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Los goles de Palermo, la figura de Bilos que aflora o el carisma del Mellizo Barros Schelotto significan camisetas, prendedores o vinchas que Boca factura a través de una sociedad anónima. Con 275 licencias otorgadas, Boca Crece SA vendió sólo en el 2003 por unos 30 millones de pesos. Pero, desde el 30 de junio de ese año, ya operaba de modo irregular, según se desprende de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que firmó su titular, Ricardo Nissen. Los fundamentos de este fallo, que ha sido apelado por la compañía ante la Cámara Comercial, son básicamente dos: que una asociación civil sin fines de lucro como el club no puede controlar a una SA (posee hoy el 99 por ciento y no existe “la pluralidad sustancial de socios”, sostiene la IGJ) y que a Boca le está vedada la compra de acciones que implica asumir “los riesgos propios de una actividad mercantil”. Y, mucho menos, “la distribución de ganancias entre sus accionistas”.
El Fondo Común de Inversión que administró la Xeneize SA, el anteproyecto para que la quebrada ISL controlara los recursos del club, y ahora, el caso de la sociedad que maneja el merchandising, son todas ideas sacadas de una misma matriz. Se concibieron para hacer grandes negocios a expensas de Boca y con la marca de la institución como señuelo. Aquello que para la Comisión Directiva podría ser innovador, por lo general, la Inspección General de Justicia (IGJ) lo cuestiona. Incluso, desde la época en que estaban a su frente funcionarios designados por Carlos Menem, tan afín al ingeniero Mauricio Macri.
“La formación de sociedades anónimas controladas directamente o a través de gente amiga de la actual conducción del club no corresponde, no sólo desde el punto de vista legal, y como dictaminó la IGJ, sino desde la ética, ya que cada vez resulta menos transparente el manejo de todo lo que tiene relación con los ingresos que genera una de las marcas más importantes del país como es Boca...”, sostiene el contador Claudio Giardino, integrante de la Agrupación opositora La Bombonera.
La Comisión Directiva que ahora preside Pedro Pompilio fue apercibida por la IGJ por incumplir una de sus resoluciones y tuvo que notificarse de que “en ningún caso podrá mantener el carácter de controlante de la sociedad Boca Crece...”. A esta última le denegaron la inscripción de decisiones votadas en su asamblea extraordinaria del 17 de febrero de este año y le notificaron de que corre peligro de liquidación si no hace más creíble su paquete accionario. Su presidente es Orlando Salvestrini, quien además integra la conducción xeneize en condición de vocal titular.
En uno de los tramos de su resolución, Nissen afirma que la tenencia de acciones en la SA quedó establecida durante la última asamblea en “133.283 acciones de clase ‘A’ y 130.617 de clase ‘B’ de titularidad de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors, y 2666 acciones de clase ‘B’ correspondiente a la Asociación Mutual de ex Jugadores de Boca Juniors...”. En porcentajes esto significa que el 99 por ciento de Boca Crece le corresponde al club. Pero lo más llamativo es que, además de Salvestrini, figura Pompilio como vicepresidente de la SA. Jorge Aguilera y Francisco Minieri Saint Beat completan las autoridades como directores titulares.
Boca Crece se constituyó el 5 de noviembre de 1996 como BO-K SA y sus socios fundadores fueron Inversora de Eventos SA (IESA) –una empresa cautiva del grupo Clarín– y José María Sáenz Valiente. La licencia que se les otorgaba era por cinco años con opción por otro período igual. El 21 de abril de 1997 cambió su denominación por la actual y le donó al club el 50 por ciento de las acciones. Por entonces, IESA también adquiría miles de cuotapartes del Fondo Común de Inversión con el que se armaría aquel plantel que luego ganó todos los títulos bajo la conducción de Carlos Bianchi. O sea, la compañía vendía o compraba desde porciones de futbolistas a banderines o peluches con los colores azul y amarillo. Recién el 30 de junio de 2003, Boca pasó a ser el socio mayoritario y todos sus ingresos extrafutbolísticos se canalizaron por medio de la SA. Según la IGJ, esto “es contrario a la naturaleza de una asociación, siendo evidente que, con semejante participación, ésta ejercerá el comercio en forma indirecta, a través de una interpósita persona, cuya personalidad jurídica se encuentra totalmente diluida precisamente por el grado de participación que tiene la referida asociación civil en la compañía comercial”.
Macri ya no cuenta hoy con la invalorable colaboración de ministros de Justicia propensos a hacer cumplir sus deseos, como Elías Jassan y Raúl Granillo Ocampo, cuando la IGJ no le aprobaba el Fondo Común de Inversión y él sostenía en una presentación que “se rechazaba lo novedoso por ser tal y no por razones jurídicas concretas”. Adelantándose a todo, incluso al Derecho vigente, al ingeniero y sus colaboradores más íntimos los guía el afán de lucro que una sociedad civil como Boca no contiene en su estatuto. Al menos, hasta que no consiga modificar las leyes y tenga vía libre para hacer lo que le plazca. Su posibilidad de lograrlo será pronto, cuando ocupe una banca de diputado nacional en el Congreso.