Sábado, 15 de noviembre de 2008 | Hoy
Los funcionarios de Desarrollo Urbano se pelearon con los vecinos del Segurola. Pero los legisladores del PRO y el FPV le dan el gusto a IRSA. Y Schiavoni sigue las obras pese a que la Justicia le ordenó parar.
Por Sergio Kiernan
El Ministerio de Desarrollo Urbano ya está refinando eso de inventarle opositores al jefe de Gobierno, Mauricio Macri: no sólo impulsa obras rechazadísimas por los vecinos sino que hasta tiene funcionarios que van a los barrios a desafiarlos. Mientras tanto, la Corporación Sur sigue ilegalmente con las obras en el cine El Plata, pese a que la Justicia le ordenó detenerlas. Y la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura tuvo una reunión asombrosa, en la que estuvo hasta Diego Santilli, que no va nunca. La razón es que había que votarle el proyecto de mega-mega-mega-shopping a IRSA, pese a la furia evidente de los vecinos de Caballito presentes en la reunión.
Allá en Floresta hay un viejo barrio de pasajes nacido de un plan de vivienda popular de la década del veinte. Recientemente el barrio vio nacer hasta una asamblea, porque el gobierno porteño repartió unas comunicaciones avisando que lo habían incluido en el Plan Prioridad Peatón. Este plan, que ya puso en armas a San Telmo, consiste en realidad en peatonalizar cuadras y cuadras, lo que a los vecinos les pareció al principio algo perfectamente inútil en su barrio y rápidamente algo negativo. Los vecinos del Segurola hicieron su primera asamblea en la plaza Banderín y exigieron que el gobierno porteño se hiciera presente para explicar y escuchar. Este miércoles, en la Escuela Rosales de Mercedes y Magariños Cervantes, un nutrido grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano fue, habló, powerpointeó, medio que se hizo el guapo con los vecinos y tuvo que escuchar.
Básicamente, los funcionarios fueron representando a las direcciones generales de Coordinación Institucional y Comunitaria –encabezada por el arquitecto Hernán Vela– y de Proyectos Urbanos y Arquitectura –arquitecto Miguel Ortemberg–, ambas del Ministerio de Desarrollo Urbano. Por la primera estaba la coordinadora Fátima Micheo, que dirigió el encuentro y llamó la atención por afirmar de entrada que representaba al ministro Daniel Chain, por sus modos preceptivos y por su flor en la cabeza. La acompañaban Magdalena Gouguenheim y Matías Gil. Por Arquitectura estaban Daniela Bergaizer y Claudia Santaló, ambas arquitectas.
Lo primero que hicieron los funcionarios fue mostrar el ya ecuménico Power Point y luego comenzaron a hablar los vecinos. Todos se expresaron en contra de la nivelación de las veredas con las aceras, de los nuevos materiales y faroles, y hasta de los bancos. En resumen, les dijeron a los funcionarios que no quieren ni oír hablar del proyecto. Fue entonces que Micheo, persona a la que le gusta “coordinar” educando a los vecinos sobre el arte de la audiencia con frases como “hay que hablar y también que escuchar”, se mandó una histórica.
Parece que la reunión no iba como ella esperaba, por lo que con un tono bastante exasperado, la coordinadora dijo que no creía que todo el barrio estuviera en contra del proyecto. “Si todos están de acuerdo en rechazarlo”, desafió, “levanten las manos y nos vamos”. Y resultó que las únicas manos que no se alzaron fueron las de sus colegas de ministerio. El silencio fue notable.
Nadie esperaba realmente que Micheo se fuera –era una frase retórica–, pero el mal trago fue duro. La coordinadora tuvo que admitir que “no preguntamos a los vecinos lo que querían, este proyecto no surge del consenso con los vecinos” y que por eso se hacía la reunión, para consensuar. Los vecinos le dieron entonces un abc de política, explicando que ella estaba allí porque ellos la habían llamado, que el ministerio les había comunicado con volantes una obra como hecho consumado y que ellos sólo querían que se suspendiera la idea.
