El 28 de enero Celeste tuvo una muy mala noticia. Como tantxs trabajadores del Estado fue despedida junto con Santiago Kosiner de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, que dependía de Banco Central de la Nación Argentina. Un mes antes, el 28 de diciembre, había sido despedido otro compañero, Eduardo Coddiani. Con estos despidos el área no existe más. “De esta manera queda asegurado el desaguace de estas áreas de control. Además de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, desde donde investigábamos los delitos económicos sucedidos durante la dictadura, se terminó con la Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financieros y el área encargada de hacer inspecciones en ‘cuevas’. Todxs eran trabajadorxs de planta desde fines de 2014. No se entiende la autoridad moral de Federico Sturzenegger, nuevo presidente del Banco Central, cuyo procesamiento por el Megacanje fue ratificado por la Corte después del 10 de diciembre.” Celeste advierte la persecución ideológica llevada a cabo, la discriminación existente bajo el rótulo de “La Cámpora” y suma que la comisión gremial interna del Banco no está saliendo a defender a los trabajadores.

Entre las tareas a las que se dedicaba la Subgerencia, investigaron y elaboraron un fondo documental único sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema financiero, y en mayo del año pasado dispusieron la desclasificación y el levantamiento del carácter secreto impuesto oportunamente a las Actas del Directorio correspondientes a los años 1981 a 1983 sobre la compra-venta de armas y de las inconsistencias de los registros de deuda externa.

El área fue auditada en diciembre por parte de la Consultora PSM, de Patricia Santamaría. Dicha auditoría constó en una entrevista del personal con representantes de la consultora quienes decidieron –antes de los despidos– el cambio en el plan de trabajo de la Subgerencia. Así, pasaron de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico militar y la promoción de Derechos Humanos mediante capacitaciones internas, a dedicarse a generar un plan de trabajo que quedó establecido en dos ejes: uno de Ética Pública -la construcción de un código de ética del organismo- y otro de Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados. Por el momento el nombre del área ha permanecido igual, si bien, se les comunicó informalmente que podría cambiar a “Ética Pública” o “Ética y Complimiento”. Por estos días también temen que se eche a la única compañera del colectivo trans, Victoria Antola, cuyo contrato de evaluación termina el 14 de marzo, la única que al momento no fue despedida.