país no está permitido pero tampoco prohibido, y en ese vacío legal delitos como la trata de personas, el proxenetismo y la prostitución infantil se confunden con una actividad lícita como el trabajo sexual de mujeres mayores de 18 años, que lo hacemos por voluntad propia y a cambio de una remuneración.”

En el abanico de argumentaciones se encuentra, por ejemplo, el Plan Nacional Antidiscriminación, un decreto presidencial que firmó Néstor Kirchner en 2005 y fue ratificado por leyes provinciales en casi todo el país. En el artículo 18 “exige que se les reconozcan los aportes y la obra social a aquellas mujeres que se definen como trabajadoras sexuales y en el artículo 19 que se les otorgue personería sin discriminación. Es una línea de reconocimiento de un presidente que respetaba a las trabajadoras sexuales. Néstor era un pragmático, vio que aún había actores excluidos y que debía incorporarlos un Estado nacional y popular sin líneas de discriminación”.

Más allá de antecedentes legales, la persecución y las viejas prácticas policiales siguen presentes.

–No sólo se trata de violencia institucional. Sectores religiosos, políticos y organizaciones sociales no reconocen el trabajo sexual y lo consideran una subordinación de la mujer hacia el hombre, con eje en el poder del dinero y el poder sobre los cuerpos. Hay un discurso muy fuerte de rechazo porque la herramienta de trabajo es nuestra sexualidad, cuando ejercemos esta actividad por elección propia, defendiendo la autonomía y la autogestión de nuestros cuerpos. Pero esa invisibilización que quieren imponernos más la ausencia del Estado y la persecución policial terminan favoreciendo el proxenetismo y haciéndonos sujetas de mayor explotación laboral.

El 9 de marzo pasado, un fallo de la jueza Natalia Molina, a cargo del fuero Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad, declaró ilegítimo el procedimiento del gobierno porteño para imponer clausuras y multas en domicilios “donde se realizan servicios personales de tipo sexual”. El fallo fue celebrado por las mujeres agrupadas en Ammar, pero la problemática se extiende a unas 18 provincias, donde pesan códigos contravencionales y de faltas. Orellana enumera casos de extrema vulnerabilidad en Salta, Jujuy, Córdoba, Río Negro, Tucumán, Tierra del Fuego, Mendoza y San Juan, “con municipios que avanzan sobre el ejercicio autónomo del trabajo sexual castigando lo que se supone ofende la moral y las buenas costumbres en el espacio público. Se penaliza el tipo de vestimenta que llevan las compañerxs, y quedan detenidxs entre 21 y 30 días. Son acciones que afectan a las mujeres de los sectores populares, y no a los servicios sexuales para sectores de alto nivel”.

La campaña actualiza también reclamos planteados desde el inicio de la Asociación, como la incorporación de lxs trabajadorxs sexuales a los sistemas previsionales y asistenciales, acceso a la educación y salud integral, y organización sindical y seguridad social. “Queremos explicar a legisladores y legisladoras que las políticas antitrata terminan criminalizando el trabajo sexual”, señala Orellana, que milita un modelo de regulación, contrario al de Uruguay. “No nos sentimos representadas por un modelo reglamentarista como el uruguayo, porque se legalizó la figura del proxeneta, lo que implica explotación sexual legalizada. Nosotrxs trabajamos desde las bases por un modelo autogestivo, y estamos orgullosas: Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Colombia ya nos pidieron nuestro modelo de proyecto de ley para estudiar la posibilidad de adaptarlo a sus legislaciones.”