Con el marco de las tomas de obras del Fonavi sin estrenar en la Ciudad de Buenos Aires, punta de flecha de un conflicto postergado por todos los gobiernos desde hace décadas, vuelve a arder el tema de la vivienda de interés social. La situación se agrava en estos tiempos por la poca disponibilidad de espacio para construir y el gran valor que adquirió la tierra de muchas villas ubicadas en puntos estratégicos y neurálgicos de la Ciudad. El déficit creció un 200 por ciento en los últimos años, lo que significa aproximadamente unas 30 mil familias en emergencia habitacional en la Ciudad.

Con este veranito de reactivación, las villas crecen y el tema de los planes de vivienda de interés social volvió a la primera plana, no tanto por presión de los porteños como por la de los negocios urbanos. Desde la Comisión de Vivienda de la Sociedad Central de Arquitectos, un equipo conformado por Alberto Argüelles, Silvia Rudin de Amuchástegui, Marcial Zarazaga, Gustavo Bertot, Mabel Tosí, Susana Mosquera, Lidia Voloschin y Susana Abdala, volcaron en un documento lineamientos a implementar en el Instituto de la Vivienda, recientemente intervenido, para dar un vuelco a omisiones y falencias históricas. En el texto se resalta la ausencia de políticas de Estado sobre viviendas a largo plazo, por encima de coyunturas y ritmos electorales, y entendiendo la complejidad y necesidad de disponer de una mínima capacidad de gestión para resolver el problema sobre la base de créditos a la demanda y no a la oferta. También se marca la necesidad de evitar que los subsidios lleguen a un mercado que no los necesita, como el ABC1, como sucede a través de los bancos privados.

Esta política, dice la comisión, debe estar basada en recursos permanentes relacionados con la demanda efectiva y el producto bruto interno, debiéndose asignar los recursos en el presupuesto de cada año que fije el Congreso, cualitativa y cuantitativamente fundada en una política de equidad en la distribución del ingreso y no sobre la base de impuestos como sucede en la actualidad. El documento puntúa la necesidad de tratamiento del Estado nacional para que articule de manera eficiente los planes nacionales con los provinciales y los municipales. Opinan que se debe generar un fondo específico para avalar una política de largo plazo que dé respuesta a una producción de insumos industriales, al déficit habitacional y al de la actividad profesional que da la respuesta técnica a esas necesidades. Alberto Argüelles recalca la necesidad de entender la vivienda como un interés social, necesidad básica de todos.