El debate referido a la cuestión penal juvenil ha tenido en los últimos años ejes absolutamente erráticos. En una sociedad abrumada por el aumento de la pobreza, la marginalidad, la caída de los sectores medios y el deterioro de los vínculos de integración familiar; legisladores, funcionarios y analistas –ante la falta de soluciones reales para estos problemas reales– recurren al recurso de aumentar la penalización de los delitos como salida “mágica” para dar respuestas al lógico reclamo de justicia de la sociedad.
En el tema específico de los jóvenes autores de delitos graves, lo que siempre se oculta en los debates es que la legislación vigente los penaliza fuertemente: los jóvenes de entre 16 y 18 años son totalmente imputables y tanto ellos como todos los adolescentes y niños, aun los que no han cometido ningún delito, son incluidos por las leyes tutelares (Patronato Ley 10.903, Ley Penal 2278 y Código de Procedimientos) en el régimen de disposición judicial.
Este circuito impide analizar los dos elementos clave que caracterizan un perverso esquema jurídico: por un lado la falta de garantías procesales que establezcan si los adolescentes son culpables o no de los delitos que se les atribuyen, y que el tiempo que pasen privados de su libertad sea efectivamente producto de una sanción o condena. Por otro lado está comprobado que la estadía de los jóvenes en los institutos de menores no contribuye al mejoramiento de sus condiciones educativas, sociales o del desarrollo de su personalidad; por el contrario, en general las carencias afectivas, psicológicas o culturales se acentúan y se profundizan los rasgos de violencia.
Estamos convencidos de que el debate no debe centrarse en “bajar la edad de imputabilidad” sino en establecer un régimen de responsabilidad con las garantías de defensa en juicio propias de cualquier sistema democrático, de las cuales los jóvenes –por increíble que parezca– carecen. Se trata también de derogar las disposiciones tutelares de la Ley de Patronato y concordantes, y aprobar un Régimen de Protección Integral para la infancia y la adolescencia con políticas activas que garanticen a los chicos condiciones de vida dignas. Solamente la combinación de estos elementos podrá contar con nuestro apoyo y nuestro voto.

* Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.