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Frecuentemente nos hallamos insertas en el debate del bien público en tanto mujeres. Y sin embargo, sorprende el cómo. No resulta fácil reconocernos como militantes o parte activa de una discusión cuando somos quienes la encarnamos. No es nuestro pensamiento el que participa, es nuestro cuerpo lo que está en disputa.

Repudiamos el lugar desde el que se intenta definir aquello que deberíamos querer o ser. Desde esta cómoda perspectiva no se está considerando, en ningún caso, nuestra condición de ciudadanas. Al contrario, nos vemos comprendidas como seres potenciales de ser como otros quisieran que fuésemos.

Frente a esto ¿el repudio es suficiente? ¿Desde qué lugar y hasta cuándo tendremos que soportar juicios y prejuicios sobre nuestra intimidad, privacidad y, –lo que es más grave–, nuestros derechos?

Consideremos el debate que en los últimos 16 meses, como mujeres, hemos tenido que soportar. La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo y sugerencia de reglamentación para un derecho que, paradójicamente, poseemos desde hace más de 90 años: la posibilidad de aborto no punible reconocido en el art. 86 del Código Penal. El conocido veto del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Mauricio Macri) se aplica a la reglamentación sancionada por nuestra Legislatura.

Los argumentos que defendieron la acción llevada a cabo por Macri van desde el reparo de un “exceso” por parte de la Legislatura, hasta la ratificación de la prioridad de un embarazo por sobre la vida de la mujer. De nuevo nosotras, lo que valemos, lo que somos...

En la mayoría de los debates que nos involucran, en particular aquellos de política sanitaria, las posturas predominantes parecen reflejar siempre un modo particular de valorarnos. Pero contamos con otras herramientas de argumentación.

Defendemos y creemos en la posibilidad de trascender el debate sobre la mujer, que continúa entendiéndola como objeto del interés general o receptáculo de deseos moralizantes, religiosos y otros.

Si contamos con otras categorías, como lo son la ilegitimidad o inconstitucionalidad, por qué no abandonar los reconocidos prejuicios ratificatorios del statu quo. ¿Por qué debemos, nosotras, seguir soportando juicios en torno de nuestro rol social? ¿Por qué seguimos rodeadas de valoraciones que intentan regular la importancia de nuestra propia vida?

Existe, de hecho y de derecho, la nulidad de pena al aborto hace decenios. La negación de su reglamentación legítima por un poder autónomo con representación democrática no sólo fue y es inconstitucional e ilícito, sino retrógrado e irrespetuoso para nuestra ciudadanía.

En la Argentina del siglo XXI seguimos siendo condicionadas, a pesar de las leyes y a través de ellas, por juicios performativos y valorativos, más allá del riesgo de nuestra vida, es decir: más allá de nosotras mismas.

* Estudiante de Filosofía.