De hecho, el barrio les entregó a Micheo y sus colegas una lista de pedidos por escrito en el que exigen taxativamente que no se nivelen las veredas con las calzadas ni se cambie el equipamiento urbano. Lo que ellos quieren es mejor iluminación, bacheo, veredas reparadas, poda respetuosa de los árboles, reposición de carteles de calles y de tachos de basura, algunos semáforos en algunas esquinas peligrosas y créditos para restaurar fachadas de valor patrimonial. En resumen, que el gobierno haga el trabajo habitual, de cuidado urbano, municipal y aburrido, que se espera que haga lo que todavía es una municipalidad.
Los vecinos se vuelven a reunir este domingo a las once en la plaza Banderín, Camarones y Mercedes, para ver cómo sigue el tema y qué medidas tomar.
Mientras funcionarios como Micheo piantan votos, otros más senior como el misionero Humberto Schiavoni quiebran la ley abierta y francamente. Como se recordará, el viejo cine El Plata de la avenida Alberdi, en Mataderos, fue semidemolido sin que todavía se sepa en qué gestión. El cine fue comprado por el gobierno porteño a pedido de los vecinos para un centro cultural, artefacto escasísimo en esa zona porteña, y fue catalogado con el grado más alto posible por pedido del Ejecutivo. Pero alguien en la Corporación Buenos Aires Sur decidió que era mucho espacio para la cultura en Mataderos y que lo mejor era cargarse la parte de atrás para hacer un CGP.
Esta insensatez –un teatro es un edificio raro y caro, un CGP es un edificio común y corriente– hizo que los vecinos recurrieran a la Justicia porteña, que dictó un amparo para frenar las obras. Pero las obras continúan tan alevosamente que los vecinos hasta tienen un video para demostrar que la Corporación Sur quiebra la ley impunemente. Nada de esto parece importarle demasiado al presidente corporativo Schiavoni: ya fue ministro de Economía de Misiones y jefe de Gabinete del efímero gobierno Puerta en diciembre de 2001, con lo que la Justicia local no lo debe impresionar mucho.
Los vecinos, y en particular la Asociación de Amigos de la Avenida Alberdi y el Centro Comercial Alberdi, van este miércoles 19 a las 16 a la Comisión de Patrimonio de la Legislatura para ver qué se puede hacer para que Schiavoni obedezca la orden del juez. Y para dejar sentada su oposición al proyecto del diputado Cristian Ritondo (PRO) que busca darle una salida fácil a Schiavoni bajando el nivel de protección del cine. Lo que hace necesario recordar que hasta si Ritondo lo logra, Schiavoni ya está en orsay.
La desarrolladora IRSA quiere hacer un shopping enorme en plena Capital, sobre un terreno de casi tres manzanas sobre la avenida Avellaneda, pegadito a las vías. El proyecto incluye una torre de oficinas de 38 metros de altura y la constructora le pidió al gobierno porteño un convenio urbano para hacer esta obra como algo especial. Pues sucede que el Ejecutivo decidió, por razones ignotas, no hacer un convenio sino simplemente modificar la normativa para este terreno en particular, de modo que sea legal edificarle 156.000 metros cuadrados, o casi cinco Alto Palermos. Como se adelantó en m2 el sábado pasado, la Comisión de Planeamiento ya recibió un proyecto oficial y se sabía que tanto el PRO como el Frente para la Victoria lo apoyaban. Y, para que se vea que cuando quieren los políticos se mueven, resulta que ya lo aprobaron.
