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Viernes, 16 de febrero de 2007

CLASIFICADOS

Cómo decir que no

 Por Roxana Sandá

Los avisos se renuevan a diario por decenas. La necesidad es hereje y la precarización le acicatea el ruedo. Lo denuncian la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) y la Cooperativa La Alameda cada vez que visibilizan las relaciones esclavistas en talleres textiles del Bajo Flores. “Es difícil darle la espalda al trabajo, aunque una sepa que la están explotando”, confía Casiana Boyán, costurera boliviana que se desempeña en un taller clandestino del barrio de Liniers, aunque RR.PP. de las grandes marcas insistan en denominarlos “proveedores independientes”. El lugar había funcionado como gimnasio durante años, pero sus dueños se mudaron y decidieron venderlo. Con el tiempo, el cartel inmobiliario mutó la propuesta de venta en alquiler y más tarde fue retirado, sin más. Una noche de verano se levantaron algunos paneles de aglomerado, el trasluz de los ventanales fue clausurado por alambres mosquiteros, y el espacio ocupado por caballetes, tablones y máquinas de costura. Algunas trabajadoras duermen ahí; otras en los alrededores, en viviendas subalquiladas a compatriotas bolivianos. El círculo no deja nada librado al azar. La modalidad de reclutamiento es mediante el boca a boca o por avisos en los diarios. La UTC viene reclamando desde principios de 2006 el cumplimiento del tratado de asistencia a la víctima y la contención social a miles de costureras sometidas a servidumbre. “Que se permita el acceso a la documentación masiva y gratuita. Que se confisquen las maquinarias de estos talleres esclavos para que sean entregadas a las víctimas a fin de que las trabajen en forma cooperativa.” Sin medias tintas, la realidad marca jornadas de hasta veinte horas de trabajo con pagas míseras y familias hacinadas en camas cucheta que reciben por toda alimentación diaria mate cocido y pan viejo, y un plato de arroz con una albóndiga o un plato de sopa. El agua caliente es una utopía y los sanitarios, un castigo. En la Defensoría del Pueblo que dirige Alicia Pierini denunciaron estas brutalidades. Ahora esperan que la Justicia despierte del sopor de la feria y haga lo propio.

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