El plan tan rentable para destruir la ciudad de La Plata alzando edificios en altura en su casco histórico –que allá es el casco fundacional– está generando un verdadero escándalo político. La reunión de vecinos del fin de semana pasado reunió a 150 personas frente al Teatro Argentino, que se constituyeron en el núcleo de una futura ONG por el patrimonio. El modo en que se aprobó la ordenanza que permite demoler todo también creó su escándalo. Como fue aprobada sobre tablas, sin debate ni estudios públicos, y como revierte completamente un sistema que baja las alturas en el centro, la movida huele a negocio. Los bloques de oposición están furibundos con uno de los ediles que entró al recinto y dio quórum para tratar el tema. Varios de sus colegas lo describen con lenguaje irreproducible como un idiota terminal, otros varios como un vivo excesivo, también en lenguaje no apto para la página.

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Mientras, en Ciudad Gótica, ya se nota la parálisis de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura porteña. El cuerpo sigue votando proyectos de patrimonio que llevan la firma de Teresa de Anchorena, que dejó la asamblea ya en diciembre. Y no hay nada más que tratar, porque la comisión todavía no envió ni un proyecto en lo que va del año. Nada, zilch, niets. Lo que hace muy felices a enemigos del patrimonio como Silvina Pedreira y Alvaro Gómez, de la Comisión de Planeamiento, claramente dedicada a representar a los intereses económicos de los depredadores y no al pueblo porteño que los votó. Lo mismo que hace el Ejecutivo porteño desde la Dirección General de Interpretación Urbanística, obviamente a cargo de un gran actor. Resulta que ese ente tiene el encargo de girar a la Legislatura los expedientes que el CAAP –el Consejo Asesor en Asuntos de Patrimonio– considere a preservar. Ya son más de 600, pero la Dirección General se hace la sueca y no envió siquiera uno. El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, ya se interesó en el asunto y va a preguntarle al Ejecutivo las razones de la larga siesta de su director general cuando se trata de patrimonio.