Una especie de síndrome Cromañón recorre el fútbol que, golpeado por los últimos hechos de violencia –con muertos y heridos incluidos–, intenta buscar anticuerpos para no verse quemado por el mismo fuego. “Si se despliega una bandera gigante en la popular, de esas que parecen telones, y un descerebrado prende una bengala, tendríamos un desastre”, conjeturó el abogado Gustavo Lugones, un integrante del Coprosede, el organismo que fiscaliza la seguridad deportiva en el territorio bonaerense. Para Javier Castrilli, convertido en subsecretario de Estado, la situación es clara. “Nos quejamos cuando sucede un hecho trágico como el de Cromañón, pero resulta que después hay gente que critica las medidas que tomamos, como los vetos y clausuras de estadios donde comprobamos irregularidades”, se quejó. Opiniones como éstas exponen un problema que no tiene remedio en el corto plazo. El espectáculo del fútbol no ha desarrollado todavía los mecanismos necesarios para evitar, por ejemplo, que los hinchas arrojen cohetes, ingresen a la cancha con un bidón de combustible y jueguen a ser un lanzallamas o, mucho peor, matar con un arma de fuego.
Desde que se creó en agosto del 2002 y hasta hoy, el Coprosede determinó casi un centenar de clausuras a estadios por el uso de pirotecnia. El año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se realizaron 84 inspecciones a las 18 canchas porteñas, desde la Bombonera hasta Barracas Central. Semejantes estadísticas –que hablan del celo de funcionarios como Castrilli o Mario Gallina–, sin embargo, son apenas números y no evitan los descalabros que, cada tanto, se producen en el círculo multitudinario que rodea al fútbol. Ocho fueron los hechos de violencia que acontecieron en distintos escenarios de todo el país durante el fin de semana pasado, sin contar ni el crimen del jueves 17, cuando Gonzalo Ferraro, de 21 años e hincha de Newell’s, fue asesinado mientras se producía un banderazo en el Coloso del Parque Independencia de Rosario; ni el apuñalado de anteanoche en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing derrotó a Olimpo.
El más extraño, aunque no por ello menos inquietante para los funcionarios, sucedió en Córdoba, el lunes 14 por la noche. Jugaban Belgrano y Tiro Federal por la B Nacional. TyC Sports, que transmitía el partido, entregó la imagen de un hincha lanzando grandes llamaradas por la boca. En un circo o hasta en una murga, hubiera parecido risueño. Pero en una tribuna colmada de público resultó un acto temerario. Por el fuego y el combustible utilizado para provocarlo. Castrilli comentó: “Esas cosas no ocurrirían si existiera el Consejo Federal”. ¿A qué se refería?
Según el ex árbitro, diecisiete provincias han adherido a la creación de un organismo donde se discutirá qué medidas adoptar contra la violencia, pero en todo el país. Y no como sucede hasta ahora en que sólo funcionan o funcionaron algunos organismos en distritos importantes: el Prosef en la ciudad de Buenos Aires, el Coprosede en el territorio bonaerense o el Comité de Seguridad Deportiva en Santa Fe.
En el Ministerio del Interior que conduce un hombre de fútbol como Aníbal Fernández –es presidente de la Asamblea de representantes de Quilmes– se espera que se comprometan todas las provincias, que serían citadas a firmar el acuerdo durante este año. Ahora bien, ¿de qué modo se puede tornar operativa esta iniciativa en una geografía tan grande como la de Argentina? Desde de la subsecretaría se habla de reuniones mensuales y hasta de la utilización del sistema de videoconferencias.
Pero las dificultades que tendría para funcionar el Consejo Federal son pequeñas comparadas con las inversiones que se les exigirán a los clubes en sus estadios. Porque, para empezar, todas las instituciones que jueguen en Primera deberán contar con un sistema de cámaras fijas. Y si un equipo asciende desde la B Nacional, se le dará un año de gracia para instalarlo. Podría suceder con Nueva Chicago, por ejemplo.
Hasta hoy, el Decreto 1466 de 1997 obliga únicamente a los clubes cuyos estadios superen una capacidad de 25 mil personas. Argentinos Juniors, por ejemplo, no lo tiene porque su cancha es la última que se inauguró en elfútbol argentino y hasta mediados del año pasado jugaba en la segunda categoría. Pero en idéntica situación están Rosario Central, Newell’s, Colón o Instituto de Córdoba, que disputan el torneo de Primera y no están condicionados por aquella norma. Sucede que el decreto firmado por Carlos Menem se aplicó nada más que a las entidades deportivas ubicadas en la Capital Federal. Y con el tiempo, la medida se extendió a la provincia de Buenos Aires.
Castrilli considera que esos gastos, y otros como los que a menudo cuestionan los dirigentes con razón –el servicio de policía adicional–, deberían solventarse con la creación de un fondo común, donde todos pondrían, como en el juego de la perinola. Algo lejano de lo que ocurre en Italia (una Secretaría del Espectáculo dispone un presupuesto de millones de dólares gracias al Toto Calcio y al Toto Gol) o en España, donde la movilización de efectivos los absorbe la Policía Nacional.
Además, aquí –según la evaluación de la subsecretaría que conduce el ex árbitro– hay equipos de filmación que están perimidos. Algunas cámaras de estadios, como los de Boca, San Lorenzo, Vélez y Huracán, no funcionan bien. Tampoco serían confiables los sistemas móviles. A un club como el humilde Huracán de Tres Arroyos, hasta su último partido como local en el mundialista de Mar del Plata, le costaba 2 mil pesos como mínimo el alquiler de diez cámaras.
Con una lente sensible apuntando a las tribunas o hasta una toma movida, pueden conseguirse las pruebas judiciales de incidentes o guiarse la búsqueda de quienes los provocan. Pero difícilmente se encuentren soluciones inmediatas a la violencia que opera como telón de fondo, como también a tanta corrupción y desaprensión juntas. Baste recordar que en muchos estadios suele repetirse la conducta dolosa del empresario Omar Chabán: amontonar al público y sobrepasar la capacidad indicada. Castrilli y los demás funcionarios lo saben. Por eso, el jueves pasado se reunieron preocupados para intercambiar ideas, Juan José Alvarez, el responsable de la Seguridad porteña, el ex juez Luis Cevasco, a cargo de un cuerpo de fiscales especializados en seguridad deportiva y el ex referí.
Los funcionarios quedaron más expuestos después del fatídico 30 de diciembre y ahora repiten la misma palabra que nos devolvió a la Edad de Piedra. Para los ambientes del rock, el fútbol y la sociedad toda, Cromañón debería tener un mismo significado.