Este miércoles se realizó una reunión entre asociaciones barriales y legisladores porteños en el lindo Salón Montevideo de la Legislatura. El tema eran las torres, el Plan Urbano Ambiental y, en general, el ambiente a far west que caracteriza la construcción en Buenos Aires. Fue un encuentro notable por la enorme irritación y dureza de los vecinos.

La reunión fue inaugurada por la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, que la definió con exactitud y economía: era contra la proliferación indiscriminada de edificios en la ciudad y para hacer que los vecinos sean escuchados por el gobierno porteño. Para la Asamblea, el rechazo al Plan Urbano Ambiental –criatura que goza del raro acrónimo de PUA– se basa en que es una excusa para no discutir ciertos temas e ignorar a los vecinos. “El PUA es un marco, del que puede derivar cualquier cosa. Si el Plan no es taxativo, las inmobiliarias pueden hacer lo que quieran”, explicaron desde la Asamblea.

Tienen absolutamente toda la razón, ya que si algo caracteriza al PUA es su cauta ambigüedad. Ya es sabido que el gobierno porteño es capaz de cualquier cosa con tal de no frenar las demoliciones de edificios patrimoniales y que frenar las torres simplemente no entra en su concepto de utopía. Pero en la reunión se señaló además que la misma Constitución de la ciudad autónoma le ordena hacer participar a los vecinos, por medio de mecanismos ignorados con minucia.

La Asamblea, en cambio, se expresó con claridad envidiable. Primero pidió que siguiera la veda de permisos de obra hasta fin de año. Luego que se frenara la “licuación” de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las torres, que funcionan de hecho como un construya ahora, pague después. Y también que se hiciera algo drástico y rápido para que nuestra ciudad no se quede sin tierras absorbentes, de modo que alguna inundación no se la lleve como al arca de Noé. Resulta que Buenos Aires tiene 240 hectáreas ferroviarias y 100 de otras entidades como el Mercado de Hacienda, que siguen básicamente abiertas al cielo y están marcadas como “urbanización futura”. Como mínimo, los asambleístas quieren que eso pase a ser “urbanización parque” y que se ordenen la preservación y reciclado de todos los edificios patrimoniales, con o sin transferencia al gobierno porteño.

Los demás vecinos que hablaron, a título personal o como voceros de grupos, denunciaron la industria de la venta de excepciones y permisos. Y todos se deshicieron en insultos hacia el ya famoso PUA: “pantalla para especuladores”, “engañoso”, “burdo”, “panfleto de burócratas”, “creador de una legalidad trucha”, “herramienta para que cualquier funcionario de cuarta le pase por encima a la ley”. Otro punto de amarga queja es el argumento de que el boom inmobiliario crea trabajo, lo que implícita o explícitamente aparece contrapuesto al derecho a vivir en un lugar que no envenene. Como señaló un vecino con precisión de cirujano –aunque resultó ser abogado– no se puede oponer un derecho a otro.

Los vecinos avisaron que no faltarán denuncias penales si el PUA alguna vez es sancionado. La legisladora Teresa de Anchorena, que preside la Comisión de Patrimonio, pidió hablar y explicó que en lo que a ella respecta el Plan no va a tener despacho jamás. Pero avisó que pocos legisladores les prestan realmente atención a estos temas, por lo que los vecinos tienen que ayudar a impulsar leyes que protejan los espacios públicos, el patrimonio edificado y el número total de habitantes de la ciudad.

Por el nivel de ferocidad de los vecinos, la Legislatura tal vez tenga que empezar a ponerse al día con estos asuntos. Raramente se ve tanta pasión en temas legales como el de esta gente que ve que se destruye su ciudad.