El martes se reunieron los diputados de Planeamiento y tuvieron, milagrosamente, asistencia casi perfecta (Teresa de Anchorena, de la CC, estaba ausente por un viaje). Allí estaban Silvina Pedreira, Cristian Asinelli y Alvaro González, del FPV, todos votando a favor de IRSA. También estaban Martín Ocampo, la diputada cartelera Silvia Majdalani, Carlos Araujo y nada menos que Diego Santilli, del PRO, también a favor. La solitaria resistencia fue de Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, que pide que se archive el proyecto.
También estaban, y furiosos, los vecinos del barrio representados por la Asamblea Popular del Cid Campeador, la Asociación Amigos del Patio de los Lecheros, la del Centro Aguafertes, la de la Playa de Cargas Caballito, la de Parque Centenario, Chirimay, el MIC, SOS Caballito y los Vecinos Agrupados de Caballito. Estos grupos están cerradamente en contra del shopping y piden que las manzanas de IRSA sean declaradas urbanización parque y que las 16 manzanas que tiene el Onabe sean un necesario parque, según un proyecto de Enrique Olivera y de Anchorena.
Un pedido que tendrán que seguir enarbolando en otros ámbitos, porque Planeamiento ya votó por el pronto despacho de la obra de IRSA.
Este miércoles, a las 18 y en el salón Intersecretarías de la Legislatura, es la reunión para presentar el Encuentro de Vecinos por la preservación del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. La iniciativa busca pedirle al gobierno porteño que se cambie el actual sistema de protección del patrimonio, en el que los edificios son catalogados de a uno, con doble lectura y meses de trabajo para cada caso. La propuesta es que se aprueben las leyes de 50 años y de Espacio Virtual que impulsa la diputada Teresa de Anchorena, y que se reglamente el régimen de penalidades que prepara la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Josefina Delgado.
La ley de 50 años simplemente invierte el proceso para la protección de edificios con cincuenta o más años. Con la ley, el que quiera demoler uno de ellos tendrá que hacer el trámite para desprotegerlo. Sin el trámite aprobado, no hay demolición ni obra nueva. La ley de espacio virtual permite a los que tengan su casa o edificio catalogados vender el potencial que no podrá ser construido por la catalogación. Así, el que viva en una casa de planta baja en una zona donde se pueden construir seis pisos, podrá vender la diferencia con un instrumento legal. Esos metros servirán para pagar excepciones o para construir en otras zonas de la ciudad. El régimen de faltas que se demora en el Ejecutivo busca solucionar el estado de impotencia en que se encuentra la Ciudad hoy a la hora de castigar a los que quiebran la ley. Por ejemplo, en el caso de la demolición ilegal de la casa de Bolívar e Independencia, que mostró que a la legislación actual le faltan dientes para morder.
El Encuentro agrega al temario del petitorio temas urgentes: que se dejen de levantar los adoquinados de la ciudad y que se prorrogue por un año la ley 2548, que vence en diciembre e impide las demoliciones en el perímetro del Paisaje Cultural. En la reunión van a hablar varios protagonistas de la protección del patrimonio: la diputada Teresa de Anchorena (Coalición Cívica), que preside la comisión de Patrimonio; su jefe de asesores, Facundo de Almeida; Santiago Pusso, de Basta de Demoler; Patricia Barral, de San Telmo Preserva; Mario Oybin, de S.O.S. Caballito; Enrique Speranza, de Asociación Comuna del Oeste-Floresta; Gustavo Desplats, de Protocomuna Caballito; Ignacio Fusilier, de Proteger Barracas; Carolina Maccione, de Proteger Devoto; Mónica Ruggiero, de Asociación de Amigos de la Estación Coghlan, y Dora Young, de Sociedad de Fomento de Belgrano. Para adherirse y firmar el petitorio hay dos maneras. Una es ir al sitio www.enterabuenosaires.com.ar. La otra es entrar a Facebook y buscar Defendamos Buenos Aires (http://apps.facebook.com/causes/134455?recruiter_id=18832928). En ambos casos, están los textos completos de las leyes y una explicación sumaria de cómo funcionarían.
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