Si hay algo que no falta en esta tenue ciudad son los vivos. Por ejemplo, los que demolieron por sorpresa el viejo y deteriorado caserón de Bolívar 775/787, justo esquina Independencia. Resulta que la demolición fue hecha sin permiso, pero con una vueltita novedosa: no se cargaron el edificio sin tramitar autorización sino que lo demolieron después que se la negaron. Esta caradurez resulta ya deprimente.

La muy deteriorada casa de Bolívar e Independencia fue destruida el primero de mayo, aprovechando el feriado, por un equipo dirigido por un señor de agradable tonada cordobesa. Para el día siguiente al feriadísimo ya estaban retirando los últimos camiones de escombros y se notaba el apuro: excepto algunas puertas ni se habían molestado en desarmar el edificio para vender pinoteas, molduras y herrerías. De hecho, encima de los ladrillos rotos se veía una preciosa baranda toda torcida por los golpes de las palas mecánicas.

El cordobés explicó que a él le pagaban por trabajar y se encogió de hombros en el típico gesto de obediencia debida que cierta gente cree que la exime de responsabilidad. Al hombre no le llamaba la atención que le encargaran una destrucción tan rápida y en feriado. Para excusarse señalaba la “autorización” de obra, que resultaba un cartel hecho a mano, con printers, con un número de expediente de la Guardia de Auxilio.

Mónica Giglio, directora general de Interpretación Urbanística explicó cómo fue la avivada de la empresa, llamada Agrícola Bolívar SA. Como les negaron el permiso, los dueños llamaron a la Guardia de Auxilio y les señalaron el avanzado deterioro del predio. La Guardia dijo que sí, que era un desastre, y como hace siempre entregó un papel con el número de trámite. El trámite consiste en presentarse al lugar, pero los vivos agrícolas usaron el número como si fuera el de un expediente de demolición.

Giglio explica que en la Ciudad están dispuestos a usar todas las sanciones contra estos vivos. Primero, porque la demolición no sólo fue clandestina sino que fue explícitamente rechazada por el gobierno. Segundo, porque el edificio está en pleno Casco Histórico, dentro del APH 1 y con un grado de protección cautelar, lo que impide demolerlo. Y tercero porque al parecer lo demolieron para hacer una playa de estacionamiento, un uso explícitamente prohibido en el APH. Las sanciones serán multas, clausuras, prohibición de la playa y el permiso de construir apenas una fracción de lo demolido, como marca el Código.

No alcanza, por supuesto, para disuadir a los vivos. Es hora de que demoler el patrimonio sea un delito accionable con algo más que multas y límites a la obra nueva, por severos que sean.

Un detalle grato: Giglio dijo a m2 que se están reuniendo la Guardia de Auxilio y las direcciones de Interpretación Urbanística y de Fiscalización para coordinar qué hacer en estos casos y para consultarse mutuamente en temas de edificios patrimoniales. Francamente, están enojados con los vivos que llaman a uno a espaldas del otro.