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El embarazo adolescente subió —muy significativamente— del 7,2 por ciento del total de embarazos al 19 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien las adolescentes pueden y tienen derecho a decidir ser madres, cuando esto sucede masivamente se relaciona con la desatención de los y las jóvenes; con falta de información sobre los servicios de adolescentes (como el del Hospital Argerich, premiado internacionalmente); el derecho al acceso a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y preservativos en todos los centros de salud, y de estímulos a proyectos de vida que prolonguen la esperanza de otro futuro más allá de la maternidad y la paternidad.

Además, si bien desde 2006 está aprobada la Ley de Educación Sexual integral, a nivel nacional, para todas las escuelas de gestión pública y privada, que tiene entre sus contenidos el propósito de evitar embarazos no buscados y de generar una sexualidad respetuosa y placentera, el macrismo no implementó la norma en la Ciudad de Buenos Aires. Es una obligación —y un derecho de chicos y chicas a informarse científicamente, y no sólo con el bombardeo sexual de Internet y los medios—, pero que el Gobierno porteño incumple.

“Nos preocupan indicadores que hablan del aumento del embarazo adolescente. No es casual que esto suceda porque la Ley de Educación Sexual no se cumple”, dijo la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), en una conferencia de prensa realizada esta semana en la Legislatura porteña. Además denunció la crítica situación de los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad.

Con relación al embarazo en adolescentes, Naddeo realizó un pedido de informes en función de los datos de “Las embarazadas en los Centros de Salud y el Plan Médico de Cabecera. Informe de las personas atendidas en el año 2008”, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea que la presencia de embarazadas adolescentes (de 12 a 19 años) en la Ciudad es de un 19 por ciento sobre el total, cuando en 2007 era de un 7,2 por ciento, según el mismo informe.

Pero no sólo en una ciudad signada por la letra H (de hacer) se deshicieron políticas públicas de cuidar a las jóvenes a través de los programas de inclusión de madres adolescentes en las escuelas, o para evitar noviazgos violentos. También se profundizan las inequidades barriales en la misma ciudad. “En las regiones sanitarias I (este) y II (sur), alcanza el 21,4 y el 18,9 por ciento, respectivamente, mientras que en las zonas III (oeste) y IV (norte) son de 16,8 y 16,3 por ciento”, señala el informe oficial.

Por todo esto, Naddeo anunció la presentación de un proyecto que plantea declarar en emergencia los servicios de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que intenta establecer un recurso de exigibilidad para que los niños, niñas y familias vulnerables tengan garantizado el acceso a los servicios y programas. Además, el proyecto exige la ampliación de las partidas presupuestarias tanto para el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ella define “colapsado” y sin posibilidades de brindar —como antes—, por ejemplo, talleres de sexualidad, coordinados por organizaciones no gubernamentales, a chicos, chicas y adolescentes.