La AFA, aunque tarde, comprendió que la tierra es un bien estratégico. Creó el Departamento de Saneamiento Jurídico de Predios de Entidades Deportivas. Tres abogados lo atienden dos veces por semana y asesoran a dirigentes preocupados por regularizar la situación dominial de una cancha, un campo de entrenamiento o la sede social de un club que corre peligro de perderse. Julio Grondona se comprometió a fondo con el tema y ya lleva firmados cuatro convenios marco con las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, el Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado) y la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias). Se calcula que entre un 85 y 90 por ciento de las instituciones que juegan en el Ascenso no tienen la titularidad de los terrenos que utilizan.

“La idea surgió en octubre de 2009 para que los clubes de fútbol pudieran sanear jurídicamente la situación de sus predios. La gran mayoría de las tierras están a nombre de un particular o del Estado. Los dirigentes se encontraban con la incertidumbre de qué iba a pasar con ellas. Algunas podían ir a una quiebra y otras ser rematadas. Yo durante 10 años fui secretario de Tierras en el distrito de Esteban Echeverría. Ahí me vinculé con colegas que forman parte de comisiones directivas de clubes. Hicimos un pequeño punteo y nos dimos cuenta de que había entidades que necesitaban disponer de tierras o regularizar el dominio de sus predios de manera gratuita. El presidente de la AFA entendió que era importante atender las solicitudes y decidió que nos ocupemos del tema. Los lunes y miércoles por la tarde, en el séptimo piso de la AFA, recibimos las inquietudes y nos sorprendió que muchos clubes se hayan acercado”, señala Martín Rodríguez, uno de los letrados que trabajan en el proyecto.

El 24 de noviembre de 2009 se firmó el acuerdo marco entre la AFA y el gobierno bonaerense. Cinco meses después, el 23 de abril del año pasado, Chacarita se transformaba en el primer club beneficiado por esta política. El Ceamse le cedía 10 hectáreas ubicadas junto al Camino del Buen Ayre, en el partido de San Martín y muy próximas a la Panamericana. Al lado hay un predio de las Madres de Plaza de Mayo. El contrato entre las partes define que las tierras son entregadas por diez años, con un derecho de prórroga por otro período igual y una opción de compra. Obliga a Chacarita a construir una villa deportiva y a prestársela doce horas semanales a los colegios de la zona. Además, el convenio le impone pagar un seguro de responsabilidad civil no menor a un millón de pesos, abonar íntegramente el impuesto a los sellos y no ceder el contrato a terceros. Todas las obras por realizarse volverán al Ceamse si Chacarita, pudiendo renovar el vínculo, no lo hiciera.

Vicente Celio, el presidente del club, agradeció aquel 23 de abril que “la institución deje de alquilar un predio para los entrenamientos”. El que vienen usando sus divisiones inferiores hasta ahora, el complejo Champagnat, está gravado con una hipoteca. Así lo menciona el contrato firmado con el Ceamse. “Nuestro primer logro fueron las 10 hectáreas que le conseguimos a Chacarita en el camino del Buen Ayre”, se ufana Diego Arias, otro de los abogados que trabajan en el Departamento de Saneamiento Jurídico junto a Rodríguez. El tercero es su hermano Gastón.

Cuando se suscribió el acuerdo entre la AFA y el gobierno bonaerense, quedó colocada la base para repetir la experiencia en otros distritos. El 8 de noviembre de 2010, Grondona y el ministro de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe, Antonio Bonfantti, firmaron el segundo convenio de cooperación, que tiene ocho cláusulas como el que rubricó Daniel Scioli. En la principal se explica que las partes tenderán a “la regularización dominial y saneamiento jurídico de predios de entidades deportivas asociadas a la AFA, tanto desde el aspecto urbanístico como así también desde la titularización de predios” en las respectivas provincias.

Los dos últimos acuerdos se concretaron el 23 de diciembre pasado, en vísperas de la Nochebuena. Los firmaron Grondona en representación de la AFA, por una parte y José Nicanor Villafañe, el presidente de la ADIF, y Fernando Miguel Suárez, el director ejecutivo del Onabe, por el Estado. Uno de los objetivos que se plantearon es “proceder a identificar los predios que puedan estar comprendidos en el marco de lo previsto en el presente, a solicitud de alguna de las entidades sociales y deportivas afiliadas a la AFA o de oficio”.

En el artículo 4º del convenio la asociación que preside Grondona se compromete a actuar como garante final de aquellos clubes “cuyos contratos de concesión, comodato, permiso de uso, etc., de los predios donde realizan sus actividades se encuentren vencidos, desactualizados, tanto en superficie ocupada, como en el monto del canon pactado, etc... y que se hallan para su regularización bajo la jurisdicción y/o administración de la ADIF o el Onabe”. Diego Arias sostiene que “una de las particularidades de estos convenios es que nos permiten conseguir más tierras que no tengan uso o estén a punto de ser usurpadas y esto cayó muy bien porque hay clubes que alquilan o viven de prestado”. Rodríguez agrega: “La demanda mayor es del Ascenso, porque les piden los papeles para todo. Son instituciones chicas que valoran mucho tener la escritura, más quizá que los equipos grandes. El 85, 90 por ciento de los clubes no tienen regularizada la titularidad de sus tierras”. En algunos casos, las escrituras desaparecieron. Dirigentes desaprensivos se las llevaron a sus casas, como ya escucharon los abogados que pusieron en marcha esta especie de reforma agraria del fútbol.