“La Policía Federal hace lo que quiere”, define uno de los funcionarios sin uniforme que todos los miércoles se reúne para determinar cómo serán los operativos en los partidos de cada fin de semana. “Ellos ponen la calificación de alto riesgo o no, definen la cantidad de efectivos y hasta proponen ideas como la de que no vayan más los hinchas visitantes a las canchas”, agrega.
En efecto, el comisario Norberto Poggio sugirió estudiar esa medida que popularizó Raúl Gámez, el actual presidente de Vélez, hace un tiempo. Una alternativa que es cuestionada por el ex juez Víctor Perrota, aquel del amparo que mantuvo en vilo al fútbol entre 1998 y 1999 con un par de suspensiones. “En principio, no me parece bien impedirle a alguien ir a ver un partido. Aunque más disparatado es fletar micros para que viajen violentos como los de River y maten gente en una ruta”, argumenta quien ahora desarrolla su actividad como abogado desde un estudio que queda a la vuelta de la AFA.
Para la policía, la violencia que se esgrime con la excusa del fútbol nunca ha dejado de ser una hipótesis de conflicto menor comparada con otros hechos que deben prevenir o reprimir a diario. De ahí que la Federal, más allá del dinero que les reporta a sus efectivos la contratación de servicios adicionales, no les preste la suficiente atención a estos asuntos y sí a otros, como el caso de la fábrica Brukman. Además, inmersa como está en una interna de comisarios tendiente a posicionarse ante el próximo gobierno, que dos barras se intenten matar en plena ruta 9 no parece inquietarla demasiado. A menos que los cadáveres salgan fotografiados en las primeras planas de los diarios.